Congreso no logra acuerdo en monto del Presupuesto: debate se reanudaría el jueves

Este miércoles arrancó en las comisiones económicas del Senado y la Cámara una parte esencial del debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2025. En esta discusión el Congreso debe decidir si aprueba el monto de la iniciativa o no. Para hacerlo tiene hasta el 15 de septiembre.

De no lograrse un acuerdo en este punto, en el plazo indicado por la ley, el proyecto de presupuesto puede ser decretado por el Gobierno (según lo dice la ley de presupuesto y la Constitución). Pero este camino no es el regular y no ha sido recorrido en la historia reciente del país, según confirma el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.

Las discusiones de las semanas recientes se han ido calentando, pues varios congresistas dijeron, antes de conocerse el texto de la ley de financiamiento (que fue presentada este martes), que no hay ambiente en el Congreso para una nueva reforma tributaria.

Por lo que la solución a la mano sería recortar en $12 billones el monto del Presupuesto y, así, evitar la presentación de la ley de financiamiento. Pero esto implicaría quitar recursos a diestra y siniestra, en un proyecto que ya contempla recortes importantes en inversión para renglones como Deporte y Agricultura, por ejemplo.

El Gobierno busca cuadrar sus cuentas del próximo año en dos actos, si se quiere. De fondo, la administración nacional busca que el Congreso le apruebe un Presupuesto por $511 billones. Y, por otra parte, le presentó al Legislativo una ley de financiamiento, que es una suerte de reforma tributaria, pero más acotada a financiar el Presupuesto. Por esta vía buscará recursos por $12 billones. El gran total, entonces, es de $523 billones.

El monto del proyecto del Presupuesto (sin la ley de financiamiento) implica un crecimiento de 1,5 % frente al monto presentado para 2024, de $503,2 billones.

Entonces, para este punto de la historia la cosa se pone algo socrática: sólo se sabe que nada se sabe.

En la penúltima votación de la jornada las comisiones decidieron negar la última proposición radicada, que establecía un monto de $519 billones, y que se erigía como una tabla de salvación para la sesión.

Al mismo tiempo, la votación de la proposición del Gobierno se repitió (por un desajuste en la primera ronda de votos) y volvió a ser negada; esta es la del monto original, de $523 billones.

Entonces, así las cosas, la sesión fue levantada y citada para este jueves a las 9:00 a.m. para tratar de dilucidar cuáles son los siguientes pasos, pues el escenario se encuentra en una suerte de paradoja: el monto oficial fue negado, pero aún hay tiempo para aprobar un monto.

La nueva proposición que fue defendida por la representante Olga Lucía Velásquez, en esencia, le quitaría $3 billlones de recaudo a la ley de financiamiento.

Las cuentas serían así: la ley de financiamiento aún tendría el elemento de adelante de la regla fiscal, que equivale a casi $6 billones en recursos que buscaría el Gobierno, pero de los $6 billones que llegarían en nuevos recursos por ajustes tributarios, sólo se estaría hablando de $3.

En otras palabras, esta suerte de reforma tributaria pasaría de buscar recursos por $12 billones a $8 billones.

En ese ajuste de $4 billones es que se llega al monto de $519 billones que está incluido en esta proposición y que en este momento pareciera la tabla de salvación para que la probación del monto del Presupuesto pueda ser una realidad.

Esta propuesta también establece que habría amnistía para morosos tributarios.

La senadora Angélica Lozano propuso que la sesión de este miércoles acabe y sea retomada este jueves.

“No hay consenso, el Senado le dice que no a los $523 billones, en la Cámara hay un ambiente más favorable. Pero que haya decisión implica acuerdo. Le propondría a las comisiones que levantemos la sesión y aquí hay un camino con algunas claridades elementales, pero con mucho espacio de interpretación”, dijo la legisladora.

Varios congresistas radicaron una nueva proposición, con un monto de $519 billones. La propuesta fue explicada por Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, e integrante de la Comisión Cuarta de esa corporación.

Además de esto, la representante aseguró que la ley de financiamiento debería incluir una amnistía para morosos tributarios, así como el adelanto de la regla fiscal (que, en cuentas del Ministerio de Hacienda le abriría el camino a $5,6 billones en recursos).

La Comisión Tercera del Senado negó, con 11 votos por el no y tres por el sí, la proposición principal del monto en el Presupuesto, que era la impulsada por el Gobierno y legisladores afines.

