El CARF envía alertas sobre riesgos de incumplimiento en la regla fiscal
Para el próximo año, el comité estima que se necesitará un ajuste fiscal de $52 billones. ¿Qué pasaría si Colombia incumple con la regla fiscal?
2024 ha sido un año complejo en materia fiscal, y se prevé que esta situación seguirá en 2025. Aunque este es un tema que suena técnico y lejano de nuestra cotidianidad, lo cierto es que impacta a todos los colombianos, pues de esto depende el presupuesto de la nación, es decir, los dineros que se destinan a programas sociales como subsidios, inversión en infraestructura y financiación para el funcionamiento de las instituciones del Estado, entre otros rubros.
El más reciente pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), detalla que el recaudo tributario en 2024 (principal fuente de ingresos para el Estado) cerrará el año unos $15 billones por debajo de la meta actualizada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) publicado en junio, así como $72 billones inferior a los ingresos tributarios programados en el Presupuesto General de la Nación.
Como la demanda de recursos continúa, aún cuando el recaudo cae, el Gobierno tuvo que hacer importantes ajustes en su gasto fiscal, esto mediante decretos de aplazamientos y de recortes, así como de ajustes al Plan Anual de Caja (PAC), lo que, según lo explicado por el comité, ha implicado $20,6 billones.
“Con la información a la fecha, el CARF estima que cumplir con el gasto fiscal consistente con el cumplimiento de la Regla Fiscal ($289 billones) requiere medidas adicionales por alrededor de $40 billones (2,4 % del PIB). Estas medidas incluyen no solamente un mayor recorte sino un mejor manejo del PAC, dentro de la medida de lo posible, entre otras acciones”, se lee en el documento.
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En su comunicación número 13 del año, el comité estimaba que se necesitaba un ajuste fiscal adicional de $31 billones, esto contando con que el recaudo tributario se ubicaría en unos $10,4 billones por debajo de la meta, así como un decreto de recorte adicional por $13 billones. Sin embargo, en anuncios posteriores del gobierno se confirmó que el decreto de recorte se ejecutaría por COP 28,4 billones, lo que implica una disminución adicional del gasto fiscal de COP 8,4 billones.
La ejecución (el dinero que se ha gastado versus los programas anunciados en el presupuesto) es otro tema que preocupa al comité. Con corte a noviembre se evidencia un rezago en comparación con la misma ventana de tiempo del año pasado. La relación entre obligaciones y apropiaciones entre enero y noviembre de 2024 se ubica en 71,1%, 8,3 puntos porcentuales (pp) por debajo del nivel observado en ese periodo 2023.
“El CARF ha adelantado ejercicios que sugieren que alcanzar el gasto primario requerido para cumplir con la regla fiscal luce retador. Haciendo la conversión de ejecución de gasto del PGN a ejecución fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) se observa que el gasto fiscal primario a noviembre se ubicó en$283,6 billones. Esto implica que en diciembre el gasto primario deberá situarse en $5,4 billones para cumplir con la regla fiscal. Sin embargo, históricamente, el gasto fiscal primario en diciembre ha sido 32% superior al observado, en promedio, entre enero y noviembre, y el gasto primario promedio mensual en 2024 ha sido cercano a $26 billones”, añade.
Sobre todo esto hay que recordar que el Gobierno admite el problema fiscal presente y el que se vendría para el próximo año. Es por esto que se pidió un incremento considerable para el Presupuesto General de la Nación en 2025, mismo que se encuentra desfinanciado y del que, se dijo, necesitará una reforma tributaria que le ayude a alcanzar, de cierto modo, un punto de equilibrio.
Sin embargo, esa reforma tributaria (bautizada por el Gobierno como Plan de Financiamiento) no prosperó en el Congreso, en parte por que los congresistas cuestionaron la administración que ha tenido el país en 2024, con los bajos niveles de ejecución presupuestal, así como los “elevados” gastos operativos que tiene el Estado. En suma, el mensaje que le quisieron dar a Gustavo Petro, a su gabinete e instituciones, es que se requiere más austeridad y materialización de las obras. Sin embargo, esto de entrada no resuelve el problema fiscal que hay de fondo, por lo que persiste la incertidumbre y acciones que alerta el CARF para el próximo año.
