La misión del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) es velar porque el Gobierno no se exceda en sus gastos, aumente de forma considerable su deuda, cumpla con sus obligaciones financieras y tenga margen de maniobra ante cualquier eventualidad.
De allí que cualquier advertencia sobre un eventual incumplimento de la regla fiscal (los topes establecidos para que las finanzas del país vayan por la senda correcta) es relevante.
En su más reciente reporte, el CARF informó que en 2024 el Gobierno de Gustavo Petro se saltaría la regla fiscal por incluir en sus cálculos ingresos que no son sostenibles.
Se trata de $10 billones que, según el Ministerio de Hacienda, se esperan recibir por concepto de arbitramentos de litigios. Para el CARF dichos ingresos no son estructurales, ya que se derivan de la desacumulación de un activo contingente. En otras palabras, es un dinero de pago único y del que no se tiene la total certeza que se vayan a pagar en el plazo esperado.
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“En vista de que la Regla Fiscal exige excluir estos recursos, el déficit primario neto estructural sube a 0,8 % del PIB, con lo cual, no se estaría dando cumplimiento a la Regla Fiscal”, se lee en el documento.
Es decir, si se quiere cumplir con los umbrales mínimos de ingresos para este año, el Gobierno deberá buscar otras fuentes (que sean permanentes) para garantizar esos $10 billones que incluyó en sus cuentas.
El Comité también destacó que Colombia completó cuatro años financiando déficit fiscales de más del 4 % del PIB (como es el caso de los huecos presentes en el Fondo para la Estabilización de los Precios del Combustible -FEPC-, los cuales se han ido mitigando por cuenta del ajuste del precio de la gasolina con base en la referencia internacional). En el Plan financiero de 2024, se programa un déficit de 5,3 % del PIB.
“En este escenario, los costos del servicio de deuda representan más del 4% del PIB y consumen 25% de los ingresos tributarios. Este escenario de intereses muestra la presión que ejerce en las finanzas públicas el nivel de deuda que tiene la nación, y también de la percepción de riesgo de los financiadores que exigen tasas de interés altas para la deuda colombiana”, se lee en el informe.
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De cara a esta postura, el Comité también advierte que se está restando espacio para una política fiscal que le permita al gobierno responder a choques inesperados, limitando así su margen de maniobra en el futuro.
Para ayudar a la reducción de los déficit, y brindar recursos a la nación ante eventuales contingencias, el Comité recordó la importancia de ajustar el precio regulado del ACPM, pues continúa la presión en el FEPC.
Con el ajuste al precio de la gasolina se ha logrado reducir el déficit de $36 billones en 2022 a $20,5 billones en 2023, que sería el saldo a alcanzar ante una eventual alza en el precio del ACPM.
“La presión fiscal en 2024 sigue siendo atribuible de un crecimiento del gasto primario sin FEPC que fue programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el Presupuesto General de la Nación, y sigue estando programado por encima del crecimiento de los ingresos”, dice el Comité.
Según las estimaciones del Comité, la deuda del país podría llegar al 57 % del PIB al finalizar 2024, lo que implicaría un incremento si se tiene en cuenta que el año pasado esta cerró en un 55 %.
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