Contraloría estableció hallazgos fiscales por $39.602 millones en la DIAN

La Contraloría General de la República (CGR) informó sobre cuatro hallazgos fiscales, por $39.602 millones, que tienen a la DIAN como protagonista. Según el ente de control, las deficiencias en la actuaciones de esta entidad habrían derivado en la mencionada pérdida de recursos para la nación.

“La conclusión de una auditoría financiera, sobre la vigencia 2023, determinó ocho hallazgos administrativos, de los cuales cuatro tienen posible incidencia fiscal por $39.602 millones y uno presunta connotación disciplinaria”, informó la Contraloría.

Estos hallazgos se enmarcan en dos actuaciones en las que habría fallado la DIAN. El primero tiene que ver con deficiencias en sus acciones de cobro, pues el proceso de liquidación de una empresa (por la inclusión de tres accionistas en la lista Clinton), la sociedad no presentó las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios, así como tampoco el IVA (para el periodo del año gravable del 2007, acumulando un saldo correspondiente al Impuesto al Patrimonio del mismo año).

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“La CGR no logró evidenciar la vinculación de la DIAN al proceso de liquidación, aun cuando dicha entidad contó con los medios para conocer la situación jurídica de la sociedad”, precisó el ente de control, al agregar que a la fecha de la realización de la auditoría la DIAN no había recuperado los recursos adeudados, además, los mandamientos de pago proferidos se encontraban prescritos.

En suma, dice la Contraloría, la Dian no hizo una gestión de cobro conforme a la situación jurídica de la sociedad liquidada, por lo que no se vinculó al proceso de liquidación, a pesar de que la misma contaba con la información que indicaba el proceso de liquidación de esa empresa.

“La DIAN no tuvo en cuenta que, una vez disuelta la sociedad, se debe proceder de inmediato a la liquidación y esperó 4 años para comunicar los actos administrativos de las sanciones e iniciar el proceso de cobro, aún cuando a la fecha en que se enteró de la disolución y liquidación la sociedad ya se encontraba en mora con el pago de la segunda cuota del Impuesto al Patrimonio del año gravable 2007, deuda que finalmente presentó el fenómeno de la prescripción”, precisó.

Por este caso, la pérdida de recursos para la nación que se generó fue de $38.772 millones.

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Otros más de $829 millones, se habrían perdido por cuenta de la no reclamación de seguros que amparan mercancías aprehendidas. La DIAN dejó que venciera el plazo para reportar el siniestro (la pérdida de la mercancía), por lo que perdió el derecho para que las aseguradoras respondieran por el daño.

“Como resultado de la auditoría, la CGR identificó un posible detrimento patrimonial por valor de $829.935.164 por bienes que se encontraban en custodia e incorporados en el patrimonio de la DIAN y sobre los cuales los funcionarios encargados de dar a conocer los siniestros y adelantar las respectivas reclamaciones ante las aseguradoras, omitieron dicho trámite y vinieron a hacerlo tres años después de ocurridos los incidentes y sin el lleno de los requisitos establecidos en los contratos de seguro, ocasionando la imposibilidad de recuperar las sumas correspondientes”, detalló la contraloría.

El ente de control hizo un llamado a la DIAN para mejorar sus procedimientos de cobro, garantizando una gestión eficaz y oportuna de los recursos públicos. También a que las reclamaciones de siniestros a las aseguradoras se realicen de forma oportuna y conforme a los términos contractuales.

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La Contraloría General de la República (CGR) informó sobre cuatro hallazgos fiscales, por $39.602 millones, que tienen a la DIAN como protagonista. Según el ente de control, las deficiencias en la actuaciones de esta entidad habrían derivado en la mencionada pérdida de recursos para la nación.

“La conclusión de una auditoría financiera, sobre la vigencia 2023, determinó ocho hallazgos administrativos, de los cuales cuatro tienen posible incidencia fiscal por $39.602 millones y uno presunta connotación disciplinaria”, informó la Contraloría.

Estos hallazgos se enmarcan en dos actuaciones en las que habría fallado la DIAN. El primero tiene que ver con deficiencias en sus acciones de cobro, pues el proceso de liquidación de una empresa (por la inclusión de tres accionistas en la lista Clinton), la sociedad no presentó las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios, así como tampoco el IVA (para el periodo del año gravable del 2007, acumulando un saldo correspondiente al Impuesto al Patrimonio del mismo año).

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“La CGR no logró evidenciar la vinculación de la DIAN al proceso de liquidación, aun cuando dicha entidad contó con los medios para conocer la situación jurídica de la sociedad”, precisó el ente de control, al agregar que a la fecha de la realización de la auditoría la DIAN no había recuperado los recursos adeudados, además, los mandamientos de pago proferidos se encontraban prescritos.

En suma, dice la Contraloría, la Dian no hizo una gestión de cobro conforme a la situación jurídica de la sociedad liquidada, por lo que no se vinculó al proceso de liquidación, a pesar de que la misma contaba con la información que indicaba el proceso de liquidación de esa empresa.

“La DIAN no tuvo en cuenta que, una vez disuelta la sociedad, se debe proceder de inmediato a la liquidación y esperó 4 años para comunicar los actos administrativos de las sanciones e iniciar el proceso de cobro, aún cuando a la fecha en que se enteró de la disolución y liquidación la sociedad ya se encontraba en mora con el pago de la segunda cuota del Impuesto al Patrimonio del año gravable 2007, deuda que finalmente presentó el fenómeno de la prescripción”, precisó.

Por este caso, la pérdida de recursos para la nación que se generó fue de $38.772 millones.

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“Como resultado de la auditoría, la CGR identificó un posible detrimento patrimonial por valor de $829.935.164 por bienes que se encontraban en custodia e incorporados en el patrimonio de la DIAN y sobre los cuales los funcionarios encargados de dar a conocer los siniestros y adelantar las respectivas reclamaciones ante las aseguradoras, omitieron dicho trámite y vinieron a hacerlo tres años después de ocurridos los incidentes y sin el lleno de los requisitos establecidos en los contratos de seguro, ocasionando la imposibilidad de recuperar las sumas correspondientes”, detalló la contraloría.

El ente de control hizo un llamado a la DIAN para mejorar sus procedimientos de cobro, garantizando una gestión eficaz y oportuna de los recursos públicos. También a que las reclamaciones de siniestros a las aseguradoras se realicen de forma oportuna y conforme a los términos contractuales.

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