Cómo impulsar la reactivación económica y la creación de empleo

Si la vacunación y la dinámica de la economía en general continúan acelerando, el crecimiento del PIB para este año puede traer sorpresas positivas en el segundo año de la pandemia.

Si la vacunación y la dinámica de la economía en general continúan acelerando, el crecimiento del PIB para este año puede traer sorpresas positivas en el segundo año de la pandemia.

Sin embargo, uno de los riesgos más presentes e inmediatos es que a la economía puede que le vaya bien en 2021, pero al empleo no tanto. Y en esta paradoja se juega el bienestar real de millones de personas, justo en un momento de enorme agitación social, con elecciones en el horizonte y con un futuro que aún carga una porción nada despreciable de la incertidumbre introducida por el COVID-19.

La problemática ha sido identificada por centros de análisis, como Fedesarrollo, que este mes actualizó sus pronósticos de crecimiento del PIB para 2021 (de 4,8 7,2 %), a la vez que lanzó esta advertencia: “Existe un riesgo importante relacionado con que la economía tenga un año de crecimiento económico excepcional sin una reducción sustancial en la tasa de desempleo. Para evitar este riesgo es fundamental ejecutar un plan de choque de generación de empleo durante la segunda mitad del año que permita tener tasas de desempleo por debajo del 12 % al final del año”, advirtió en su momento Luis Fernando Mejía, director de esta institución.

Para abril, el dato más reciente publicado por el DANE, el desempleo se ubicó en 15,1 %, una cifra menor al 19,8 % registrado en el mismo mes de 2020, pero aún lejos del 10,3 % de abril de 2019 (antes de la pandemia).

Vale la pena aclarar que la reactivación sigue teniendo comportamientos que no benefician a hombres y mujeres por igual. De los 3,9 millones de personas que consiguieron trabajo, 2,2 millones son hombres y 1,7 millones, mujeres. “Esto implica que por cada cuatro hombres que recuperaron su trabajo, solo tres mujeres lograron ese resultado”, señaló Oviedo en su momento. Y en cuanto a desempleo, de las 456.000 personas menos en el desempleo, 410.000 son hombres y apenas 46.000, mujeres. “Por cada 10 hombres que salieron del desempleo, solo una mujer pudo hacerlo”, agregó el director del DANE durante la presentación de los datos de abril.

Por esto, los términos reactivación económica y creación de empleo son sinónimos casi obligados en la mirada pandémica del mundo. Por ejemplo, el Conpes de reactivación de la economía nacional (que fue aprobado en febrero de este año) propone inversiones y estrategias para crear unos dos millones de puestos de trabajo (con recursos por el orden de $95,2 billones) a través de 291 proyectos (en un horizonte de ejecución que llega a seis años).

Pero, además de inversiones y construcción de infraestructura, por ejemplo, el escenario laboral está atravesado por consideraciones sociales no solo macroeconómicas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido que la reactivación debe llevar una carga de profundidad en este sentido: “El camino hacia la recuperación parece estar abierto. Pero cualquier evaluación de las perspectivas futuras debe ser puesto en el contexto más específico, es decir, humano. Hay altos niveles de incertidumbre y riesgo, principalmente con respecto a la trayectoria futura de la pandemia. Las anteriores expectativas de recuperación se han visto frustradas por nuevas oleadas de infección. La existencia y la aplicación de vacunas es la razón por la que las cosas deberían ser diferentes esta vez, a pesar de preocupaciones sobre la efectividad de la vacuna”.

Y es desde esta perspectiva que se deben leer las recientes modificaciones laborales que fueron aprobadas por el Congreso de la República en temas como la reducción de la jornada laboral, la licencia de paternidad compartida y la regulación del trabajo remoto.

