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La lluvia de ideas que tuvo en cuenta el gobierno del presidente Gustavo Petro para apagar el incendio desatado por la disparada del costo de la electricidad terminó con unas medidas que comenzarán a verse reflejadas en la facturación de noviembre, aunque no de manera contundente.
Terminando la semana, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez; la viceministra, Belizza Ruiz, y representantes de los gremios eléctricos acordaron unas acciones que tendrán efecto entre cinco y doce meses, aunque se espera que en noviembre se den los primeros alivios en la carga de los consumidores colombianos, especialmente entre los habitantes de la región Caribe.
La primera propuesta, proyectada a 12 meses, busca “aliviar la carga de los comercializadores, que son los que recaudan el dinero de las tarifas, permitiéndoles el diferimiento de, al menos, el 20 % de las obligaciones desde septiembre hasta diciembre de 2022 con los generadores, transmisores y distribuidores, cuyo periodo para pagar los dineros diferidos es de 18 meses”.
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Se renegociarán los contratos del mercado regulado entre comercializadores y generadores, incluyendo la modificación de tiempos de pago y los periodos de consumo en doce meses. Otra medida que entrará en vigor en cinco meses se encamina a optimizar la operación de las termoeléctricas.
También fue acordado que se determinará el porcentaje de variación de la opción tarifaria para el primer mes después de que se apruebe la resolución y se definirá la tasa de crecimiento de la opción tarifaria, que antes no podía ser inferior a 0,6 en un valor igual a 0 o negativo. Se ajustarán los cargos de distribución y transmisión con el Índice de Precios al Productor (IPP) de diciembre de 2020. Estos valores se traen a la actualidad y podrán variar con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Una vez se defina un indicador del sector, los cargos se van a actualizar con la menor variación entre el IPC, el IPP o un valor que presenten los operadores. Estos tendrán un plazo de cinco días hábiles para informar a la CREG que aceptan los ajustes.
Cuando se deflactan (se corrigen las variaciones de una magnitud) el IPP y el IPC entre transmisión y distribución, puede haber un alivio en las tarifas cercano al 16 % comparado con las cifras actuales. También entre los generadores deberá presentarse una reducción por el ajuste de los precios.
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El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, explicó que el anuncio del Gobierno Nacional en cabeza de la ministra de Minas y Energía es valioso desde varios puntos de vista.
En primer lugar “se hacen ajustes en el marco institucional que conoce y aprecia el sector, las empresas y los inversionistas”, además “los ajustes en los contratos de energía se dan en un espacio regulatorio para llegar a acuerdos entre generadores y comercializadores, en beneficio de los usuarios”.
Explica el presidente de Andeg que, “en cuanto al tema de restricciones, se debe hacer una evaluación permanente de la medida transitoria, a fin de poder ajustar la medida en caso de que no cumplan con el objetivo”.
Lo cierto es que las tarifas no van a bajar lo suficiente. De las tres medidas, sólo dos funcionan parcialmente. Hay varios temas que aún no se corrigen. Se espera un alivio a partir de noviembre por temas procedimentales. No hay soluciones de fondo ni permanentes, son las conclusiones de expertos después de conocer las propuestas anunciadas por el gobierno del presidente Petro.
La inquietud que ronda entre autoridades eléctricas del Gobierno es por qué el costo de la electricidad se ha elevado entre el 25 % y el 41 % a pesar del buen nivel que muestran los embalses del país. La mayor queja viene de los habitantes de la región Caribe.
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Contrario a lo que se venía anunciando desde la administración Petro, las autoridades energéticas tienen poco espacio para actuar. Inclinar la balanza para cualquiera de los extremos es peligroso. Se puede dar la situación que, pasada esta coyuntura internacional, las tarifas eléctricas se disparen o que se desestimulen nuevas inversiones, con peligro de que el sector tienda a apagarse. El anuncio de las intervenciones a los entes reguladores suena bien para el aplauso, pero no para la estabilidad del negocio, que se ha traducido en un servicio confiable, salvo en la costa Caribe, donde se concentran todos los problemas.
“Estamos decididos a lograr una rebaja en la tarifa de energía eléctrica”, dijo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, tras las declaraciones del presidente Petro en ese sentido en el congreso de Andesco. “Tenemos un amplio marco legal”, reiteró la funcionaria en su cuenta de Twitter. “La regulación será modificada en beneficio de los usuarios”, advirtió.
Advertencia de expertos
Antes de conocerse las decisiones, en redes sociales el exministro de Minas y Energía y de Hacienda Juan Camilo Restrepo había advertido que, “intervenir a la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y pasarle esas responsabilidades al Ministerio de Minas ni contribuye a bajar tarifas eléctricas, ni le agrega calidad técnica a la fijación de tarifas, ni le agrega un solo peso a un problema que está asociado a la inflación”.
Por su parte, la firma calificadora Fitch Ratings alertó sobre que una posible intervención del gobierno en los entes reguladores del sector eléctrico “podría debilitar los perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos colombianas”.
