La Contraloría General de la República lanzó este jueves una alerta sobre el deterioro que presenta la seguridad energética del país y la posibilidad de que la situación sea más “comprometedora” en el mediano plazo, si no se toman medidas al respecto.
De acuerdo con la entidad, dicho escenario podría generar energéticos menos asequibles y confiables, “acercándonos a unos umbrales de escasez que posiblemente deberán suplirse con importaciones que generen mayores costos”.
En el estudio sectorial sobre “Seguridad y Confiabilidad Energética (2010 - 2026)” el organismo de control encontró la inexistencia de una política definida y unificada en este tema, así como falta de articulación institucional.
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Según las conclusiones, “anteponer la transición energética a la seguridad energética es un error que el país no debe permitirse”. Por su parte, Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, aseguró que, “se está arriesgando la seguridad energética que se tiene hoy frente a escenarios inciertos mañana”.
El país ha tenido la “suerte” de tener precios altos en épocas de baja producción y altas producciones en épocas de precios bajos, fenómenos que se contrarrestan y permiten tener unos ingresos de regalías relativamente constantes, cercanos a los $10 billones anuales. “Este escenario no siempre se dará, por lo que el país debe prepararse desde ya para una caída en los recaudos de regalías como consecuencia de la futura disminución de la producción petrolera y de gas si no se toman las medidas adecuadas para contrarrestarla”, agregó.
Por su parte, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra mencionó que “seguimos sin tener luces de lo que será la transición energética. No se conocen actividades concretas, ni presupuestos indicadores y metas”.
Tampoco se conocen los análisis de concesión de actividades productivas y laborales, “que permitan sustituir los recursos que obtiene el país de sectores como el de hidrocarburos y minería frente a la transición energética, así como la cuantificación de los recursos requeridos para ésta, atados a planes y programas concretos”.
La Contraloría considera que esta situación pone en riesgo no solo la seguridad energética del país, sino las diferentes actividades y proyectos, que se financian con las regalías que se obtienen del sector minero energético.
La entidad también expresó su preocupación frente al desabastecimiento de gas natural reportado por la Bolsa Mercantil de Colombia para 2025, “si no se cuenta con nuevos yacimientos, la explotación de los mismos y /o la infraestructura necesaria para importación de este combustible”.
Por lo tanto, “es necesario que la transición energética del país sea segura y sostenible, ya que la seguridad energética no sólo es fundamental para la estabilidad económica y el crecimiento, sino también para la soberanía nacional. Si dependemos mucho de proveedores externos o poco confiables, podríamos perder autonomía”.
Las inversiones en energías renovables como la solar y la eólica son clave, afirmó la entidad, no solo para depender menos de las importaciones, sino también para que Colombia se alinee con los objetivos globales de sostenibilidad ambiental. Sin embargo, “la capacidad actual de generación con estas fuentes es solo de 1200 MW, lo cual es poco significativo, especialmente con la creciente demanda”.
Otras advertencias de este análisis tienen que ver con la atención urgente que se debe prestar a la infraestructura del sistema eléctrico, el aumento de las importaciones de combustibles y el marchitamiento de los subsidios, la inminente pérdida de autosuficiencia del ACPM y la recurrente fragilidad del licenciamiento ambiental para proyectos energéticos, agravada por las dificultades en los procesos de consultas previas.
La entidad también se refirió a la prohibición de exportaciones de carbón térmico a Israel
El contralor Rodríguez Becerra mencionó la importancia de la estabilidad jurídica en el sector minero energético y expresó su preocupación por la expedición del decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que prohíbe la exportación de carbón térmico a Israel, a pesar de las observaciones realizadas por el ente de control el 17 de junio de 2024.
Entre las observaciones, el contralor resaltó principalmente la afectación que se tendrá en materia de recaudo de regalías, así como la desincentivación de la inversión extranjera y la inseguridad jurídica que implica.
“Del respeto por los acuerdos suscritos, por la normatividad vigente, depende también que exista confianza en la inversión en nuestro país y por ende el lograr obtener recursos importantes para nuestra economía, pues estos se requieren incluso para inversión social”, dijo.
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