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Las empresas contratistas que prestan servicios a Chevron en Venezuela continúan operando con normalidad a pesar de que el Gobierno de Estados Unidos estableció el 3 de abril como la fecha límite para que la petrolera finalice sus operaciones en el país.
Cabe recordar que, la semana pasada, el Gobierno de EE. UU. oficializó la revocación de la licencia otorgada en noviembre de 2022 a Chevron, que en su momento permitió a la empresa operar en Venezuela con una participación de aproximadamente 200.000 barriles por día.
El presidente Donald Trump justificó la medida señalando que el Gobierno de Maduro no ha cumplido con los compromisos esperados en temas como la deportación de migrantes indocumentados.
De acuerdo con Bloomberg, las compañías de servicios locales que trabajan en tres de las empresas conjuntas de Chevron con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) no han recibido instrucciones de detener sus labores ni han reducido el ritmo de sus actividades. Estas empresas prestan servicios como mantenimiento de pozos, suministro de generadores de energía, perforación y logística para empleados.
Chevron aseguró que está al tanto de la orden impuesta por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump y que acatará cualquier instrucción del Departamento del Tesoro de EE.UU. en relación con la suspensión de sus operaciones.
Sin embargo, hasta el momento, no se ha dado ninguna indicación formal para un cierre inmediato, según fuentes vinculadas al sector.
Chevron evalúa alternativas
El plazo impuesto por Washington acorta el período de reducción gradual que inicialmente era de seis meses. La medida forma parte de la estrategia del Gobierno de EE.UU. para ejercer presión sobre Nicolás Maduro, con el fin de que adopte reformas políticas y acelere la deportación de migrantes venezolanos desde territorio estadounidense, la cual se encuentra paralizada por orden de Maduro tras la medida contra Chevron.
Hasta el momento, Chevron sigue cargando petróleo en las costas venezolanas y realizando importaciones de diluyentes necesarios para la exportación del crudo, como lo informó Bloomberg.
Esta no es la primera vez que Chevron se enfrenta a restricciones en Venezuela. En 2020, la compañía redujo sus operaciones al mínimo tras las sanciones impuestas por EE.UU. en ese momento, lo que llevó a la suspensión de contratos con proveedores y la reestructuración de su logística.
Sin embargo, en esta ocasión no ha habido indicios de cancelación de contratos, retiro de equipos o pagos acelerados a contratistas, lo que sugiere que la empresa confía en la posibilidad de obtener una prórroga o una nueva licencia para continuar en el país.
Según Francisco Monaldi, director de política energética latinoamericana del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice en Houston, Chevron parece estar apostando por una negociación con la administración Trump y el Gobierno de Maduro para encontrar una salida a la situación.
Mientras tanto, la compañía ya ha comenzado a evaluar fuentes alternativas de crudo para sus refinerías en EE.UU., considerando suministros desde México, Brasil y el Medio Oriente, según informó Andy Walz, presidente de Chevron para downstream, en la conferencia CERAWeek de S&P Global en Houston.
El impacto en la economía venezolana
El sector petrolero sigue siendo el principal motor de la economía venezolana. De acuerdo con estimaciones de la consultora caraqueña Ecoanalítica, las operaciones conjuntas entre Chevron y PDVSA representaron alrededor de una cuarta parte de los ingresos totales del gobierno venezolano en 2023 y 2024.
Si la salida de Chevron se concreta, el Observatorio Venezolano de Finanzas proyecta que la economía de Venezuela podría contraerse hasta un 7,5 % este año, debido a la pérdida de ingresos por exportaciones petroleras.
Ante esta situación, Fedecámaras, la mayor patronal del país, pidió a Caracas y Washington retomar el diálogo, advirtiendo que la decisión de EE.UU. podría afectar severamente la economía venezolana, especialmente en las regiones que dependen en gran medida del sector petrolero.
En un comunicado, Fedecámaras expresó su preocupación por el impacto de la medida en sectores estratégicos como la salud y la educación, además del riesgo que representa para muchas empresas vinculadas a la industria petrolera.
“Hacemos un llamado a evaluar con responsabilidad los efectos de esta medida y a buscar soluciones que eviten mayores distorsiones en el aparato económico, en un momento en que Venezuela necesita certezas y oportunidades para avanzar”, señaló la organización gremial.
El gremio empresarial también destacó que la estabilidad del sector es clave para preservar la producción, atraer inversiones y garantizar el bienestar de la población.
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