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En su pronunciamiento también se levantaron banderas rojas sobre los actuales niveles de caja, los cuales ponen en riesgo la liquidez de la nación. Con corte al 6 de diciembre, la caja se ubicó en $6,4 billones, cerca del mínimo histórico (entre 2012 y 2023) para ese mes. Para el CARF, esto también es un reflejo de la inconsistencia que hay entre la programación del gasto y la capacidad de generación de ingresos estructurales, lo cual genera preocupación sobre la posición de caja para 2025.
“Para 2025, el CARF estima que se requiere un ajuste fiscal de $52 billones (2,9 % del PIB) para cumplir con la regla fiscal respecto del PGN 2025. Los indicadores fiscales finales de este año impactarán la situación de 2025. La brecha entre el recaudo previsto y la meta de ingresos tributarios de 2024, que fue utilizada para programar el PGN 2025, se traduce en una menor base de ingresos con respecto de lo que había sido proyectado. En concreto, el CARF estima que la menor base de recaudo de 2024 reducirá los ingresos de 2025 en $17 billones. A eso se le suma que el CARF estima que los ingresos por gestión de la DIAN serán inferiores en $ 22,6 billones a los incluidos en el PGN 2025, mientras que la no aprobación de la Ley de Financiamiento reduce la expectativa de recaudo en $12 billones frente al presupuesto que será decretado”, precisó.
Las expectativas están puestas, entonces, en los recortes que adelantará el Gobierno para adelantar todo lo posible con lo que tiene, sin incumplir con la regla fiscal ni con el compromiso de la deuda que tiene la nación.
En las últimas semanas se han conocido noticias que estarían en línea con esto, como lo es el caso del ICETEX, los subsidios del Ministerio de Vivienda y el programa Batuta. Los cuestionamientos apuntan a en qué sectores se debería aplicar estos recortes, pues en esto, según lo explicado por el Ministerio de Hacienda, el Gobierno no tiene mucha flexibilidad debido a que el grueso de sus ingresos ya se encuentra comprometido en el servicio de la deuda y los costos operativos de sus entidades.
¿Qué pasa si Colombia incumple con la regla fiscal?
El cumplimiento de la Regla Fiscal no es un asunto menor, pues mantiene la imagen de “buena paga” y de solidez fiscal de Colombia ante el mundo. De cierta forma, guardando las proporciones, se podría hacer el símil con la relación que tiene una persona con el sistema financiero.
Cumplir la regla fiscal se traduce en mantener a raya el gasto para que Colombia pueda responder con sus obligaciones macroeconómicas, sus deudas externas.
Si el país gasta más de lo que debe (si incumple la regla fiscal), no solo no tendrá dinero para pagar su deuda, sino que demandará más deuda (algo insostenible si se tiene en cuenta que, según el Banco de la República, con corte a septiembre del presente año esta alcanzó los US$197.361 millones, lo que representó el 47,9 % de su PIB).
En ese escenario, las calificadoras de riesgo rebajarían aún más la calificación que le dan al país (también hay que recordar que en muchas Colombia ya perdió el grado de inversión), lo que implicaría tasas de interés más altas, es decir, un mayor incremento de la deuda.
Siguiendo con el símil, es como si un deudor mala paga entrara en mora con un banco, lo que hará este es pasar el reporte a las centrales de riesgo, afectando así su puntaje crediticio, lo que termina en lo mismo, mayores pagos en tasas de interés.
También se afectaría la inversión en el país, pues esta inestabilidad fiscal implicaría un escenario de incertidumbre para compañías que quieran hacer crecer sus negocios en la nación. En suma, incumplir con la regla fiscal tendría importantes repercusiones, de allí el llamado al tacto y a la buena ejecución para mantener esa solidez que, según diversos analistas, ha caracterizado a Colombia.
