El reciente aumento de las tarifas de energía en el país despertó un amplio debate que involucra tanto al sector público como al privado. Según un informe de investigaciones económicas de Corficolombiana, la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y la inclusión del pago de la opción tarifaria en la Ley de Financiamiento han sido los detonantes más recientes de esta discusión, que subraya la necesidad de revisar los factores que han impulsado este fenómeno y analizar la evolución de las tarifas en los últimos años.
Entre 2021 y 2024, las tarifas eléctricas residenciales en el país aumentaron a un ritmo promedio anual de 15,3 %, el incremento más alto registrado en más de dos décadas. Este aumento se explica por una serie de factores, entre los que destacan la indexación de precios en el mercado en bolsa, el impacto del fenómeno de El Niño y otros elementos que afectaron la cadena de producción y distribución de energía. Aunque este incremento ha sido generalizado en todo el país, la Costa Atlántica es la región más afectada, con tarifas que superan en 18 % el promedio nacional, impulsadas por altos costos asociados a las pérdidas de energía y el pago de la opción tarifaria, subrayó el informe.
El caso de la Costa Atlántica no es único a nivel internacional. Desde 2020, Colombia ha registrado un aumento de tarifas superior al promedio regional. Países como México prefirieron los subsidios fuertes para mantener bajos los incrementos, mientras que otros, como Chile, han experimentado aumentos abruptos tras largos periodos de congelamiento. A pesar de esto, el precio de la electricidad en Colombia se sitúa en la media regional, siendo más elevado que en Ecuador y Brasil, pero más bajo que en Chile y Perú.
De acuerdo con los analistas, la decisión del Gobierno de asumir la deuda de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, con una inversión de $2,6 billones, podría aliviar parte de la carga que enfrentan los usuarios de la Costa Atlántica.
Se espera que esta medida reduzca las tarifas hasta en 30% en esa región. Sin embargo, el éxito de esta política depende de la rapidez con la que se implemente, ya que los beneficios podrían tardar en llegar si no se acelera el proceso de aplicación.
Recientemente, el Ministerio de Minas y Energía suspendió las exportaciones de electricidad del país para garantizar la demanda interna, mientras se recuperan los sistemas hídricos (actualmente el nivel útil está en 50,19 %, según XM).
Esta medida tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2025, con posibilidad de continuarse o derogarse, según los análisis de consumo interno.
Ahora bien, si la demanda disminuye y los embalses aumentan, las exportaciones de energía eléctrica se permitirán con alternativas de generación, como las plantas térmicas.
Resumen operativo de las principales variables del SIN para el día 30 de septiembre de 2024 pic.twitter.com/gei1r8j4h3
— XM SA ESP (@XM_SA_ESP) October 1, 2024
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¿Qué le espera al futuro de las tarifas de energía?
El informe de Corficolombiana apuntó que, a mediano plazo, la solución a los problemas del sector energético pasa por la necesidad de reestructurar el sistema de indexación de precios. Los expertos coinciden en que es urgente desarrollar un nuevo mecanismo que refleje de manera más precisa los costos reales de generación, sin comprometer los incentivos para expandir la oferta de energía y mejorar su distribución.
Desde 2020, las tarifas de electricidad en Colombia subieron 70 %, pasando de un costo unitario promedio de $538 por kilovatio hora (kWh) a $916 en 2024. Este incremento impactó directamente a los hogares de estrato 4, cuyos recibos mensuales subieron de $85.000 a $144.000 en promedio, por el mismo consumo de energía. Esta tendencia alcista se aceleró particularmente entre 2021 y 2022, cuando las tarifas llegaron a aumentar hasta 28,5 % anual.
El impacto de la pandemia en las tarifas fue significativo, ya que el mecanismo de la opción tarifaria permitió a los usuarios pagar menos durante el confinamiento, acumulando saldos que posteriormente se cobrarían.
Aunque esta medida alivió la carga temporalmente, el saldo por pagar se ha traducido en un aumento considerable en las facturas de energía desde 2021. Las diferencias regionales también son notables: mientras que en la Costa Atlántica los usuarios pagaron tarifas hasta 30% más bajas durante el pico de la opción tarifaria, hoy enfrentan costos hasta 30% superiores a los estipulados por la fórmula reguladora.
El caso de Air-e, la empresa que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira, es crítico. Así las cosas, tras la intervención del Gobierno y la suspensión del cobro de la opción tarifaria, las tarifas de energía en estas regiones deberían reducirse significativamente, afectando a usuarios de todos los estratos. Esta medida ha sido presentada como una solución temporal, mientras se avanza en el desarrollo de políticas más estructurales que promuevan la sostenibilidad del sistema eléctrico en el país.
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Las tarifas de energía a nivel internacional
Entre 2020 y 2024, Colombia experimentó un incremento promedio anual de 12,8 % en las tarifas de electricidad para los hogares, un ritmo muy superior al promedio de la región, donde el aumento fue de 4,1 % anual.
Países como México y Chile optaron por mecanismos de control que, aunque inicialmente mantuvieron bajos los precios, ahora enfrentan grandes desafíos fiscales e inflacionarios, señalaron los analistas de Corficolombiana.
Chile, por ejemplo, acumula una deuda de alrededor de US$6.000 millones por congelar las tarifas eléctricas, mientras que en México el Gobierno ha destinado 0,3 % de su PIB anual para subsidiar el costo de la electricidad.
En comparación, Colombia se optó por un enfoque más gradual, permitiendo aumentos constantes pero moderados. Sin embargo, esto generó una creciente presión sobre los usuarios, especialmente en regiones como la Costa Atlántica, donde los costos adicionales por pérdidas y por el saldo de la opción tarifaria han sido más pronunciados.
Finalmente, el reto inmediato para Colombia es lograr un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y el alivio de las tarifas de energía, evitando medidas drásticas como las observadas en otros países de la región. La inversión en infraestructura energética, la mejora en la eficiencia de las redes de distribución y una revisión de los mecanismos de fijación de precios serán clave para asegurar una estabilidad en el mediano y largo plazo, concluyeron los analistas.
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