Comité de la Regla Fiscal ve con buenos ojos aumentos en precios de la gasolina

Aunque impopular, el aumento en los precios de la gasolina es una medida sensata, desde el punto de vista de la salud de las finanzas públicas.

Esta es la visión que tienen, entre otros actores, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que este martes emitió un pronunciamiento sobre este tema.

Lea también: Identifican cinco riesgos que podrían elevar el costo de la reforma a la salud

En el documento, el Comité “considera apropiado que el Gobierno Nacional continúe en su esfuerzo por reducir el diferencial entre el precio de referencia de la gasolina y su precio regulado. Esto permitirá la reducción del déficit del FEPC de COP 36 billones en 2022, a cerca de COP 26 billones en 2023, cifra que sigue siendo muy elevada para las finanzas de la Nación y que debe seguir corrigiéndose”, según se lee en el documento.

El Gobierno lleva varios meses empujando los precios de la gasolina corriente y extra hacia arriba, con el ánimo de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Hasta el momento, los precios del ACPM no se han tocado, pero esta decisión podría ser revisada para mediados de este año, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con esta cartera, lo ideal sería llevar los precios hacia el umbral de $16.000 por galón en el término de año y medio.

Para el CARF, “los subsidios a los combustibles fósiles son en la actualidad el programa de subsidios más costoso a cargo de la Nación y más que duplican la totalidad de las trasferencias directas a los hogares en el país, además de ser regresivos”. Y agregó: “Reversar o suspender la política de corrección de precios no sólo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del plan financiero y el cumplimiento de la regla fiscal, sino que desviaría recursos fiscales desde otros programas sociales y de infraestructura, al pago de estos subsidios”.

Lea también: ¿El gobierno podrá bajar la gasolina sin afectar las finanzas públicas?

Para este punto, el Gobierno sostendrá una serie de mesas técnicas con el fin de reevaluar qué se puede hacer para modificar la fórmula con la que se calculan los precios de la gasolina.

Esto a raíz de una suerte de enfrentamiento entre las carteras de Hacienda y Minas: la primera sostiene que los precios deben seguir subiendo para cubrir el déficit del FEPC, mientras que el segundo, en cabeza de la ministra Irene Vélez, sugirió dividir la fórmula entre precios nacionales e internacionales de la gasolina. Esto, a la larga, haría que Ecopetrol terminara poniendo la diferencia entre el umbral de costos nacionales y los internacionales.

Sobre este tema, el CARF también se pronunció al decir que “valorar los combustibles por debajo de su precio internacional no es la solución para el déficit del FEPC, y que, por el contrario, perjudica a la Nación y a Ecopetrol. Cualquier desviación entre el precio regulado y el precio internacional será asumida por el Gobierno Nacional, de una forma u otra, sin importar la forma en que se contabilice”.

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Aunque impopular, el aumento en los precios de la gasolina es una medida sensata, desde el punto de vista de la salud de las finanzas públicas.

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En el documento, el Comité “considera apropiado que el Gobierno Nacional continúe en su esfuerzo por reducir el diferencial entre el precio de referencia de la gasolina y su precio regulado. Esto permitirá la reducción del déficit del FEPC de COP 36 billones en 2022, a cerca de COP 26 billones en 2023, cifra que sigue siendo muy elevada para las finanzas de la Nación y que debe seguir corrigiéndose”, según se lee en el documento.

El Gobierno lleva varios meses empujando los precios de la gasolina corriente y extra hacia arriba, con el ánimo de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Hasta el momento, los precios del ACPM no se han tocado, pero esta decisión podría ser revisada para mediados de este año, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con esta cartera, lo ideal sería llevar los precios hacia el umbral de $16.000 por galón en el término de año y medio.

Para el CARF, “los subsidios a los combustibles fósiles son en la actualidad el programa de subsidios más costoso a cargo de la Nación y más que duplican la totalidad de las trasferencias directas a los hogares en el país, además de ser regresivos”. Y agregó: “Reversar o suspender la política de corrección de precios no sólo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del plan financiero y el cumplimiento de la regla fiscal, sino que desviaría recursos fiscales desde otros programas sociales y de infraestructura, al pago de estos subsidios”.

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Para este punto, el Gobierno sostendrá una serie de mesas técnicas con el fin de reevaluar qué se puede hacer para modificar la fórmula con la que se calculan los precios de la gasolina.

Esto a raíz de una suerte de enfrentamiento entre las carteras de Hacienda y Minas: la primera sostiene que los precios deben seguir subiendo para cubrir el déficit del FEPC, mientras que el segundo, en cabeza de la ministra Irene Vélez, sugirió dividir la fórmula entre precios nacionales e internacionales de la gasolina. Esto, a la larga, haría que Ecopetrol terminara poniendo la diferencia entre el umbral de costos nacionales y los internacionales.

Sobre este tema, el CARF también se pronunció al decir que “valorar los combustibles por debajo de su precio internacional no es la solución para el déficit del FEPC, y que, por el contrario, perjudica a la Nación y a Ecopetrol. Cualquier desviación entre el precio regulado y el precio internacional será asumida por el Gobierno Nacional, de una forma u otra, sin importar la forma en que se contabilice”.

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