El doble filo de la opción tarifaria en el sistema eléctrico colombiano

Como en algunas regiones empiezan a sentirse los primeros efectos del fenómeno de El Niño, la preocupación por la suerte del costo de la electricidad comienza a quitarles el sueño a los colombianos. El otro quebradero de cabeza tiene que ver con posibles cortes en el servicio de energía.

Como en algunas regiones empiezan a sentirse los primeros efectos del fenómeno de El Niño, la preocupación por la suerte del costo de la electricidad comienza a quitarles el sueño a los colombianos. El otro quebradero de cabeza tiene que ver con posibles cortes en el servicio de energía.

Pese a que no se han diseñado campañas de ahorro de energía para mitigar el peligro de eventuales apagones, la mayor intranquilidad se cuela por el lado del costo de la electricidad.

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Desde marzo de 2020 las comercializadoras de energía comenzaron a aplicar un mecanismo que se denominó “opción tarifara”, autorizado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y que favoreció a los estratos de menores ingresos.

¿Alivio al bolsillo de los consumidores?

Este mecanismo regulatorio permitió a las electrificadoras suavizar las alzas inesperadas en el valor de la tarifa de electricidad a los usuarios finales, sobre todo a los de menores ingresos.

La disparada del precio de la electricidad, que se registró en la mayor parte del mundo afectando a toda la población, especialmente a los de bajos ingresos, se logró amortiguar en el país. Esas alzas en el costo del servicio no se trasladaron en su totalidad a los usuarios.

El exministro de Minas y Energía Diego Mesa recordó que en 2008 “la CREG introdujo la opción tarifaria que permite a los agentes en el segmento de distribución suavizar cambios abruptos en la tarifa”. Este mecanismo se ha usado muchas veces, pero nunca en actividades en competencia como la generación, sostiene. El mecanismo de opción tarifaria siempre ha estado vigente para que las electrificadoras lo adopten en momentos especiales, como la crisis sanitaria de 2020.

Con la resolución expedida por la CREG en 2020 se permitió a varias comercializadoras establecer planes de pago de 36 meses para los usuarios de menores ingresos y de 24 para los estratos medios.

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Aquí vale la pena aclarar que el aspecto que hace la diferencia entre, por ejemplo, el valor de las tarifas de los habitantes de la región Caribe y el interior del país es el costo unitario (CU). El valor del CU se genera a partir de las siguientes variables: Generación + Transmisión + Distribución + Pérdidas + Comercialización + Restricciones.

Al CU se le aplica el esquema de subsidios y contribuciones (Resolución UPME 0355 del 8 de julio de 2004) para determinar la tarifa que le aplica a cada tipo de usuario, por ejemplo el nivel socioeconómico (estrato) o sector al que pertenece la instalación, sea comercial o industrial, según explicó la Electrificadora de Santander.

El problema para la región Caribe es que las pérdidas técnicas llevaron un peso mayor al valor del costo de la electricidad.

Debido a la activación de la opción tarifaria por parte de la CREG, los consumidores se favorecieron, pero esta ha dejado una costosa carga de financiación en las empresas comercializadoras. Este nivel de deuda de los usuarios “ha estado principalmente en cabeza de las empresas comercializadoras de electricidad”, reconoce el director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), Camilo Manzur.

La Asociación tiene 21 empresas afiliadas, siendo la mayoría de capital público y mixta. Actualmente a todas les deben, “a unas más que a otras”, dice el dirigente gremial. El 50 % de los saldos están en las dos empresas de la región Caribe: Afinia y A-ires; el 58 % de los saldos corresponden a las empresas del Grupo EPM.

La función del pacto tarifario

Pero la situación para las empresas comercializadoras se agravó con la puesta en marcha del pacto tarifario del Gobierno. Con la vigencia de ese pacto, es decir, desde septiembre de 2022 hasta septiembre pasado, los costos promedios ponderados de prestación del servicio de las empresas de Asocodis se incrementaron en 7,6 %, muy por debajo del IPC (Índice de Precios al Consumidor), que para el mismo período fue del 11 %, señala Manzur.

Lo cierto es que si estas medidas han servido para frenar alzas en el precio de la electricidad para los usuarios de los estratos bajos, para las electrificadoras ha representado “un problema de iliquidez insostenible”. Mientras el bolsillo de los usuarios se ha defendido, la liquidez de las empresas comercializadoras se ha deteriorado. Por ahora no se vislumbra ninguna solución, pues la deuda se mantiene.

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Según Asocodis, al 31 de octubre de este año, las empresas comercializadoras tenían saldos por recuperar cercanos a los $7 billones, esto como resultado, principalmente, de la aplicación de opciones tarifarias (desde la pandemia e incluyendo el pacto tarifario), de los subsidios otorgados a los usuarios y de las deudas de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos.

Esta situación para las electrificadoras podría agravarse por el fenómeno de El Niño y por otros aspectos regulatorios, como el factor de compra de energía. Dicho factor “se convierte en otra opción tarifaria que debe revisarse y corregirse de manera urgente”, admite el director de Asocodis.

Tarifas, cortes y el fenómeno de El Niño

“El margen de maniobra de las compañías de distribución y comercialización eléctrica en Colombia para atender necesidades de liquidez y refinanciamiento en 2024 se está estrechando”, advirtió recientemente la firma calificadora Fitch Ratings.

El gremio que agrupa a las electrificadoras estima que del saldo por la opción tarifaria que se encuentra en $5 billones, el 20 % corresponde a subsidios que debe pagar la nación. Pero de los $7 billones que es la deuda total, la tercera parte aproximadamente es deuda del Estado (nacional y local).

¿Dónde están las soluciones?

Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es ponerse al día con el sector de las electrificadoras que cargan el peso de la deuda. Hay que ponerle freno para evitar “que los saldos continúen incrementándose”, sostiene Asocodis.

También hay que entender que las tarifas deben “garantizar la prestación futura del servicio contribuyendo a incrementar la cobertura, a mejorar la calidad del servicio, a modernizar y adecuar las redes”, señala el gremio.

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Como objetivo de política pública y de la regulación, se debe “mantener un balance y equilibrio adecuado y razonable entre tarifas eficientes, garantía en la prestación futura del servicio y sostenibilidad de las empresas”, considera Camilo Manzur.

La tarea para mantener el sistema funcionando con tarifas competitivas que no ahoguen a los usuarios se consigue con la combinación de varios aspectos. Según el dirigente gremial eso implica “enfoques innovadores en aspectos como subsidios, incentivos a la inversión, eficiencia e innovación tecnológica, fortalecimiento institucional en la regulación y vigilancia, campañas de capacitación de los usuarios, creación de comunidades energéticas, adaptabilidad tecnológica, y empoderamiento del usuario”.

Según Manzur, si lo que se desea son tarifas más bajas que las eficientes, lo cual es un objetivo loable de parte de un Estado, “deben explorarse y adoptarse medidas similares a las tomadas en otros países”, tales como subsidios a través del uso de recursos fiscales, regalías, y exoneración de impuestos y sobretasas al sector; “pero sin comprometer la prestación futura del servicio”.

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