El incierto panorama del sector eléctrico

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), Natalia Gutiérrez, en entrevista con El Espectador advierte sobre las consecuencias de la intervención en la institucionalidad y la posibilidad de apagones por la falta de inversión. “De aquí a 2029 se van a necesitar entre $16 y $21 billones para atender el crecimiento proyectado de la demanda”, sostiene la dirigente gremial.

¿Qué tan oscuro se presenta el panorama para el sector eléctrico en este año?

Hoy Colombia cuenta con autoabastecimiento de energía eléctrica y un diseño de mercado que permite que el país esté encendido 24 horas al día, siete días a la semana e incluso en eventos climáticos extremos. Pero eso no quiere decir que no estemos atentos a los ajustes que se deben hacer de acuerdo con los cambios en la oferta y la demanda de energía del país para mantener y reforzar esa confiabilidad. Este es un mercado que se ajusta y, por eso, es importante que el Gobierno Nacional dé señales de expansión claras y a tiempo para seguir contando con luz en nuestros hogares, oficinas, clínicas, colegios, etc. Estas señales de expansión deben estar acompañadas de una política pública que mantenga la confianza inversionista y, por supuesto, se vuelve crucial que los proyectos que se encuentran en construcción puedan iniciar operaciones lo más pronto posible.

¿Cómo se ve el presente y futuro del sector eléctrico?

Un país que quiera ir camino a la neutralidad en carbono le debe apostar a la electricidad y ojalá todos los días con fuentes más limpias, como es el caso colombiano, donde tenemos más del 70 % de nuestra matriz renovable. En Colombia, de manera equilibrada, se han dado señales de política pública para que energías como la solar y la eólica entren a diversificar la matriz sin poner en riesgo el suministro de energía a precios eficientes.

El futuro depende sustancialmente de las reglas de juego que tenga cada país y de las señales de confianza inversionista que se den para que las empresas, tanto públicas como privadas, hagan las inversiones necesarias para atender la demanda de energía. En el caso colombiano, desafortunadamente en la reforma tributaria se tomaron medidas que desincentivan la inversión en este sector, lo que, sumado a las condiciones macroeconómicas de inflación, tasas de interés y devaluación, hace todos los días más difícil que los proyectos cierren económicamente.

En este sector las inversiones son de largo aliento. En Colombia tenemos que decidir cuál “dieta” de expansión queremos, pues con un escenario de crecimiento medio de la demanda y con la información que tenemos hoy de energía firme y las obligaciones que tienen los agentes con el sistema del operador del mercado XM necesitamos invertir, de aquí a 2029, entre $16 y $21 billones para atender el crecimiento proyectado de la demanda. Los $16 billones serían un “mix” entre renovables y térmicas a gas natural; es decir, una dieta eficiente, mientras los $21 billones son de una dieta 100 % renovable. Esto es adicional a los proyectos que tienen las empresas para responder a los compromisos de la subasta de energía firme de 2019 y a los compromisos de la subasta de contratos de largo plazo del Ministerio de Minas y Energía, que superan los $10 billones.

¿Cómo está el parque generador del país? ¿Hay tranquilidad en el sector con el suministro de gas y otros combustibles?

Tenemos una matriz que supera los 18,8 GW de potencia, de los cuales 70 % aproximadamente es hidroelectricidad, 29 % es generación térmica y alrededor del 1 % es generación renovable no convencional. En el último año hemos incorporado generación térmica de proyectos nuevos como Tesorito y modernizaciones como Termovalle, Termoyopal y Termocandelaria, lo cual nos permite incrementar la confiabilidad del sistema. Además, tenemos alrededor de 5 GW en proyectos, incluido Ituango, que deben iniciar operación antes de 2025. Con lo anterior creemos que el sistema tiene energía suficiente para atender la demanda hasta ese año. Sin embargo, sí se necesitan señales hoy para lo que viene después de 2025-2026.

Desde el año pasado el sector está en el ojo del huracán por el tema de las tarifas eléctricas: ¿realmente hubo una rebaja?

