Comité de la Regla Fiscal pide poner en cintura los niveles de deuda de la nación

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) publicó este lunes un pronunciamiento en el que hace un llamado urgente para que se ponga a raya la deuda de la nación, pues ya se están alcanzando niveles que podrían ser insostenibles.

Puntualmente, el comité señaló que “las finanzas públicas están al límite”, afirmación que acompañó con el dato de que $3 de cada $10 pesos recaudados este año serán para el pago de intereses. Una vez más, el CARF hizo un llamado para que se reduzca la deuda, en línea con lo previsto en la regla fiscal.

“Los niveles de déficit fiscal que se observan siguen siendo muy altos. La ley definió una transición para que el gobierno consolidara las finanzas públicas con posterioridad a la pandemia. El período de transición debe servir para reducir el déficit y la deuda a los niveles considerados sostenibles. Por esto, los presupuestos programados en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)  y en el Presupuesto General de la Nación (PGN) deben ser consistentes con la regla fiscal”, manifestó el comité.

Sin embargo, también señala que el escenario fiscal y presupuestal en 2022 y 2023 se ha visto y se verá beneficiado por un recaudo superior al esperado, esto por cuenta de la recuperación de la economía (que ha compensado el golpe que ha significado la inflación), así como  de una mayor causación de intereses. Sin contar con los aportes que pueda significar la eventual aprobación de la reforma tributaria.

Más allá de esto, el CARF cree que es riesgoso aumentar la necesidad de financiamiento de la nación, ya que los déficit fistacales programados para el Gobierno Nacional Central, así como los generados por el Fondo para la Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), requerirán el mayor monto  financiar en la historia de Colombia.

Lea también: Contraloría advierte que la deuda pública alcanzó el 74,3 % del PIB en 2021

“La inflexibilidad del gasto ha hecho difícil realizar ajustes fiscales en el pasado que mejoren la asignación del gasto público. Ante los elevados niveles de déficit y de financiamiento requeridos, resulta imperativo que el Gobierno y el Congreso adelanten una agenda para hacer más eficiente el gasto y viable el ajuste fiscal. En particular, se recomienda al gobierno promover una agenda legislativa y regulatoria que busque reestructurar el gasto público, para flexibilizarlo. Resalta la indexación a los ingresos de partidas dirigidas al Sistema General de Participaciones, ICBF, SENA; el monto de las vigencias futuras; y sectores de gasto con múltiples ejecutores, por ejemplo, el de infraestructura vial, que recibe asignaciones a través de DPS, INVIAS, ANI y el Fondo de Adaptación”, añadió el comité.

Otro signo de alarma es que el gobierno está usando todo el ahorro externo que logra absorber la economía, además de que genera el sector privado. Esto se mitigará si se cumple con la regla fiscal, pues se reducirá el desbalance externo y se dará espacio para que el sector privado mejores sus condiciones para generar empleo e inversión.

También se refirió al FEPC, al decir que no es sostenible seguir pagando, con recursos públicos, la mitad de cada galón de gasolina y ACPM que se consume en el país.

“Un subsidio a los combustibles de cerca de COP 40 billones anuales es insostenible. El CARF considera muy importante empezar a disminuir el ritmo de acumulación del déficit del Fondo de estabilización de precios de los combustibles (FEPC), a partir del mes de octubre, como lo ha anunciado el Gobierno. El éxito de esta medida dependerá en que se avance en la reducción de los diferenciales de precios, que hoy estarían entre 6-8 mil pesos para la gasolina y entre 10-12 mil pesos para el ACPM”, precisó.

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Sus previsiones apuntan a que, de continuar, el FEPC podría alcanzar un déficit de US$38 billones en 2022, de los cuales el gobierno ya ha cancelado $6,3 billones, correspondientes al primer trimestre del año. “El escenario fiscal actual incluye una partida en 2023, por COP 19,6 billones para el FEPC. Harían falta programar COP 12,1 billones en 2023 para cubrir el déficit causado en 2022″,detalló.