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2024 ha sido un año complejo en materia fiscal, y se prevé que esta situación seguirá en 2025. Aunque este es un tema que suena técnico y lejano de nuestra cotidianidad, lo cierto es que impacta a todos los colombianos, pues de esto depende el presupuesto de la nación, es decir, los dineros que se destinan a programas sociales como subsidios, inversión en infraestructura y financiación para el funcionamiento de las instituciones del Estado, entre otros rubros.
El más reciente pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), detalla que el recaudo tributario en 2024 (principal fuente de ingresos para el Estado) cerrará el año unos $15 billones por debajo de la meta actualizada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) publicado en junio, así como $72 billones inferior a los ingresos tributarios programados en el Presupuesto General de la Nación.
Como la demanda de recursos continúa, aún cuando el recaudo cae, el Gobierno tuvo que hacer importantes ajustes en su gasto fiscal, esto mediante decretos de aplazamientos y de recortes, así como de ajustes al Plan Anual de Caja (PAC), lo que, según lo explicado por el comité, ha implicado $20,6 billones.
“Con la información a la fecha, el CARF estima que cumplir con el gasto fiscal consistente con el cumplimiento de la Regla Fiscal ($289 billones) requiere medidas adicionales por alrededor de $40 billones (2,4 % del PIB). Estas medidas incluyen no solamente un mayor recorte sino un mejor manejo del PAC, dentro de la medida de lo posible, entre otras acciones”, se lee en el documento.
Le puede interesar: Gobierno oficializa recorte de $28,4 billones en el presupuesto actual
En su comunicación número 13 del año, el comité estimaba que se necesitaba un ajuste fiscal adicional de $31 billones, esto contando con que el recaudo tributario se ubicaría en unos $10,4 billones por debajo de la meta, así como un decreto de recorte adicional por $13 billones. Sin embargo, en anuncios posteriores del gobierno se confirmó que el decreto de recorte se ejecutaría por COP 28,4 billones, lo que implica una disminución adicional del gasto fiscal de COP 8,4 billones.
La ejecución (el dinero que se ha gastado versus los programas anunciados en el presupuesto) es otro tema que preocupa al comité. Con corte a noviembre se evidencia un rezago en comparación con la misma ventana de tiempo del año pasado. La relación entre obligaciones y apropiaciones entre enero y noviembre de 2024 se ubica en 71,1%, 8,3 puntos porcentuales (pp) por debajo del nivel observado en ese periodo 2023.
“El CARF ha adelantado ejercicios que sugieren que alcanzar el gasto primario requerido para cumplir con la regla fiscal luce retador. Haciendo la conversión de ejecución de gasto del PGN a ejecución fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) se observa que el gasto fiscal primario a noviembre se ubicó en$283,6 billones. Esto implica que en diciembre el gasto primario deberá situarse en $5,4 billones para cumplir con la regla fiscal. Sin embargo, históricamente, el gasto fiscal primario en diciembre ha sido 32% superior al observado, en promedio, entre enero y noviembre, y el gasto primario promedio mensual en 2024 ha sido cercano a $26 billones”, añade.
Sobre todo esto hay que recordar que el Gobierno admite el problema fiscal presente y el que se vendría para el próximo año. Es por esto que se pidió un incremento considerable para el Presupuesto General de la Nación en 2025, mismo que se encuentra desfinanciado y del que, se dijo, necesitará una reforma tributaria que le ayude a alcanzar, de cierto modo, un punto de equilibrio.
Sin embargo, esa reforma tributaria (bautizada por el Gobierno como Plan de Financiamiento) no prosperó en el Congreso, en parte por que los congresistas cuestionaron la administración que ha tenido el país en 2024, con los bajos niveles de ejecución presupuestal, así como los “elevados” gastos operativos que tiene el Estado. En suma, el mensaje que le quisieron dar a Gustavo Petro, a su gabinete e instituciones, es que se requiere más austeridad y materialización de las obras. Sin embargo, esto de entrada no resuelve el problema fiscal que hay de fondo, por lo que persiste la incertidumbre y acciones que alerta el CARF para el próximo año.