El precio de la energía eléctrica no ha sido ajeno a los impactos macroeconómicos globales: todo se ha encarecido y hemos trabajado para mitigar ese impacto en los usuarios. El Pacto por la Justicia Tarifaria, liderado por la ministra Vélez, sí dio resultados, pues se cambió el indexador en los contratos de generación y se logró frenar la tendencia al alza, pero, como lo mencioné, la coyuntura no es solo del sector eléctrico sino de toda la economía.

Sin embargo, siempre dijimos que había unas medidas de corto y otras de largo plazo en las que debíamos trabajar en conjunto con el Ministerio y la CREG en toda la cadena. Nosotros los generadores estamos trabajando en propuestas para llevar al Gobierno Nacional en este principio de año.

¿En cuánto bajaron y por qué no se reflejó esa rebaja en el recibo de los consumidores?

Si se comparan las tarifas de enero frente a las de octubre no subieron, mientras la inflación sí lo hizo: en términos económicos, esto significa una disminución, pues el costo de vida no ha parado de aumentar. Esto se puede ver en el último informe del DANE sobre precios, en donde el de la energía eléctrica fue uno de los que contribuyó a disminuir los incrementos. Pero, además, hicimos un llamado al ahorro en el consumo de energía para que en diciembre el esfuerzo que hizo toda la cadena no se viera opacado por el aumento en el consumo de energía por las fiestas y vacaciones.

En comparación con octubre de 2022, el componente de generación frenó su senda de crecimiento y, en noviembre y diciembre de 2022, disminuyó casi un 4 %. En las regiones del país se vieron disminuciones en el componente de generación en el período mencionado: zona centro (-8,45 %), Eje Cafetero (-5,34 %), Valle (-3,26 %), zona sur (-1,83 %) y Caribe (-0,32 %), según XM.

¿A qué se atribuye el alza de las tarifas en época de embalses en buen nivel?

Hoy el nivel está 3,21 % por encima del mínimo (el esperado por la senda), esto significa que contamos con unos tres días de reservas en caso de que deje de llover: el agua que sobra en el sistema no es tanta como se cree. La demanda no ha dejado de crecer, pero los proyectos sí se han dejado de construir por los riesgos sociales y ambientales que hoy en día representan.

¿Qué se requiere para conseguir un verdadero alivio en el precio de la electricidad, especialmente para los habitantes de la región Caribe?

La solución no es tan sencilla. Para que los precios bajen necesitamos más oferta. Hoy deberíamos tener alrededor de 5 GW más de oferta renovable de los que tenemos. De estos 5 GW, más de la mitad se han retrasado principalmente por temas de consulta previa y licencias ambientales, afectando la cantidad de energía que tenemos disponible todos los colombianos.

Para el caso específico de la región Caribe también tenemos un problema identificado, que es el porcentaje de pérdidas, el cual es más del doble del resto del país, y las restricciones, que significan atraso en las redes de alta y baja tensión para transportar energía, cosa que no sucede en el resto del país.

Intervención preocupante

¿Es sano que el Gobierno anuncie revisar los criterios técnicos para calcular las tarifas eléctricas?

El Gobierno Nacional siempre puede revisar los criterios técnicos para el cálculo de las tarifas. Así lo ha hecho los últimos 30 años con los delegados del Ministerio de Hacienda, del DNP y del Ministerio de Minas y Energía, que tiene poder de veto dentro de la CREG. Somos respetuosos de las decisiones que tome el Gobierno, pero reiteramos que es muy importante apoyarse en la institucionalidad existente del sector. Intervenir nunca va a ser una buena señal. Aquí tenemos un sector altamente regulado, con principios técnicos y estudios detallados que respaldan las decisiones.

¿Qué consecuencia puede traer para el sector la intervención de la institucionalidad técnica?

Normalmente, las intervenciones tienen un efecto contrario al que se espera, pues se aumenta la percepción de riesgo y esto disminuye la confianza inversionista. En un sector cuyas inversiones para los próximos años superan los $20 billones y que anualmente representa alrededor de $7 billones en tributos, estos cambios sin soporte, sin análisis técnico, sin una socialización adecuada, ponen en riesgo mantener estos niveles de inversión y, lo que es más delicado, la calidad de la prestación del servicio a los usuarios.

La estabilidad jurídica y regulatoria se ha traducido en seguridad en el servicio y la inversión. ¿Se está rompiendo esa situación?

