![Presidente Gustavo Petro.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/7LUVEYQFPVFLLDR7SSX2HGBAYA.jpg?auth=33de9dee69d4117c813e37a94143c5c370512d1b2091965b2088bc807ffcaa40&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Si se evaluase la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) del primer semestre de 2024, sería una nota deficiente. Según un informe de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, Hasta junio, se ejecutó aproximadamente 36,6 % del presupuesto (sin contar la deuda). Esto es 2,4 % por debajo del promedio de los últimos 23 años, que era de 39 %. Es decir, se está gastando menos de lo que se solía gastar.
Y ¿por qué es importante la ejecución? Si se ejecuta correctamente, se puede asegurar un uso responsable y transparente, que financie áreas críticas como la educación, la salud, la seguridad y las infraestructuras. La “buena” ejecución presupuestal crea empleos y mejora la calidad de vida, evitando el despilfarro y el endeudamiento excesivo para mantener las cuentas fiscales en orden.
Según Corficolombiana, “la baja ejecución indica una implementación deficiente en programas y sectores estratégicos del plan de gobierno, especialmente en inversión”. Esto se evidenció en el recorte del presupuesto anunciado por el Gobierno Petro ($20 billones) por el bajo recaudo tributario. Eso sí, los expertos esperan recortes adicionales de $10,8 billones por una persistente subejecución en el segundo semestre.
Hasta mayo, la ejecución estaba en el promedio de hace 23 años. “Una mejora frente a lo observado en 2023, y además, favoreció la liquidez del sistema financiero y en el mercado de deuda”, se lee en el reporte. Sin embargo, en junio hubo un retraso, lo que resultó en que las obligaciones y apropiaciones se registraran en 36,6 %.
Esto puede deberse a las dificultades de recaudo tributario, aseguraron los expertos, lo que esfumó los ingresos esperados y obligó a recortar el presupuesto de gasto para cumplir con la regla fiscal (que está al límite). Y, aunque es “consistente con la responsabilidad fiscal”, evidencia una “baja capacidad de administración de los recursos por parte del Gobierno”.
En el sexto mes de 2024, los recursos disponibles del PGN, excluyendo los pagos de deuda, eran de $211,6 billones. Ahora bien, estos son los recursos que se pueden ajustar o recortar según las necesidades. De esa cantidad:
- 78 % se destinaba a gastos de funcionamiento, como salarios, servicios públicos y otros gastos operativos.
- 22 % reservado a inversiones, como construcción de infraestructura, proyectos de desarrollo y mejoras a largo plazo.
Ejecución de inversión: deficiente
La ejecución del PGN destinado a inversiones ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos 11 años, apuntó Corficolombiana. Para el año 2024, se han asignado $99,8 billones de pesos para proyectos de inversión. Sin embargo, hasta junio, solo se ha comprometido un total de $21,9 billones, lo que representa una ejecución 3,9 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico. Esto significa que para el segundo semestre aún quedan en el bolsillo $46 billones, de los cuales $6,4 billones forman parte del congelamiento anunciado por el Ministerio de Hacienda para mejorar las finanzas públicas.
Según el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, el “spread”, es decir, la diferencia entre el precio al que se puede comprar y vender algo, impactó en la pérdida del grado de inversión con $29 billones. “Lo que hemos venido arrastrando”, desde 2016 hasta mayo. Hoy, de hecho, se vence el plazo del Gobierno para presentar el componente de inversión del PGN de 2025.
En cuanto al funcionamiento del Estado, las obligaciones durante el primer semestre representaron cuatro de 10 apropiaciones. Aunque este porcentaje (41,3 %), supera en 0,4 % el registrado en el mismo periodo de 2023, sigue estando por debajo del promedio de los últimos 23 años. El presupuesto de funcionamiento disponible suma $165,6 billones, pero está sujeto a recortes por $13 billones, según el decreto de congelamiento del PGN.
¿Cómo le fue a los sectores?
Los sectores con mayor ejecución fueron Planeación; Empleo Público; Minas y Energía; Ciencia, Tecnología e innovación, y Transporte. Sin embargo, en cuanto a menor ejecución destaca Inclusión social, Registraduría, Tecnologías de la información e inteligencia, Agricultura y Fonvivienda.
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