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Todo comenzó con un mapa.
Aunque, en justicia, la raíz del asunto es un informe publicado a finales de enero por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el documento alerta sobre posibles riesgos de seguridad alimentaria en veinte países e incluye a Colombia en esa lista. El documento adjunta el dichoso mapa, donde Colombia resalta, solitariamente, como el único lugar suramericano incluido.
En medio de un año electoral, en el que se espera agitar fuerte la bandera “del mayor crecimiento económico en cien años” (con todos los reparos que tenga esta afirmación), hablar de hambre e inseguridad alimentaria resulta inconveniente y hasta improcedente. Siempre es mejor hablar de días sin IVA antes de elecciones, por ejemplo.
La Cancillería montó en cólera. La FAO ofreció algunas aclaraciones sobre su documento. Y en el centro de todo estaba el mapa, pero también debates sobre pobreza, desigualdad y, claro, hambre. Más que un problema de imagen en un año electoral, los temas de fondo en esta discusión presentan un panorama preocupante, cuando menos.
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El hambre
En el documento de la FAO y el PMA, Colombia enfrenta riesgo alimentario, que se puede materializar en el corto plazo, por factores como el aumento del desplazamiento forzado interno y la inestabilidad política y económica.
Esta misma semana, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia insistió en que es urgente abordar la problemática del hambre en el país, pues casi 16 millones de colombianos viven con dos o menos comidas al día.
El problema del hambre en Colombia, y su empeoramiento, ya había sido señalado, desde el año pasado, en el informe hecho por la FIAN Colombia sobre la situación del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas en el país. En este trabajo se muestra cómo la inseguridad alimentaria es persistente en los hogares colombianos, alcanzando 54,2 % para el total nacional y 64,1 % en las áreas rurales, según las mediciones más recientes.
Esta situación se agravó con la pandemia, como lo constata el reciente informe del Banco Mundial sobre nuestro país titulado “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia”, el cual afirma que en 2020 aproximadamente 2,8 millones de colombianos no pudieron satisfacer las necesidades de alimentación básica, 32 % de los hogares enfrentaron ajustes en la dieta (saltarse comidas) y gran parte de los ahorros de las familias se tuvieron que destinar a la alimentación.
Al margen del mapa de la discordia, vale la pena revisar factores económicos que explican los problemas de inseguridad alimentaria en Colombia. El análisis de algunas variables macroeconómicas y su relación con la política económica permiten dar validez a las afirmaciones del Banco Mundial y de la FIAN y muestran cómo la acción gubernamental, en gran medida, es responsable de la coyuntura en materia alimentaria.
Se puede comenzar por ver la escasa asignación de recursos para el sector agro: entre 2012 y 2022, el presupuesto asignado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural disminuyó 10,8 % en términos reales, pasando de $2,8 a $2,5 billones (base 2021). Además, los escasos recursos de la cartera se dirigen principalmente a la agricultura empresarial, especializada en materias primas como la caña, la palma aceitera y el caucho, entre otros bienes con demanda internacional.
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En otras palabras, la política pública privilegia la exportación de materias primas (commodities) y no la producción de alimentos, donde la economía campesina juega un rol vital. Se puede afirmar que la situación alimentaria no es peor gracias al papel de la agricultura familiar y campesina, que, a pesar de las dificultades, el rigor de la pobreza y el abandono estatal, producen al menos dos terceras partes de los alimentos consumidos en el país.
De hecho, la alimentación no es una prioridad de la política económica en los sucesivos gobiernos. Al analizar las partidas presupuestales específicas para alimentación y nutrición —que incluye el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el ICBF, entre otros—, se sabe que entre 2012 y 2021 representaron, en promedio, el 0,61 % del total de recursos presupuestales, totalizando en 2021 apenas $2,1 billones.
Y es que la política económica explica, en gran medida, la situación del hambre en Colombia en las últimas tres décadas. Bajo la bandera de la apertura económica y el libre comercio, las importaciones de productos agropecuarios se multiplicaron por diez, pasando de 1,2 millones de toneladas en 1991 a 13,8 millones de toneladas en 2019, según Faostat.
De estas importaciones, la mayor parte son alimentos como cereales, lácteos e incluso tubérculos como la papa; productos otrora representativos de la economía local, que fueron suprimidos de la matriz de oferta porque la competencia externa llevó a muchos productores a la quiebra. No es extraño entonces ver en tiempos recientes a pequeños productores salir a los bordes de la carretera a vender a bajos precios, lugares en donde solo los propietarios de un vehículo pueden parar para comprar, mientras que en otras zonas del país el hambre es una realidad latente.
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La creciente dependencia de las importaciones agropecuarias en un país con capacidad agrícola inutilizada (tierras, trabajo y agua), además de representar ineficiencia económica, pobreza y desigualdad, explica también la tragedia del hambre. Hoy, con la depreciación del peso colombiano de la que ya se ha hablado antes en estas páginas, los alimentos importados se hicieron más caros y en el último año fueron el segmento que más presionó al alza la canasta familiar y la inflación, que es una de las grandes amenazas económicas en 2022.
La inflación alcanzó 5,62 % a diciembre del año pasado, muy por encima del rango meta establecido por el Banco de la República (3 %). Sin embargo, en el componente de alimentos este indicador fue aún más alto, alcanzando 17,2 % en diciembre del año pasado.
Este aumento de los precios en el rubro de alimentos guarda cierta correlación con la tasa de cambio, que entre 2020 y 2021 acumuló una depreciación de 20 %. Así, las alzas del precio de productos importados como trigo, maíz y lácteos, en simultaneidad con el abandono de la producción doméstica de alimentos, explican el aumento de los precios, la profundización de la inseguridad alimentaria (que es una forma de hambre) y la pobreza.
En este escenario, entonces, no solo se afecta el poder adquisitivo de los salarios, sino hasta las propias transferencias gubernamentales que se promulgaron para atender temporalmente la pérdida de ingresos de las familias más pobres durante el confinamiento provocado por la pandemia. La realidad es que, con la inflación y la depreciación actuales, el “Ingreso Solidario de 2020” o las transferencias de Familias en Acción ya no compran la misma cantidad de alimentos que en tiempos de la pandemia. Y todo esto suma a los potenciales riesgos en seguridad alimentaria, pues no es solo un asunto de si hay alimentos o no, sino de quién puede comprar lo que necesita.
En este punto de la historia, muchos pensarán que el único problema es la inflación y que el Banco de la República hace muy bien en subir con rapidez las tasas para controlar el alza de precios. Pero el asunto es que hay un problema estructural de producción interna que cada vez nos hace más vulnerables a choques externos. Infortunadamente, en la visión dominante del banco central sigue siendo más importante controlar la inflación que estimular la producción; pero lo cierto es que estos son dos problemas que no se pueden ver aislados y deben llevar a repensar las políticas macroeconómicas en países periféricos, como Colombia, de la mano de una mayor integración regional y un big push agrícola que no privilegie los monocultivos, sino los alimentos fundamentales.
Una sociedad que no puede comer o no lo puede hacer de forma adecuada no puede ser productiva y mucho menos pacífica. Es momento de que el país debata con seriedad la necesidad de proponer una política de Estado que estimule y proteja la producción interna de alimentos, impulse la economía campesina y la considere actor fundamental del desarrollo nacional. Implementar la reforma agraria integral surgida del Acuerdo de Paz y hacer un balance crítico y transformador de la política comercial son pasos esenciales en ese propósito que a todos nos debe convocar.
* Profesor de la Escuela de Economía de la U. Nacional de Colombia.
** Economista, profesor universitario y consultor independiente.