Lo que viene sí nos preocupa. La retoma de funciones no es necesariamente un quiebre en la confianza, pero lo que se haga con esta acción sí puede serlo. Confiamos en que las decisiones que vienen puedan ser sustentadas, soportadas con análisis jurídicos, técnicos, económicos de costo-beneficio para los usuarios y, por supuesto, ampliamente socializadas.

¿Un futuro apagón podría venir por la presencia de un fuerte fenómeno de El Niño, por las medidas anunciadas por el Gobierno o por una combinación de las dos?

Creer que un apagón es cosa del pasado significa condenarnos a repetirlo y en el sector hemos estado trabajando estos 30 años para que no pase. El esquema de confiabilidad nos lleva a tener un balance entre oferta y demanda que sea eficiente y nos permita afrontar períodos de sequía extremos sin apagarnos, pero esto no significa que no pueda suceder. Para 2026 el margen entre energía firme (mínima energía durante las sequías) y la demanda media es negativo. Esto quiere decir que, si no tenemos nuevos proyectos para entonces, podríamos tener riesgo con el suministro de energía para toda la población.

En el corto plazo hay una cosa muy importante que debemos entender y es que el diseño del mercado colombiano incentiva el ahorro de agua cuando existe una probabilidad alta de un fenómeno de El Niño. Nos preocupa que el afán de bajar los precios de bolsa, que solo afectan el 7 % de la factura, produzca una intervención que no esté cuidando el agua de los embalses, la cual, como expliqué, en Colombia tiene una duración de máximo tres meses si dejara de llover del todo.

El país comenzará a presentar déficit de energía firme a partir de 2025. ¿Están dadas las condiciones para realizar las subastas requeridas?

La CREG había expedido una resolución a consulta y el mercado ha estado muy atento a la resolución definitiva. Es importante que aquí tengamos señales armonizadas, pues no podemos estar pensando en una nueva subasta, en la que los agentes asumen compromisos por hasta 20 años, y al mismo tiempo tener propuestas de cambio del modelo de prestación del servicio (leyes 142 y 143), pues con la incertidumbre difícilmente vamos a atraer la inversión que necesitamos.

¿En qué nivel está la capacidad instalada del país? ¿Qué inversiones se necesitan para garantizar el abastecimiento en el futuro próximo?

La capacidad instalada hoy cubre la demanda y, de acuerdo con las proyecciones de demanda de la UPME, debería ser suficiente hasta 2026, aunque desde 2025 el margen es bastante estrecho. Se requieren inversiones superiores a los $20 billones para poder desarrollar los proyectos que requiere el país para atender el crecimiento de la demanda hasta 2029 (horizonte de tiempo del que tenemos información), y estas cifras son solo en capacidad de generación, pero seguro necesitamos más redes tanto de transmisión como de distribución, junto con una modernización en los sistemas de medida.

¿Desindexar las tarifas del IPP y atarlas al IPC ayuda al bolsillo de los consumidores o es mejor que el Gobierno establezca un indicador?

Antes de lanzar una respuesta puntual, quiero contarle que Acolgén está trabajando con un consultor externo para poder realizar este análisis. Creemos que se puede mejorar este aspecto dentro de la negociación de contratos, pero debe hacerse con mucho cuidado, pues las decisiones que se tomen deben valorar riesgos cambiarios, de retrasos de proyectos e inflación, entre otros. Una vez terminemos nuestro estudio esperamos poder acompañar al Gobierno en la construcción de indicadores que reflejen de la mejor manera las variables antes mencionadas en nuestro sector.

¿En cifras qué representa el sector para la economía y su aporte para las finanzas públicas?

Desde el sector de generación de energía se aportaron más de $7 billones durante 2021, y entre 2017 y 2021 los aportes fiscales de todo tipo del sector eléctrico superaron los $26 billones. Pero además es clave resaltar que el dinero ha sido puesto por los privados a riesgo propio (más de $140 billones invertidos desde 1994), liberando recursos públicos para que el Gobierno destine a otros sectores que necesitan subsidios e inversión estatal. Por eso, insistimos en la necesidad de tener reglas de juego claras y poder seguir apostándole al crecimiento y desarrollo del país.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), Natalia Gutiérrez, en entrevista con El Espectador advierte sobre las consecuencias de la intervención en la institucionalidad y la posibilidad de apagones por la falta de inversión. “De aquí a 2029 se van a necesitar entre $16 y $21 billones para atender el crecimiento proyectado de la demanda”, sostiene la dirigente gremial.