Hasta este momento habían sido negadas tres proposiciones más, con diferentes montos, que iban desde los $485 billones, hasta los $511 billones.

El presidente de la sesión, José Eliécer Salazar, argumenta que el plazo para definir el monto es hasta el 15 de septiembre, por lo que se citaría a un nuevo debate este jueves para que los congresistas intenten llegar a un acuerdo y “lo consulten con la almohada”.

Pero varios congresistas están en contra de este concepto y aseguran que, al haber sido negada esta proposición principal (y derrotadas las demás en consideración, ya que fueron retiradas dos más), el monto del proyecto queda hundido definitivamente.

En este momento no hay claridad acerca del siguiente paso en esta discusión.

Efraín Cepeda ha sido uno de los principales críticos del Presupuesto y en semanas recientes se ha enfrascado en una suerte de batalla de pronunciamientos con el presidente Gustavo Petro.

La proposición que lideraba, en compañía de congresistas como Katherine Miranda, buscaba que el monto bajara a $511 billones, recortando en esencia la necesidad de una ley de financiamiento (pues recortaba en $12 billones los recursos presupuestados).

La proposición fue aprobada por la Comisión Tercera del Senado, pero negada por la Cuarta de la misma corporación, lo que derivó en su archivo inmediato.

Cepeda argumentó que la discusión del Presupuesto incluía aprobar una ley de financiamiento “de espaldas al país”.

La primera proposición, la sustitutiva, fue negada por las comisiones económicas conjuntas del Congreso.

El mecanismo funciona de la siguiente forma: la proposición debe recibir el voto unánime de las cuatro comisiones (dos por Senado, dos por Cámara). Si no sucede de esta forma, se cae de inmediato.

Para el caso de esta proposición, las comisiones del Senado votaron a favor, con más de 10 votos por el sí, pero la proposición se hundió al momento de la votación de la Comisión Tercera de Cámara, en donde hubo 16 votos por el no y nueve por el sí.

Restan seis proposiciones más por ser expuestas y votadas.

La primera proposición que comienza a ser explicada, y que será votada, es la sustitutiva, liderada por la senadora Angélica Lozano.

La proposición pide una rebaja en el monto del Presupuesto hasta $499 billones pues, argumenta la legisladora, esta cifra corresponde a la ejecución real de ejecución del Gobierno.

Así mismo, la senadora asegura que hay problemas con las cuentas del Gobierno, como un incremento “de un plumazo” entre la cifra de recaudo contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el proyecto de Presupuesto (pasó, para 2024, de $258,6 billones a $315,8 billones, según las cifras que presentó la legisladora).

De fondo, Lozano argumentó que el desfinanciamiento del Presupuesto no es de $12 billones, sino de $46 billones. “No hay un recaudo suficiente para sustentar el monto de $523 billones”, dijo la senadora.

Las comisiones económicas conjuntas aprobaron que la sesión se declarara como permanente, lo que, en palabras sencillas, permite que el debate continúe de largo sin mayores restricciones de tiempo para este miércoles.

Sobre las 2:00 p.m., la mesa directiva asegura que hay al menos seis proposiciones diferentes para modificar el proyecto del Presupuesto, especialmente el monto del mismo. Y una más, que es la posición oficial del Gobierno, apoyada por algunos congresistas del ala política de la administración nacional.

Unos congresistas han hablado de reducirlo hasta los $499 billones, otros de recortarle los $12 billones de la ley de financiamiento (dejando todo el proyecto en $511 billones).

Entre el rango de opciones lo que parece quedar claro es el descontento alrededor de la iniciativa.

Continúan las intervenciones de los congresistas, que oscilan entre apoyar el proyecto (dejarlo tal cual bajo la bandera de defender la inversión social) o criticarlo (con argumentos como la baja ejecución presupuestal, entre otros).

En buena parte, los argumentos de los congresistas de oposición contra el Presupuesto es que aprobarán el monto solicitado debido a, según ellos, la falta de ejecución del Gobierno.

Algunos hablan del tamaño “desmedido” del Estado y la “enorme burocracia” para justificar que el Presupuesto debería ser menor.

De fondo, es una vieja tensión entre gasto público y tamaño del Estado versus ejecución y austeridad, si se quiere.

