Este jueves se conoció que el Ministerio de las TIC frenó el proceso de licitación que se adelanta en el marco de las “Escuelas Potencia Digital”, con el cual se busca llevar conexión a internet a 3.082 centros educativos en el país, ubicados en 401 municipios apartados.
A inicios de mayo, la cartera publicó el pliego de condiciones en la plataforma del Secop II, permitiendo así la participación de los prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones, así como de los proveedores del servicio de internet interesados. La convocatoria fue hasta el 23 de mayo.
Este proceso de licitación apunta a seleccionar hasta cuatro operadores para la ejecución del proyecto, quienes se encargarán de realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para llevar conectividad a sedes educativas rurales oficiales. El proyecto incluye una operación hasta julio de 2026, y un presupuesto que ronda los $407.844 millones.
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A tan solo días de efectuarse la adjudicación del contrato, el Ministerio de las TIC decidió pausar el proceso debido a una advertencia hecha por la Procuraduría, pues esta considera que una adenda hecha al proceso viola la normatividad de contratación en el país.
Sobre esto, la cartera de las TIC ha manifestado que, bajo su criterio, la totalidad del proceso licitatorio se ha hecho de forma transparente, pero que aún así no quiere desestimar el llamado que le hace la Procuraduría, razón por la cual planea reunirse con la misma en los próximos días para despejar cualquier duda o evidenciar el fallo que se señala.
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“La Procuraduría envió una recomendación al Ministerio TIC pues cree que en una adenda que se hizo durante el proceso, se cambió el sentido de los Pliegos de Condiciones, algo que no es permitido por la ley 80. A juicio del Ministerio, no hubo un cambio en los pliegos sino una explicación de los mismos. La respuesta no beneficia a nadie ni cambia el orden de legibilidad, sino que abre un debate de interpretación de la ley”, informó el Ministerio de las TIC.
La suspensión del proceso se dio por diez días, tiempo en el cual la cartera espera reunirse con la Procuraduría.
“Estos días servirán para desarrollar unas mesas de trabajo entre las dos entidades, para revisar los diferentes aspectos técnicos que han generado las inquietudes. Asimismo, el Ministerio TIC, para garantizar la legalidad, pedirá dos conceptos técnicos a entes externos y uno concepto jurídico a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sobre los riesgos jurídicos que se derivan de seguir adelante con el proceso”, concluyó.
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