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La reforma pensional está a la puerta del horno en medio de su trámite por el Congreso. Esta iniciativa busca reestructurar el modelo de pensiones en Colombia, estableciendo un sistema de pilares (el solidario, el semicontributivo, el contributivo y el de ahorro voluntario).
Parte de los reclamos de la oposición se han centrado en torno a las cifras, pues argumentan que se está discutiendo un proyecto sobre el cual no hay claridad si tendrá, o no, una sostenibilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo.
Sobre esto se conoció que el miércoles el Ministerio de Hacienda le dio el aval fiscal al proyecto de ley, argumentando que todos los impactos fiscales que tendría la ley (de llegar a ser aprobada) podrían ser asumidos por las proyecciones de recaudo tributario que se tienen para Colombia.
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Según las cuentas de esta cartera, la reforma pensional tendría un impacto fiscal de 0,3 puntos porcentuales del PIB entre 2025 y 2069, lo que se traduce en unos $5 billones cada año. Después de esto, el impacto sería de 1,8 puntos porcentuales del PIB, es decir, cerca de $27 billones al año.
Este martes el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) también emitió un pronunciamiento al respecto al decir que “el texto aprobado en el tercer debate mantiene los cambios positivos del Proyecto de Ley, como la reducción de los subsidios que la Nación paga a las pensiones altas, elimina el arbitraje que existe entre los regímenes público y privado y, logra aumentar la cobertura del régimen contributivo. Mientras que con el sistema actual se esperaban 1,8 millones de pensionados en 2040, con la reforma habría 2,1 millones, para ese mismo año. Estas cifras serían de 2,5 millones, en ausencia de la reforma y 2,8 millones para 2050, con la reforma; y de 4,0 millones y 4,2 millones para 2090, respectivamente”.
Sobre el pilar solidario, el CARF estima que tendrá un costo anual de 0,3 % del PIB, es decir $4,8 billones o $5 billones, como se mencionó anteriormente. Sobre esto resalta que los recursos deberán ser asignados por el Presupuesto General de la Nación (PGN) todos los años por el Congreso de la República.
“Estos recursos deberán tener en cuenta los techos de gasto fijados por el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y ser consistentes con la Regla Fiscal. Este pilar no corresponde a un derecho pensional; responde a un programa social y deberá estar sujeto a los recursos disponibles para el mismo”, añadió.
Para el caso del pilar semicontrobutivo, el CARF estima que su costo sería del 0,2 % del PIB en 2025, y luego aumentaría al 0,3 % en 2036, subiendo así de forma paulatina hasta un 0,8 % en 2065. Esto se explica por la devolución de los saldos de los cotizantes; el rendimiento real de las cotizaciones pagadas a Colpensiones; el subsidio sobre el saldo resultante que se otorga a aquellas personas que cotizaron entre 300 y 1.000 semanas, y que no se encuentran en condición de pobreza ni vulnerabilidad.
Hay que tener en cuenta que quienes se beneficien de este pilar no tendrán una pensión, sino una renta vitalicia inferior a un salario mínimo.
Sobre el pilar contributivo, el comité considera que las necesidades de Colpensiones para el pago de mesadas y devoluciones aumentarían del 3% del PIB en 2025 al 4,9% del PIB en 2065.
“Esto se explica porque Colpensiones pasaría a responder por los primeros 2,3 SMMLV de todas las pensiones. Debido a estas mayores necesidades, y en vista de que los ingresos de Colpensiones que se destinan al pago de estas necesidades se mantienen relativamente constantes frente a los que se tendrían sin la reforma, una vez se agote el Fondo de Ahorro (la DT del CARF calcula que este se agotará en 2062, en 38 años), la Nación deberá hacer una transferencia mayor a Colpensiones en alrededor de 2,5% del PIB anuales (pasa de 1,3% del PIB en 2025 a 3,8% del PIB en 2063). La reforma representa un aumento del Valor Presente Neto (VPN) de la transferencia de la Nación a Colpensiones, a 2100, de alrededor del 62,3% del PIB frente al VPN de esta transferencia sin reforma pensional”, añadió.
Parte del balance que entrega el CARF es que este proyecto de ley sí implica un aumento de las transferencias del Gobierno Nacional hacia el financiamiento del sistema pensional en el largo plazo. Por estas razones
- Asume la responsabilidad de todas las pensiones por debajo del umbral de 2,3 SMMLV
- Ahorra solo parte de las cotizaciones
- Se introduce el mecanismo de prestación anticipada acotado hasta 2036
- Se reducen las semanas mínimas de cotización para acceder a pensión por parte de las mujeres
- Se da la posibilidad de trasladarse a menos de 10 años de la pensión
- Se permite la compra de semanas en el Régimen de Prima Media (RPM) con las cotizaciones del Régimen de Ahorro Individual Solidario (RAIS).
Su análisis también concluye que la reforma implica una inequidad intergeneracional, pues las futuras generaciones deberán contribuir (por cotizaciones o por impuestos) de una forma mayor a la que lo harían con el modelo actual.
“La generación de menores de 30 años deberá pagar pensiones para los actuales trabajadores y quienes apenas se pensionan, situación que se exacerba dadas las tendencias demográficas en las que caen la natalidad y aumenta fuertemente la tasa de dependencia. Como se ha evidenciado en los análisis previos de la DT del CARF, entre menor sea el umbral, mayor será el acervo de ahorro nacional en el largo plazo, se limitará el subsidio del régimen público a ese mismo nivel, y se mejorará el carácter distributivo de la reforma”, señala.
Finalmente, el CARF advierte que para lograr mayores rendimientos que mitiguen el impacto fiscal de esta reforma, es relevante que el fondo de ahorro cuente con un gobierno institucional y un estatuto de inversiones que maximice la rentabilidad.
“Los requisitos para acceder a la prestación anticipada, junto con los menores requisitos de pensión para mujeres son los aspectos del Proyecto de Ley que generan el mayor impacto fiscal de la reforma. En lo relacionado con las condiciones para que las mujeres puedan acceder a la pensión, la disminución del umbral a 1.000 semanas tiene un mayor impacto fiscal que la alternativa de reconocer un cierto número de semanas como cotizadas por cada uno de los tres primeros hijos. El Proyecto de Ley no contempla modificaciones a la tasa de reemplazo ni de los regímenes especiales y exceptuados, para mitigar la carga fiscal que la Nación asume del sistema”; concluyó.
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