¿Qué tan oscuro se presenta el panorama para el sector eléctrico en este año?

Hoy Colombia cuenta con autoabastecimiento de energía eléctrica y un diseño de mercado que permite que el país esté encendido 24 horas al día, siete días a la semana e incluso en eventos climáticos extremos. Pero eso no quiere decir que no estemos atentos a los ajustes que se deben hacer de acuerdo con los cambios en la oferta y la demanda de energía del país para mantener y reforzar esa confiabilidad. Este es un mercado que se ajusta y, por eso, es importante que el Gobierno Nacional dé señales de expansión claras y a tiempo para seguir contando con luz en nuestros hogares, oficinas, clínicas, colegios, etc. Estas señales de expansión deben estar acompañadas de una política pública que mantenga la confianza inversionista y, por supuesto, se vuelve crucial que los proyectos que se encuentran en construcción puedan iniciar operaciones lo más pronto posible.

¿Cómo se ve el presente y futuro del sector eléctrico?

Un país que quiera ir camino a la neutralidad en carbono le debe apostar a la electricidad y ojalá todos los días con fuentes más limpias, como es el caso colombiano, donde tenemos más del 70 % de nuestra matriz renovable. En Colombia, de manera equilibrada, se han dado señales de política pública para que energías como la solar y la eólica entren a diversificar la matriz sin poner en riesgo el suministro de energía a precios eficientes.

El futuro depende sustancialmente de las reglas de juego que tenga cada país y de las señales de confianza inversionista que se den para que las empresas, tanto públicas como privadas, hagan las inversiones necesarias para atender la demanda de energía. En el caso colombiano, desafortunadamente en la reforma tributaria se tomaron medidas que desincentivan la inversión en este sector, lo que, sumado a las condiciones macroeconómicas de inflación, tasas de interés y devaluación, hace todos los días más difícil que los proyectos cierren económicamente.

En este sector las inversiones son de largo aliento. En Colombia tenemos que decidir cuál “dieta” de expansión queremos, pues con un escenario de crecimiento medio de la demanda y con la información que tenemos hoy de energía firme y las obligaciones que tienen los agentes con el sistema del operador del mercado XM necesitamos invertir, de aquí a 2029, entre $16 y $21 billones para atender el crecimiento proyectado de la demanda. Los $16 billones serían un “mix” entre renovables y térmicas a gas natural; es decir, una dieta eficiente, mientras los $21 billones son de una dieta 100 % renovable. Esto es adicional a los proyectos que tienen las empresas para responder a los compromisos de la subasta de energía firme de 2019 y a los compromisos de la subasta de contratos de largo plazo del Ministerio de Minas y Energía, que superan los $10 billones.

¿Cómo está el parque generador del país? ¿Hay tranquilidad en el sector con el suministro de gas y otros combustibles?

Tenemos una matriz que supera los 18,8 GW de potencia, de los cuales 70 % aproximadamente es hidroelectricidad, 29 % es generación térmica y alrededor del 1 % es generación renovable no convencional. En el último año hemos incorporado generación térmica de proyectos nuevos como Tesorito y modernizaciones como Termovalle, Termoyopal y Termocandelaria, lo cual nos permite incrementar la confiabilidad del sistema. Además, tenemos alrededor de 5 GW en proyectos, incluido Ituango, que deben iniciar operación antes de 2025. Con lo anterior creemos que el sistema tiene energía suficiente para atender la demanda hasta ese año. Sin embargo, sí se necesitan señales hoy para lo que viene después de 2025-2026.

Desde el año pasado el sector está en el ojo del huracán por el tema de las tarifas eléctricas: ¿realmente hubo una rebaja?