Para Iván Daniel Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la U. del Rosario, “la creación de empleo está ligada a la recuperación económica, de forma que las leyes procuran adscribir el empleo a los estándares de trabajo decente como modelo de regulación universal”. La pandemia, con todas sus transformaciones y complejidades, aceleró los “cambios en automatización y robotización al tiempo de profundizar brechas en materia laboral”, por lo que no resulta extraño que sea justo en este tiempo de crisis que se impulse una legislación en materia laboral.

De manera general, un informe del Observatorio Laboral y la Alianza EFI muestra como positivas las tres modificaciones laborales que fueron aprobadas en la reciente legislatura. Puntualmente, Jaramillo señala que “las leyes son un sistema de corrección social para invertir las desventajas de grupos vulnerables y estimular la reactivación en clave trabajo decente”. El documento fue elaborado por Paúl Rodríguez, Diana Londoño, Andrés García-Suaza y el propio Jaramillo.

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Reducción de la jornada laboral

Quizás el proyecto más sonado de los tres, y que ha atraído mayores críticas por parte de los empresarios (y que no goza con una opinión positiva en el Gobierno). En pocas palabras, la iniciativa establece un nuevo límite a la jornada laboral de 42 horas (actualmente es de 48), que se implementará de forma progresiva a lo largo de cinco años.

Los investigadores ven la iniciativa como un paso positivo en la línea de poner al país a tono con los parámetros de la OIT, que indican una jornada laboral de 40 horas. También “determina la compensación de la demanda de formación constante para los trabajadores habilitando espacios de equilibro de las cargas familiares y personales con las obligaciones laborales”.

Pero, al mismo tiempo, el informe muestra como negativo que se le quiten al trabajador elementos ya adquiridos, como el Día de la Familia y las dos horas de la jornada laboral que un empleado (de una empresa con más de 50 trabajadores) podía dedicar a actividades “recreativas, culturales, deportivas o de capacitación”.

Licencia de paternidad

Esta iniciativa aumenta la licencia de paternidad a, mínimo, dos semanas a partir de su entrada en vigencia (el proyecto está pendiente de sanción presidencial). De forma gradual, y dependiendo de si hay reducciones en el desempleo nacional, la licencia podrá llegar a cinco semanas.

Los investigadores laborales concluyen que este proyecto “constituye una iniciativa que promueve la inversión del patrón machista de cuidado de recién nacidos, así como la remoción de barreras para alcanzar el postulado de igualdad constitucional en el mundo laboral imputando el catálogo de derechos y deberes a padres y madres que contribuye a la superación de estigmas que derivan del esquema de protección a la maternidad”.

Trabajo remoto

El último de los proyectos laborales tiene que ver con la reglamentación del trabajo remoto, que se suma a las otras modalidades de laborar por fuera de la oficina, sobre las que ya se ha legislado en Colombia (teletrabajo, principalmente).

La iniciativa prevé “un auxilio de conexión por el cual el empleador debe poner a disposición del trabajador remoto las herramientas tecnológicas, instrumentos, equipos, conexiones, programas, valor de la energía e internet y/o tecnología que convendría ser complementada con la protección de la ciberseguridad y protección de datos e información”, dice el informe de la U. del Rosario y la Alianza.

El documento agrega que “el artículo 18 del proyecto de ley incluye un derecho de desconexión que conviene ser complementado con garantías de oposición para la efectividad del derecho a la desconexión y espacios de participación de los trabajadores (as) en la determinación de la soberanía de los tiempos de trabajo para el equilibrio de las cargas de cuidado en el ámbito del trabajo remoto”.

Como ya se dijo, la reactivación debe ir de la mano de la creación de empleo, si se busca hacerles frente a las consecuencias sociales que ha traído la pandemia (y que animaron las mayores manifestaciones ciudadanas de los últimos años).

Para lograr este fin, Jaramillo dice que “es deseable incluir un sistema de políticas pasivas (auxilio de desempleo) que conecte y condicione con políticas activas (servicio público de empleo) para promover la recuperación de los niveles de empleabilidad en la formalidad y disminuir el tránsito a la informalidad en la recuperación de ocupaciones más que trabajos”.