“El CARF reitera la recomendación realizada al CONFIS, desde julio de 2022, para que el Gobierno cambie la metodología de estadísticas de finanzas públicas e incluya de forma contemporánea el balance del FEPC en el balance del Gobierno Nacional Central. De esta forma se conocerá de forma más transparente y oportuna el estado de las finanzas públicas. La información del balance del FEPC debería, además, registrarse en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) con una periodicidad al menos trimestral”, añadió.

Si se hace este cambio, el CARF cree que el déficit del país en 2022 sería del 7,3 % sobre su PIB (y no del 5,6 %, como se calcula en la medición actual). También se cree que lo restante para pagar lo que cause el FEPC en 2023 sería de $4,3.

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El comité también precisó que “las deudas acumuladas del FEPC están poniendo presión sobre las finanzas de Ecopetrol. La empresa contabiliza sus ingresos según la metodología de causación, a la que obliga el estándar de mercado al que está sujeto. No obstante, liquida impuesto de renta y dividendos a la nación sobre ingresos de caja que no ha recibido en su totalidad. La disminución del déficit del FEPC mediante los incrementos de los precios de los combustibles anunciados por el Gobierno y la normalización de la deuda del Fondo con Ecopetrol, contribuirán positivamente a la situación financiera de la empresa”.

Ante todo este panorama, el comité recomienda al Gobierno de Gustavo Petro revisar a fondo la política de combustibles para hacerla sostenible en el mediano plazo. Además, considera necesario que se realice un debate público sobre los siguientes temas: (a) la pertinencia de la política de estabilización de precios de los combustibles fósiles en un contexto de transición energética, (b) a qué tipo de combustible debería aplicar la política de estabilización, (c) en qué momentos y para qué poblaciones sería necesaria una política de estabilización de precios de combustibles, (d) cuál será la restricción presupuestal para esta política, y (e) los mecanismos de compensación que pueden ser implementados para compensar a la población objetivo, de una manera en que se obtenga una mejor focalización.

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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) publicó este lunes un pronunciamiento en el que hace un llamado urgente para que se ponga a raya la deuda de la nación, pues ya se están alcanzando niveles que podrían ser insostenibles.

Puntualmente, el comité señaló que “las finanzas públicas están al límite”, afirmación que acompañó con el dato de que $3 de cada $10 pesos recaudados este año serán para el pago de intereses. Una vez más, el CARF hizo un llamado para que se reduzca la deuda, en línea con lo previsto en la regla fiscal.

“Los niveles de déficit fiscal que se observan siguen siendo muy altos. La ley definió una transición para que el gobierno consolidara las finanzas públicas con posterioridad a la pandemia. El período de transición debe servir para reducir el déficit y la deuda a los niveles considerados sostenibles. Por esto, los presupuestos programados en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)  y en el Presupuesto General de la Nación (PGN) deben ser consistentes con la regla fiscal”, manifestó el comité.

Sin embargo, también señala que el escenario fiscal y presupuestal en 2022 y 2023 se ha visto y se verá beneficiado por un recaudo superior al esperado, esto por cuenta de la recuperación de la economía (que ha compensado el golpe que ha significado la inflación), así como  de una mayor causación de intereses. Sin contar con los aportes que pueda significar la eventual aprobación de la reforma tributaria.

Más allá de esto, el CARF cree que es riesgoso aumentar la necesidad de financiamiento de la nación, ya que los déficit fistacales programados para el Gobierno Nacional Central, así como los generados por el Fondo para la Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), requerirán el mayor monto  financiar en la historia de Colombia.