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En su pronunciamiento también se levantaron banderas rojas sobre los actuales niveles de caja, los cuales ponen en riesgo la liquidez de la nación. Con corte al 6 de diciembre, la caja se ubicó en $6,4 billones, cerca del mínimo histórico (entre 2012 y 2023) para ese mes. Para el CARF, esto también es un reflejo de la inconsistencia que hay entre la programación del gasto y la capacidad de generación de ingresos estructurales, lo cual genera preocupación sobre la posición de caja para 2025.
“Para 2025, el CARF estima que se requiere un ajuste fiscal de $52 billones (2,9 % del PIB) para cumplir con la regla fiscal respecto del PGN 2025. Los indicadores fiscales finales de este año impactarán la situación de 2025. La brecha entre el recaudo previsto y la meta de ingresos tributarios de 2024, que fue utilizada para programar el PGN 2025, se traduce en una menor base de ingresos con respecto de lo que había sido proyectado. En concreto, el CARF estima que la menor base de recaudo de 2024 reducirá los ingresos de 2025 en $17 billones. A eso se le suma que el CARF estima que los ingresos por gestión de la DIAN serán inferiores en $ 22,6 billones a los incluidos en el PGN 2025, mientras que la no aprobación de la Ley de Financiamiento reduce la expectativa de recaudo en $12 billones frente al presupuesto que será decretado”, precisó.
Las expectativas están puestas, entonces, en los recortes que adelantará el Gobierno para adelantar todo lo posible con lo que tiene, sin incumplir con la regla fiscal ni con el compromiso de la deuda que tiene la nación.
En las últimas semanas se han conocido noticias que estarían en línea con esto, como lo es el caso del ICETEX, los subsidios del Ministerio de Vivienda y el programa Batuta. Los cuestionamientos apuntan a en qué sectores se debería aplicar estos recortes, pues en esto, según lo explicado por el Ministerio de Hacienda, el Gobierno no tiene mucha flexibilidad debido a que el grueso de sus ingresos ya se encuentra comprometido en el servicio de la deuda y los costos operativos de sus entidades.
¿Qué pasa si Colombia incumple con la regla fiscal?
El cumplimiento de la Regla Fiscal no es un asunto menor, pues mantiene la imagen de “buena paga” y de solidez fiscal de Colombia ante el mundo. De cierta forma, guardando las proporciones, se podría hacer el símil con la relación que tiene una persona con el sistema financiero.
Cumplir la regla fiscal se traduce en mantener a raya el gasto para que Colombia pueda responder con sus obligaciones macroeconómicas, sus deudas externas.
Si el país gasta más de lo que debe (si incumple la regla fiscal), no solo no tendrá dinero para pagar su deuda, sino que demandará más deuda (algo insostenible si se tiene en cuenta que, según el Banco de la República, con corte a septiembre del presente año esta alcanzó los US$197.361 millones, lo que representó el 47,9 % de su PIB).
En ese escenario, las calificadoras de riesgo rebajarían aún más la calificación que le dan al país (también hay que recordar que en muchas Colombia ya perdió el grado de inversión), lo que implicaría tasas de interés más altas, es decir, un mayor incremento de la deuda.
Siguiendo con el símil, es como si un deudor mala paga entrara en mora con un banco, lo que hará este es pasar el reporte a las centrales de riesgo, afectando así su puntaje crediticio, lo que termina en lo mismo, mayores pagos en tasas de interés.
También se afectaría la inversión en el país, pues esta inestabilidad fiscal implicaría un escenario de incertidumbre para compañías que quieran hacer crecer sus negocios en la nación. En suma, incumplir con la regla fiscal tendría importantes repercusiones, de allí el llamado al tacto y a la buena ejecución para mantener esa solidez que, según diversos analistas, ha caracterizado a Colombia.
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