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La calificadora de riesgo recuerda que “en respuesta a la presión externa, incluso del presidente Gustavo Petro…”, el Ministerio de Minas y Energía “ha propuesto diferentes alternativas para frenar las presiones inflacionarias sobre los usuarios finales”. Estas tienen que ver “con el uso del índice de precios al productor (IPP) o IPC más bajo como base para determinar las tarifas eléctricas en el corto plazo, y la creación de un indexador específico para el sector eléctrico en el mediano plazo”.
La primera alerta sobre el alza de la electricidad en el país la lanzó la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía). Desde mayo de este año, la presidenta del gremio, Sandra Fonseca, había pedido al Ministerio de Minas y Energía, a la CREG y a la superintendencia de Servicios públicos, “tomar medidas que controlen el alza de los precios de la energía en Colombia”.
Las autoridades energéticas del momento no tomaron en serio las denuncias de Asoenergía. El gremio explicó que “…el alza en las tarifas está afectando el nivel de los subsidios que el Gobierno Nacional entrega a las familias y, de acuerdo con la creciente situación inflacionaria, afecta de manera directa indicadores que en la actualidad son indexadores de las tarifas eléctricas”. La situación denunciada no fue advertida por la comisión de empalme de la administración Petro.
En un debate en el Congreso de la República la ministra de Minas y Energía ya había hablado de un “Pacto por la Justicia Tarifaria” que involucre a los diferentes actores del sector eléctrico.
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Una de las acciones inmediatas de la ministra Vélez fue convocar a una reunión urgente a los miembros de la CREG. Ya no se estaba hablando de intervención, sino de crear “un marco regulatorio nuevo”.
La viceministra de Energía, Belizza Ruiz, también se reunió con los diferentes gremios y empresas del sector “…para tomar medidas que permitan bajar las tarifas de la energía. En el corto plazo, proponemos modificar el indicador que afecta a todos sus componentes y lograr reducción real en la tarifa”.
Explicó que “en el largo plazo, vamos a crear un indicador para la definición de la tarifa de energía, que analice de manera específica las diferentes fuentes de generación: hídrica, térmica, eólica o solar que permitan bajar los costos de la energía en Colombia”.
Para Jorge Valencia, director de la CREG, es importante tomar acciones concretas para contrarrestar el efecto inflacionario sobre las tarifas eléctricas. “Hemos venido analizando con los ministeriod de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público otras alternativas que se pueden tomar desde la política pública para resolver los temas que se han señalado relacionados con los incrementos tarifarios y las deudas acumuladas por los usuarios”.
Propuestas y propuestas
Andeg y Acolgen habían propuesto la financiación de una proporción de los componentes de la tarifa correspondientes a generación (G) y limitar temporalmente el incremento esperado del IPP en los contratos de compras de energía a un porcentaje máximo.
Por su parte, los agentes transmisores ofrecieron para el corto plazo la financiación de una proporción de las componentes de la tarifa correspondientes a transmisión (T). Igualmente, la revisión y análisis de impactos sobre la modificación de los indexadores en todos los componentes de la fórmula tarifaria, con el fin de definir si es adecuado o no su replanteamiento.
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También consideraron analizar el tema de las pérdidas (entendiendo que este es el componente que más ha crecido en la región Caribe) y también las restricciones.
Desde el Congreso de la República llovieron ideas. Algunos legisladores hablaron de imponer una sobretasa a las ganancias de las generadoras (hidráulicas y térmicas) y otras empresas de la cadena para ser distribuida entre los consumidores de menores ingresos de la población colombiana.
“Las tarifas de energía deben ser tales que no haya ni injusticias, ni desbalances, ni distorsiones que afecten desproporcionadamente a usuarios, al tiempo que den viabilidad a las empresas que prestan el servicio. Si no cumplen todas estas condiciones deben ser revisadas”, anotó el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.
El otro chicharrón
Como si fuera poco el problema con el costo de la electricidad, el gobierno del presidente Petro tiene que resolver otro que afecta el bolsillo de los consumidores: el precio de los combustibles. José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda de esta administración, le dijo a El Espectador que el déficit fiscal que heredó este gobierno realmente asciende a 8 % del PIB sumando el faltante que arrastra el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Ocampo dijo que el incremento en el precio de la gasolina se sentirá desde octubre de este año y desde enero de 2023 se hará con el diésel (acpm). En su cuenta de Twitter, el mandatario de los colombianos manifestó que “el déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre”. Dijo en el mismo mensaje que “casi la mitad del déficit del presupuesto nacional se produce al no subir el precio de la gasolina”.
Sin embargo, el exministro de Hacienda de la administración Duque, José Manuel Restrepo, recordó que, en el documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo, “allí ve usted que pagamos 14,2 billones (de pesos) del déficit antes de salir y dejamos 28,5 billones (de pesos) presupuestados…”.
Y el también exministro de Minas y Energía reseñó en su red social que “en un acto de transparencia y responsabilidad con el nuevo gobierno, entregamos el FEPEC saneado hasta el primer trimestre de 2022 con una liquidación de $14.2 billones y se dejó presupuestado el pago para el resto del año, aunque el saldo final dependerá del precio del crudo”.
El director de investigaciones económicas de Corficolombiana, José Ignacio López, calificó de positiva la decisión de marchitar el faltante del FEPC. “El costo del subsidio es gigantesco. Pero buscar no reconocer el precio internacional en un futuro puede ser muy grave para Ecopetrol”.