El precio de la energía eléctrica no ha sido ajeno a los impactos macroeconómicos globales: todo se ha encarecido y hemos trabajado para mitigar ese impacto en los usuarios. El Pacto por la Justicia Tarifaria, liderado por la ministra Vélez, sí dio resultados, pues se cambió el indexador en los contratos de generación y se logró frenar la tendencia al alza, pero, como lo mencioné, la coyuntura no es solo del sector eléctrico sino de toda la economía.

Sin embargo, siempre dijimos que había unas medidas de corto y otras de largo plazo en las que debíamos trabajar en conjunto con el Ministerio y la CREG en toda la cadena. Nosotros los generadores estamos trabajando en propuestas para llevar al Gobierno Nacional en este principio de año.

¿En cuánto bajaron y por qué no se reflejó esa rebaja en el recibo de los consumidores?

Si se comparan las tarifas de enero frente a las de octubre no subieron, mientras la inflación sí lo hizo: en términos económicos, esto significa una disminución, pues el costo de vida no ha parado de aumentar. Esto se puede ver en el último informe del DANE sobre precios, en donde el de la energía eléctrica fue uno de los que contribuyó a disminuir los incrementos. Pero, además, hicimos un llamado al ahorro en el consumo de energía para que en diciembre el esfuerzo que hizo toda la cadena no se viera opacado por el aumento en el consumo de energía por las fiestas y vacaciones.

En comparación con octubre de 2022, el componente de generación frenó su senda de crecimiento y, en noviembre y diciembre de 2022, disminuyó casi un 4 %. En las regiones del país se vieron disminuciones en el componente de generación en el período mencionado: zona centro (-8,45 %), Eje Cafetero (-5,34 %), Valle (-3,26 %), zona sur (-1,83 %) y Caribe (-0,32 %), según XM.

¿A qué se atribuye el alza de las tarifas en época de embalses en buen nivel?

Hoy el nivel está 3,21 % por encima del mínimo (el esperado por la senda), esto significa que contamos con unos tres días de reservas en caso de que deje de llover: el agua que sobra en el sistema no es tanta como se cree. La demanda no ha dejado de crecer, pero los proyectos sí se han dejado de construir por los riesgos sociales y ambientales que hoy en día representan.

¿Qué se requiere para conseguir un verdadero alivio en el precio de la electricidad, especialmente para los habitantes de la región Caribe?

La solución no es tan sencilla. Para que los precios bajen necesitamos más oferta. Hoy deberíamos tener alrededor de 5 GW más de oferta renovable de los que tenemos. De estos 5 GW, más de la mitad se han retrasado principalmente por temas de consulta previa y licencias ambientales, afectando la cantidad de energía que tenemos disponible todos los colombianos.

Para el caso específico de la región Caribe también tenemos un problema identificado, que es el porcentaje de pérdidas, el cual es más del doble del resto del país, y las restricciones, que significan atraso en las redes de alta y baja tensión para transportar energía, cosa que no sucede en el resto del país.

Intervención preocupante

¿Es sano que el Gobierno anuncie revisar los criterios técnicos para calcular las tarifas eléctricas?

El Gobierno Nacional siempre puede revisar los criterios técnicos para el cálculo de las tarifas. Así lo ha hecho los últimos 30 años con los delegados del Ministerio de Hacienda, del DNP y del Ministerio de Minas y Energía, que tiene poder de veto dentro de la CREG. Somos respetuosos de las decisiones que tome el Gobierno, pero reiteramos que es muy importante apoyarse en la institucionalidad existente del sector. Intervenir nunca va a ser una buena señal. Aquí tenemos un sector altamente regulado, con principios técnicos y estudios detallados que respaldan las decisiones.

¿Qué consecuencia puede traer para el sector la intervención de la institucionalidad técnica?

Normalmente, las intervenciones tienen un efecto contrario al que se espera, pues se aumenta la percepción de riesgo y esto disminuye la confianza inversionista. En un sector cuyas inversiones para los próximos años superan los $20 billones y que anualmente representa alrededor de $7 billones en tributos, estos cambios sin soporte, sin análisis técnico, sin una socialización adecuada, ponen en riesgo mantener estos niveles de inversión y, lo que es más delicado, la calidad de la prestación del servicio a los usuarios.

La estabilidad jurídica y regulatoria se ha traducido en seguridad en el servicio y la inversión. ¿Se está rompiendo esa situación?