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“La inflexibilidad del gasto ha hecho difícil realizar ajustes fiscales en el pasado que mejoren la asignación del gasto público. Ante los elevados niveles de déficit y de financiamiento requeridos, resulta imperativo que el Gobierno y el Congreso adelanten una agenda para hacer más eficiente el gasto y viable el ajuste fiscal. En particular, se recomienda al gobierno promover una agenda legislativa y regulatoria que busque reestructurar el gasto público, para flexibilizarlo. Resalta la indexación a los ingresos de partidas dirigidas al Sistema General de Participaciones, ICBF, SENA; el monto de las vigencias futuras; y sectores de gasto con múltiples ejecutores, por ejemplo, el de infraestructura vial, que recibe asignaciones a través de DPS, INVIAS, ANI y el Fondo de Adaptación”, añadió el comité.

Otro signo de alarma es que el gobierno está usando todo el ahorro externo que logra absorber la economía, además de que genera el sector privado. Esto se mitigará si se cumple con la regla fiscal, pues se reducirá el desbalance externo y se dará espacio para que el sector privado mejores sus condiciones para generar empleo e inversión.

También se refirió al FEPC, al decir que no es sostenible seguir pagando, con recursos públicos, la mitad de cada galón de gasolina y ACPM que se consume en el país.

“Un subsidio a los combustibles de cerca de COP 40 billones anuales es insostenible. El CARF considera muy importante empezar a disminuir el ritmo de acumulación del déficit del Fondo de estabilización de precios de los combustibles (FEPC), a partir del mes de octubre, como lo ha anunciado el Gobierno. El éxito de esta medida dependerá en que se avance en la reducción de los diferenciales de precios, que hoy estarían entre 6-8 mil pesos para la gasolina y entre 10-12 mil pesos para el ACPM”, precisó.

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Sus previsiones apuntan a que, de continuar, el FEPC podría alcanzar un déficit de US$38 billones en 2022, de los cuales el gobierno ya ha cancelado $6,3 billones, correspondientes al primer trimestre del año. “El escenario fiscal actual incluye una partida en 2023, por COP 19,6 billones para el FEPC. Harían falta programar COP 12,1 billones en 2023 para cubrir el déficit causado en 2022″,detalló.

“El CARF reitera la recomendación realizada al CONFIS, desde julio de 2022, para que el Gobierno cambie la metodología de estadísticas de finanzas públicas e incluya de forma contemporánea el balance del FEPC en el balance del Gobierno Nacional Central. De esta forma se conocerá de forma más transparente y oportuna el estado de las finanzas públicas. La información del balance del FEPC debería, además, registrarse en el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) con una periodicidad al menos trimestral”, añadió.

Si se hace este cambio, el CARF cree que el déficit del país en 2022 sería del 7,3 % sobre su PIB (y no del 5,6 %, como se calcula en la medición actual). También se cree que lo restante para pagar lo que cause el FEPC en 2023 sería de $4,3.

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El comité también precisó que “las deudas acumuladas del FEPC están poniendo presión sobre las finanzas de Ecopetrol. La empresa contabiliza sus ingresos según la metodología de causación, a la que obliga el estándar de mercado al que está sujeto. No obstante, liquida impuesto de renta y dividendos a la nación sobre ingresos de caja que no ha recibido en su totalidad. La disminución del déficit del FEPC mediante los incrementos de los precios de los combustibles anunciados por el Gobierno y la normalización de la deuda del Fondo con Ecopetrol, contribuirán positivamente a la situación financiera de la empresa”.

Ante todo este panorama, el comité recomienda al Gobierno de Gustavo Petro revisar a fondo la política de combustibles para hacerla sostenible en el mediano plazo. Además, considera necesario que se realice un debate público sobre los siguientes temas: (a) la pertinencia de la política de estabilización de precios de los combustibles fósiles en un contexto de transición energética, (b) a qué tipo de combustible debería aplicar la política de estabilización, (c) en qué momentos y para qué poblaciones sería necesaria una política de estabilización de precios de combustibles, (d) cuál será la restricción presupuestal para esta política, y (e) los mecanismos de compensación que pueden ser implementados para compensar a la población objetivo, de una manera en que se obtenga una mejor focalización.

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