Por otra parte, otros senadores le están cobrando al Gobierno los “errores” de cálculo de las cuentas de 2024 (que se hicieron el año pasado), haciendo referencia a las metas de recaudo que se incluyeron en el presupuesto actual, pero que no terminaron por materializarse.

Vale la pena aclarar que, según el Ministerio de Hacienda, el déficit en el recaudo para el primer semestre ascendió a unos $20 billones.

“El presupuesto que nos presentan hoy tiene el mismo problema esencial que el de este año: programa gastos con ingresos inciertos”.

En las primeras intervenciones de los congresistas se escuchan argumentos (opiniones y arengas también, claro) en contra del monto del presupuesto.

La senadora Angélica Lozano, por ejemplo, aseguró que el monto que debería tener el proyecto es de $499 billones, no los $523 que está proponiendo el Gobierno.

Las intervenciones han estado limitadas en tiempo (cuatro minutos, a lo sumo), lo que ha despertado molestia entre los congresistas. Pero la mesa directiva defendió esta medida, pues “vienen y se dan el discurso y a las 2 o 3 de la tarde nos quedamos sin quórum y quedamos colgados de la brocha”.

Alexánder López, director del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que si no se aprueba el monto del Presupuesto (incluyendo la ley de financiamiento), la inversión social del país prácticamente quedaría amarrada de manos.

López dijo que si no se aprueba la ley de financiamiento (“que no es una tributaria, hemos dicho”) quienes más van a sufrir ese impacto son los más vulnerables. “El Congreso reduciría la inversión a 3,9 % del PIB, cuando ahora está en 4,6 % del PIB”, aseguró el funcionario.

Durante su intervención, López le pidió al Congreso algo que podría parecer imposible: “Aquí no pensemos en las elecciones de 2026″.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, hizo una corta presentación sobre la ley de financiamiento que presentó el Gobierno este martes.

El funcionario afirmó que es una iniciativa necesaria para impulsar la reactivación económica del país, así como para seguir nivelando la cancha en términos tributarios.

La ley de financiamiento busca recursos por $12 billones: $6 billones en recursos por modificaciones tributarias y cerca de otros $6 por ajustes en la regla fiscal (movida que también debe ser aprobada por el Congreso).

La presentación de Bonilla busca, justamente, defender el monto de $523 billones que planeó el Gobierno para el presupuesto del próximo año.

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Este miércoles arrancó en las comisiones económicas del Senado y la Cámara una parte esencial del debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2025. En esta discusión el Congreso debe decidir si aprueba el monto de la iniciativa o no. Para hacerlo tiene hasta el 15 de septiembre.

De no lograrse un acuerdo en este punto, en el plazo indicado por la ley, el proyecto de presupuesto puede ser decretado por el Gobierno (según lo dice la ley de presupuesto y la Constitución). Pero este camino no es el regular y no ha sido recorrido en la historia reciente del país, según confirma el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.

Las discusiones de las semanas recientes se han ido calentando, pues varios congresistas dijeron, antes de conocerse el texto de la ley de financiamiento (que fue presentada este martes), que no hay ambiente en el Congreso para una nueva reforma tributaria.

Por lo que la solución a la mano sería recortar en $12 billones el monto del Presupuesto y, así, evitar la presentación de la ley de financiamiento. Pero esto implicaría quitar recursos a diestra y siniestra, en un proyecto que ya contempla recortes importantes en inversión para renglones como Deporte y Agricultura, por ejemplo.

El Gobierno busca cuadrar sus cuentas del próximo año en dos actos, si se quiere. De fondo, la administración nacional busca que el Congreso le apruebe un Presupuesto por $511 billones. Y, por otra parte, le presentó al Legislativo una ley de financiamiento, que es una suerte de reforma tributaria, pero más acotada a financiar el Presupuesto. Por esta vía buscará recursos por $12 billones. El gran total, entonces, es de $523 billones.

El monto del proyecto del Presupuesto (sin la ley de financiamiento) implica un crecimiento de 1,5 % frente al monto presentado para 2024, de $503,2 billones.

Entonces, para este punto de la historia la cosa se pone algo socrática: sólo se sabe que nada se sabe.

En la penúltima votación de la jornada las comisiones decidieron negar la última proposición radicada, que establecía un monto de $519 billones, y que se erigía como una tabla de salvación para la sesión.

Al mismo tiempo, la votación de la proposición del Gobierno se repitió (por un desajuste en la primera ronda de votos) y volvió a ser negada; esta es la del monto original, de $523 billones.

