Terreno desconocido: no hubo consenso sobre el monto, pero Presupuesto sigue vivo

Debate del Presupuesto General de la Nación en el Congreso.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las comisiones económicas del Congreso debatieron este jueves, por segunda vez, el monto del Presupuesto General de la Nación, luego de que la sesión de este miércoles generara un resultado sin precedente: la negación de todos los montos propuestos, incluyendo el que impulsaba el Gobierno.

En la sesión de este miércoles se pusieron en discusión siete proposiciones, incluyendo la oficial, con apoyo del Gobierno. Cada una buscaba un monto diferente para el Presupuesto del próximo, con propuestas que oscilaban entre $485 billones, pasando por $511 y $519 billones, hasta los $523 billones que estipuló el Ministerio de Hacienda en este proyecto de ley.

Ninguna logró obtener el voto positivo en las cuatro comisiones económicas del Congreso que, como se debe hacer en estos casos, sesionaron de forma conjunta.

Hay incertidumbre sobre los próximos pasos en este escenario pues “esto nunca había sucedido y el estatuto orgánico del Presupuesto no establece ninguna regla sobre lo que pasa en caso de que el monto se niegue”, según explicó este miércoles William Reyes, asesor de gasto público del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.

También es importante aclarar que no hay ninguna obligación legal a que el monto aprobado sea el que trae el proyecto en su presentación, o sea, el que estructuró el Gobierno: puede ser otra cifra, claro está.

Por ley, el monto aún tiene tiempo de ser aprobado hasta el 15 de septiembre.

Ahora bien, la ley establece que, en el caso de que el Presupuesto no sea aprobado por el Congreso, el Gobierno puede decretarlo en las mismas condiciones en las que lo presentó originalmente (y con las modificaciones de los debates, si acaso los hubo).

Pero esta acción sólo podría realizarse hasta el 20 de octubre, que es el límite legal de aprobación del proyecto en el Legislativo, independientemente de si la iniciativa queda detenida por falta de consenso en el monto, según dice Reyes.

Buena parte del descontento del Congreso con el Presupuesto es la inclusión de una ley de financiamiento, que buscaría recursos por $6 billones a través de impuestos y otros $6, aproximadamente, por cuenta del adelanto de las metas de la regla fiscal (que le abrirían más espacio de deuda al Gobierno).

Después de verificar que sólo había quórum decisorio en tres de las cuatro comisiones económicas, la mesa directiva determinó que la sesión se levantaría y se retomaría la discusión el próximo martes, 17 de septiembre, pero para la Ley de Financiamiento.

Con esta decisión el debate alrededor del Presupuesto General entra en un terreno incierto: no hubo consenso sobre el monto del Presupuesto y no lo habrá antes del plazo que establece la ley, que es el 15 de septiembre.

Sin embargo, el presidente de la sesión, José Eliécer Salazar (partido de la U) aseguró que el proyecto sigue vivo y que se discutirá, próximamente, la Ley de Financiamiento y, con ella, se tendría que llegar a la finalización del monto del Presupuesto.

“Es importante que sepan que hemos consultado con gente que estudia presupuestos desde hace 30 años y en el gobierno del presidente Andrés Pastrana hubo una situación parecida: llegó el 15 de septiembre y no aprobaron monto, pero el Congreso continuó con el trámite y hubo aprobación de Presupuesto. Fue demandado y lo ratificó la Corte. Vamos a proceder de esa misma forma”, dijo Salazar al término de la sesión de este jueves.

Y añadió: “La próxima semana vamos a invitar a los presidentes de las comisiones económicas a que definan sus ponentes para iniciar el trámite de la Ley de Financiamiento. Lo que pase con esa ley determinará el monto de los ingresos porque ya hay un monto de gastos radicado por el Gobierno. Pero cuando se vaya a liquidar el Presupuesto el 2 de enero, el monto no será ese necesariamente: no lo sabemos aún. De acuerdo con lo que pase con la ley de financiamiento vamos a saber cómo queda el presupuesto”.