Lo que viene sí nos preocupa. La retoma de funciones no es necesariamente un quiebre en la confianza, pero lo que se haga con esta acción sí puede serlo. Confiamos en que las decisiones que vienen puedan ser sustentadas, soportadas con análisis jurídicos, técnicos, económicos de costo-beneficio para los usuarios y, por supuesto, ampliamente socializadas.

¿Un futuro apagón podría venir por la presencia de un fuerte fenómeno de El Niño, por las medidas anunciadas por el Gobierno o por una combinación de las dos?

Creer que un apagón es cosa del pasado significa condenarnos a repetirlo y en el sector hemos estado trabajando estos 30 años para que no pase. El esquema de confiabilidad nos lleva a tener un balance entre oferta y demanda que sea eficiente y nos permita afrontar períodos de sequía extremos sin apagarnos, pero esto no significa que no pueda suceder. Para 2026 el margen entre energía firme (mínima energía durante las sequías) y la demanda media es negativo. Esto quiere decir que, si no tenemos nuevos proyectos para entonces, podríamos tener riesgo con el suministro de energía para toda la población.

En el corto plazo hay una cosa muy importante que debemos entender y es que el diseño del mercado colombiano incentiva el ahorro de agua cuando existe una probabilidad alta de un fenómeno de El Niño. Nos preocupa que el afán de bajar los precios de bolsa, que solo afectan el 7 % de la factura, produzca una intervención que no esté cuidando el agua de los embalses, la cual, como expliqué, en Colombia tiene una duración de máximo tres meses si dejara de llover del todo.

El país comenzará a presentar déficit de energía firme a partir de 2025. ¿Están dadas las condiciones para realizar las subastas requeridas?

La CREG había expedido una resolución a consulta y el mercado ha estado muy atento a la resolución definitiva. Es importante que aquí tengamos señales armonizadas, pues no podemos estar pensando en una nueva subasta, en la que los agentes asumen compromisos por hasta 20 años, y al mismo tiempo tener propuestas de cambio del modelo de prestación del servicio (leyes 142 y 143), pues con la incertidumbre difícilmente vamos a atraer la inversión que necesitamos.

¿En qué nivel está la capacidad instalada del país? ¿Qué inversiones se necesitan para garantizar el abastecimiento en el futuro próximo?

La capacidad instalada hoy cubre la demanda y, de acuerdo con las proyecciones de demanda de la UPME, debería ser suficiente hasta 2026, aunque desde 2025 el margen es bastante estrecho. Se requieren inversiones superiores a los $20 billones para poder desarrollar los proyectos que requiere el país para atender el crecimiento de la demanda hasta 2029 (horizonte de tiempo del que tenemos información), y estas cifras son solo en capacidad de generación, pero seguro necesitamos más redes tanto de transmisión como de distribución, junto con una modernización en los sistemas de medida.

¿Desindexar las tarifas del IPP y atarlas al IPC ayuda al bolsillo de los consumidores o es mejor que el Gobierno establezca un indicador?

Antes de lanzar una respuesta puntual, quiero contarle que Acolgén está trabajando con un consultor externo para poder realizar este análisis. Creemos que se puede mejorar este aspecto dentro de la negociación de contratos, pero debe hacerse con mucho cuidado, pues las decisiones que se tomen deben valorar riesgos cambiarios, de retrasos de proyectos e inflación, entre otros. Una vez terminemos nuestro estudio esperamos poder acompañar al Gobierno en la construcción de indicadores que reflejen de la mejor manera las variables antes mencionadas en nuestro sector.

¿En cifras qué representa el sector para la economía y su aporte para las finanzas públicas?

Desde el sector de generación de energía se aportaron más de $7 billones durante 2021, y entre 2017 y 2021 los aportes fiscales de todo tipo del sector eléctrico superaron los $26 billones. Pero además es clave resaltar que el dinero ha sido puesto por los privados a riesgo propio (más de $140 billones invertidos desde 1994), liberando recursos públicos para que el Gobierno destine a otros sectores que necesitan subsidios e inversión estatal. Por eso, insistimos en la necesidad de tener reglas de juego claras y poder seguir apostándole al crecimiento y desarrollo del país.