El campo minado del impuesto a las iglesias
Este es un asunto mucho más político que económico. Sin embargo, las exenciones en renta que tienen estas instituciones equivaldrían a unos $2 billones anualmente. Un punto medio podría ser tratarlas, tributariamente, como una entidad sin ánimo de lucro: no pagar si hay inversión social.
Santiago La Rotta
La reforma tributaria es una de las primeras grandes discusiones alrededor del gobierno Petro. Ya vendrán otras, como la agraria o la laboral. Pero, al menos por estos días, las palabras de moda son, una vez más, impuestos, renta y, cómo no, exenciones.
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La reforma tributaria es una de las primeras grandes discusiones alrededor del gobierno Petro. Ya vendrán otras, como la agraria o la laboral. Pero, al menos por estos días, las palabras de moda son, una vez más, impuestos, renta y, cómo no, exenciones.
Un tema que suele revivir de tanto en tanto en la discusión de la tributaria es la posibilidad de que las iglesias se bajen del bus de las exenciones y se suban al de la contribución en el impuesto de renta.
El debate, a pesar de su peso económico, suele ser una discusión muchísimo más política que económica. Y esta ocasión no es la excepción a la regla.
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Algunas fuentes del Gobierno, involucradas en el diseño de política pública, admiten que sería un paso adelante gravar con renta al menos parte de la actividad de las iglesias. “Se ha hablado así informalmente de que los templos y lugares de culto sigan exentos, pero que el resto de propiedades entren a declarar y pagar: una cosa es la libertad de cultos y el tema de evitar doble tributación, pero otro es agarrar ese derecho para proteger un portafolio de inversiones. Pero la idea no tiene seguidores arriba”, según un funcionario que pidió el anonimato, pues no está autorizado para hablar sobre estas discusiones.
La tributaria de Petro, encabezada por su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, comenzó siendo un proyecto que buscaba unos $25 billones, principalmente apretando en impuesto de renta a las personas naturales que tienen ingresos por encima de los $10 millones, aunque también introduciendo nuevos impuestos a algunas exportaciones de productos de las industrias extractivas (petróleo, oro y carbón), entre otros tributos.
Sin embargo, en las primeras discusiones en el Congreso, así como con gremios y empresarios, pareciera que a la iniciativa se le ha ido recortando el alcance en unos $9 billones.
Con este panorama inicial, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando si las iglesias contribuyeran en renta?
La cifra mágica
Ponerles un número a los posibles impuestos a las iglesias, o al menos proyectar de cuánto es ese hueco fiscal (legal, hay que hacer la claridad) es notoriamente difícil. Así lo señala un documento reciente de Dejusticia que analiza el panorama alrededor de esta exención.
Los autores de la investigación argumentan que las exenciones otorgadas a las iglesias se pueden asumir como un gasto público, pues equivalen “a un recaudo potencial que deja de percibir el Estado al permitir a ciertas personas, sectores o actividades económicas no tributar”. Incluso hay una interpretación bajo la cual la renuncia a percibir estos recursos puede interpretarse como un subsidio.
Históricamente, la exención en renta de la que gozan las iglesias está atada al Concordato, el tratado que alguna vez suscribió Colombia con la Iglesia católica, antes de que la Constitución de 1991 modernizara al país hacia el Estado laico y la libertad de cultos. En su momento, la Corte Constitucional amplió este beneficio tributario a todo tipo de iglesias, legalmente reconocidas por el Ministerio del Interior, para no ejercer una discriminación en pro del catolicismo (por aquello de la libertad de cultos, de nuevo).
De fondo, la Corte consideró que la exención era constitucional al argumentar que “los fieles tributarían más de una vez, una por su patrimonio y otra para cubrir el impuesto para sus templos y demás bienes referidos, lo que es contrario a la equidad”. Es decir, para evitar la doble tributación que se mencionó arriba.
Y esta es una de las razones por la cual subir al bus de la contribución a las iglesias no ha prosperado. La otra es, claro, el campo minado político de tomar esta decisión.
De acuerdo con información de la DIAN, el año pasado 9.559 iglesias declararon patrimonio e ingresos en Colombia y lo hicieron de esta forma: casi $15 billones en patrimonio bruto y poco más de $5 billones en ingresos brutos.
Un cálculo preliminar daría que, bajo la máxima tarifa del 35 %, las iglesias declarantes tributarían menos de $2 billones al año. No es plata de bolsillo, pero tampoco ameritaría la pelea política que supondría este cambio, de acuerdo con Óliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.
Según los datos de la DIAN, entre 2020 y 2021 hubo una baja sensible en el número de iglesias que declararon sus ingresos y patrimonio, pues pasamos de casi 15.000 a los 9.500 reportados para el año pasado.
Además de las exenciones, el Estado ha destinado $5.700 millones para organizaciones y actividades religiosas en los últimos cinco años, según datos recopilados por la investigación de Dejusticia. Varios gobiernos departamentales y municipales también han destinado recursos para este fin; destaca en este aspecto Antioquia, en donde se han invertido $14.800 millones. Los autores resaltan que “es importante señalar que la opacidad que caracteriza el proceso presupuestario colombiano no le posibilita a la ciudadanía conocer el uso específico de estos recursos que presentamos”.
Ahora bien, otra parte de la argumentación a las exenciones tributarias a las iglesias se sostiene en la labor social que estas entidades realizan, su papel en el tejido de comunidades locales en todo el país. Esto en el caso de muchas entidades religiosas.
Pero en el caso de otras es claro que son bastiones de poder económico, y en muchas ocasiones político. La peregrinación de candidatos para puestos de elección popular hacia algunas de estas congregaciones puede hablar elocuentemente sobre esto.
Un punto medio entre la labor social, la de verdad, y las exenciones tributarias podría ser incluir a las iglesias en el régimen vigente para las llamadas Esales (entidades sin ánimo de lucro), como lo explica el experto en tributación Brandon Espinel (miembro de la Red de Trabajo Fiscal).
“Si se demuestra que una entidad hace inversión social o desarrolla una actividad meritoria, podría tener derecho a una renta exenta. Si no es así, dicha entidad pagaría como lo haría una fundación del régimen tributario especial a la tarifa correspondiente. Es un tema de control del Estado para verificar que nadie esté abusando de ese régimen, que es muy estricto y vigilado”.
Con todo, es poco posible que en los ajustes que se le hagan a la tributaria emerja el asunto de las iglesias. De fondo, como ya se dijo, es un asunto más político que macroeconómico (sin que esto signifique que es un dinero despreciable). Y, al parecer, el escenario no está dado para cruzar ese campo minado de intereses, así haya razones fiscales y casi que morales para impulsar esta discusión, según algunos.