Como respuesta a las intervenciones de varios congresistas, el ministro Bonilla hizo varias precisiones acerca del Presupuesto.

“No es ilegal, ni es chantaje, que un presupuesto se presente desfinanciado y vaya acompañado de una ley de financiamiento. No es la primera vez que pasa esto: las normas presupuestales lo autorizan”, dijo el funcionario.

Al mismo tiempo, aseguró que “las comisiones no han negado el monto. No ha habido decisión sobre ninguna propuesta de monto. Para negarlo tienen que hacerlo las cuatro comisiones. No hay decisión aún. Lo viene es una discusión más jurídica: ¿cuál es el monto que queda y que sigue hacia adelante? Con directores de presupuesto de vieja data y con actuales se dice que queda vigente el monto planteado por el Gobierno y la discusión sigue. ¿Qué sigue? Que hasta el 20 de octubre se sabe si sale por decreto, antes no. Todavía está el espacio para discutir cómo se llega a revisar los distintos componentes del Presupuesto. Y las comisiones económicas deben nombrar ponentes sobre la Ley de Financiamiento”.

Al finalizar la sesión de este miércoles, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, aseguró que la discusión estaba estancada por una comisión del Senado “que está radicalizada en que sólo puede haber una propuesta de monto”.

En el debate de este jueves, los propios congresistas reconocen que el Gobierno tiene los votos en las comisiones de Cámara, pero no en las de Senado. Y de ahí el impasse actual con el monto del presupuesto.

Después de que su proposición fuera derrotada en la sesión del miércoles, el senador Efraín Cepeda aseguró que tenía una nueva propuesta con la cual, dice, se podría destrabar la discusión: reducir el monto mediante la eliminación de la ley de financiamiento y buscarle más recursos al Presupuesto vía una adición presupuestal.

De fondo, como ya se ha dicho, el gran malestar gira alrededor de las modificaciones en impuestos que supondría la ley de financiamiento.

Hasta el momento, no hay claridad acerca de si esta proposición sería presentada, votada y aceptada.

La representante a la cámara por el partido Alianza Verde, Olga Lucía Velásquez, hizo un llamado a que en esta discusión primen los argumentos técnicos por sobre los políticos. De lo contrario, dice, “no sé si el Congreso sea el escenario propicio para construir país”.

Para la representante no tiene sentido que muchos congresistas hayan llegado con la predisposición férrea de votar negativo este proyecto de ley, cuando lo correcto sería abrirse al debate y exponer sus argumentos con bases técnicas y no ideológicas.

En respuesta, el representante a la cámara por el Centro Democrático, Carlos Eduard Osorio, señaló que el debate que se está adelantando sí tiene una base técnica, por lo menos el que han dado los que han llevado una propuesta diferente a la presentada originalmente por el Gobierno.

Osorio hace un llamado a que se tenga prudencia, pues técnicamente se ha demostrado que el recaudo tributario y generaciones de ingresos de la nación en 2024 no han sido los suficientes como para aspirar a un presupuesto de tales dimensiones. Es por esto que, argumenta “no se puede tomar como punto de partida el presupuesto de 2024 para proyectar el de 2025. No es un capricho ni un pulso político. No queremos más impuestos para los colombianos”, concluyó.

A su vez, el representante a la cámara por el partido Cambio Radical, Carlos Alberto Cuenca, expuso que se daría un mal mensaje si el presidente Gustavo Petro, tras no llegarse a un acuerdo en el Congreso, tiene que establecer el Presupuesto General de la Nación vía decreto.

“El problema está en las comisiones tercera y cuarta del Senado, que son las que no tienen los votos”, resaltó, al señalar que resultaría conveniente debatir sobre la propuesta de los $511 billones, y no sobre la de $523 billones que, no solo estaría desfinanciada sino que podría ser tumbada por la Corte Constitucional. “Mi llamado es a llegar a un acuerdo”.

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