Entonces, así las cosas, la sesión fue levantada y citada para este jueves a las 9:00 a.m. para tratar de dilucidar cuáles son los siguientes pasos, pues el escenario se encuentra en una suerte de paradoja: el monto oficial fue negado, pero aún hay tiempo para aprobar un monto.

La nueva proposición que fue defendida por la representante Olga Lucía Velásquez, en esencia, le quitaría $3 billlones de recaudo a la ley de financiamiento.

Las cuentas serían así: la ley de financiamiento aún tendría el elemento de adelante de la regla fiscal, que equivale a casi $6 billones en recursos que buscaría el Gobierno, pero de los $6 billones que llegarían en nuevos recursos por ajustes tributarios, sólo se estaría hablando de $3.

En otras palabras, esta suerte de reforma tributaria pasaría de buscar recursos por $12 billones a $8 billones.

En ese ajuste de $4 billones es que se llega al monto de $519 billones que está incluido en esta proposición y que en este momento pareciera la tabla de salvación para que la probación del monto del Presupuesto pueda ser una realidad.

Esta propuesta también establece que habría amnistía para morosos tributarios.

La senadora Angélica Lozano propuso que la sesión de este miércoles acabe y sea retomada este jueves.

“No hay consenso, el Senado le dice que no a los $523 billones, en la Cámara hay un ambiente más favorable. Pero que haya decisión implica acuerdo. Le propondría a las comisiones que levantemos la sesión y aquí hay un camino con algunas claridades elementales, pero con mucho espacio de interpretación”, dijo la legisladora.

Varios congresistas radicaron una nueva proposición, con un monto de $519 billones. La propuesta fue explicada por Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, e integrante de la Comisión Cuarta de esa corporación.

Además de esto, la representante aseguró que la ley de financiamiento debería incluir una amnistía para morosos tributarios, así como el adelanto de la regla fiscal (que, en cuentas del Ministerio de Hacienda le abriría el camino a $5,6 billones en recursos).

La Comisión Tercera del Senado negó, con 11 votos por el no y tres por el sí, la proposición principal del monto en el Presupuesto, que era la impulsada por el Gobierno y legisladores afines.

Hasta este momento habían sido negadas tres proposiciones más, con diferentes montos, que iban desde los $485 billones, hasta los $511 billones.

El presidente de la sesión, José Eliécer Salazar, argumenta que el plazo para definir el monto es hasta el 15 de septiembre, por lo que se citaría a un nuevo debate este jueves para que los congresistas intenten llegar a un acuerdo y “lo consulten con la almohada”.

Pero varios congresistas están en contra de este concepto y aseguran que, al haber sido negada esta proposición principal (y derrotadas las demás en consideración, ya que fueron retiradas dos más), el monto del proyecto queda hundido definitivamente.

En este momento no hay claridad acerca del siguiente paso en esta discusión.

Efraín Cepeda ha sido uno de los principales críticos del Presupuesto y en semanas recientes se ha enfrascado en una suerte de batalla de pronunciamientos con el presidente Gustavo Petro.

La proposición que lideraba, en compañía de congresistas como Katherine Miranda, buscaba que el monto bajara a $511 billones, recortando en esencia la necesidad de una ley de financiamiento (pues recortaba en $12 billones los recursos presupuestados).

La proposición fue aprobada por la Comisión Tercera del Senado, pero negada por la Cuarta de la misma corporación, lo que derivó en su archivo inmediato.

Cepeda argumentó que la discusión del Presupuesto incluía aprobar una ley de financiamiento “de espaldas al país”.

La primera proposición, la sustitutiva, fue negada por las comisiones económicas conjuntas del Congreso.

El mecanismo funciona de la siguiente forma: la proposición debe recibir el voto unánime de las cuatro comisiones (dos por Senado, dos por Cámara). Si no sucede de esta forma, se cae de inmediato.

Para el caso de esta proposición, las comisiones del Senado votaron a favor, con más de 10 votos por el sí, pero la proposición se hundió al momento de la votación de la Comisión Tercera de Cámara, en donde hubo 16 votos por el no y nueve por el sí.

Restan seis proposiciones más por ser expuestas y votadas.

La primera proposición que comienza a ser explicada, y que será votada, es la sustitutiva, liderada por la senadora Angélica Lozano.

La proposición pide una rebaja en el monto del Presupuesto hasta $499 billones pues, argumenta la legisladora, esta cifra corresponde a la ejecución real de ejecución del Gobierno.

Así mismo, la senadora asegura que hay problemas con las cuentas del Gobierno, como un incremento “de un plumazo” entre la cifra de recaudo contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el proyecto de Presupuesto (pasó, para 2024, de $258,6 billones a $315,8 billones, según las cifras que presentó la legisladora).

De fondo, Lozano argumentó que el desfinanciamiento del Presupuesto no es de $12 billones, sino de $46 billones. “No hay un recaudo suficiente para sustentar el monto de $523 billones”, dijo la senadora.

Las comisiones económicas conjuntas aprobaron que la sesión se declarara como permanente, lo que, en palabras sencillas, permite que el debate continúe de largo sin mayores restricciones de tiempo para este miércoles.

Sobre las 2:00 p.m., la mesa directiva asegura que hay al menos seis proposiciones diferentes para modificar el proyecto del Presupuesto, especialmente el monto del mismo. Y una más, que es la posición oficial del Gobierno, apoyada por algunos congresistas del ala política de la administración nacional.

Unos congresistas han hablado de reducirlo hasta los $499 billones, otros de recortarle los $12 billones de la ley de financiamiento (dejando todo el proyecto en $511 billones).

Entre el rango de opciones lo que parece quedar claro es el descontento alrededor de la iniciativa.

Continúan las intervenciones de los congresistas, que oscilan entre apoyar el proyecto (dejarlo tal cual bajo la bandera de defender la inversión social) o criticarlo (con argumentos como la baja ejecución presupuestal, entre otros).

En buena parte, los argumentos de los congresistas de oposición contra el Presupuesto es que aprobarán el monto solicitado debido a, según ellos, la falta de ejecución del Gobierno.

Algunos hablan del tamaño “desmedido” del Estado y la “enorme burocracia” para justificar que el Presupuesto debería ser menor.

De fondo, es una vieja tensión entre gasto público y tamaño del Estado versus ejecución y austeridad, si se quiere.

Por otra parte, otros senadores le están cobrando al Gobierno los “errores” de cálculo de las cuentas de 2024 (que se hicieron el año pasado), haciendo referencia a las metas de recaudo que se incluyeron en el presupuesto actual, pero que no terminaron por materializarse.

Vale la pena aclarar que, según el Ministerio de Hacienda, el déficit en el recaudo para el primer semestre ascendió a unos $20 billones.

“El presupuesto que nos presentan hoy tiene el mismo problema esencial que el de este año: programa gastos con ingresos inciertos”.

En las primeras intervenciones de los congresistas se escuchan argumentos (opiniones y arengas también, claro) en contra del monto del presupuesto.

La senadora Angélica Lozano, por ejemplo, aseguró que el monto que debería tener el proyecto es de $499 billones, no los $523 que está proponiendo el Gobierno.

Las intervenciones han estado limitadas en tiempo (cuatro minutos, a lo sumo), lo que ha despertado molestia entre los congresistas. Pero la mesa directiva defendió esta medida, pues “vienen y se dan el discurso y a las 2 o 3 de la tarde nos quedamos sin quórum y quedamos colgados de la brocha”.

Alexánder López, director del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que si no se aprueba el monto del Presupuesto (incluyendo la ley de financiamiento), la inversión social del país prácticamente quedaría amarrada de manos.

López dijo que si no se aprueba la ley de financiamiento (“que no es una tributaria, hemos dicho”) quienes más van a sufrir ese impacto son los más vulnerables. “El Congreso reduciría la inversión a 3,9 % del PIB, cuando ahora está en 4,6 % del PIB”, aseguró el funcionario.

Durante su intervención, López le pidió al Congreso algo que podría parecer imposible: “Aquí no pensemos en las elecciones de 2026″.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, hizo una corta presentación sobre la ley de financiamiento que presentó el Gobierno este martes.

El funcionario afirmó que es una iniciativa necesaria para impulsar la reactivación económica del país, así como para seguir nivelando la cancha en términos tributarios.

La ley de financiamiento busca recursos por $12 billones: $6 billones en recursos por modificaciones tributarias y cerca de otros $6 por ajustes en la regla fiscal (movida que también debe ser aprobada por el Congreso).

La presentación de Bonilla busca, justamente, defender el monto de $523 billones que planeó el Gobierno para el presupuesto del próximo año.

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