El peso de la desconexión a la tecnología en la pobreza en Colombia

Quizá sin mayores sorpresas, el DANE reportó este jueves que el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) subió en 2020, en relación con los números registrados en 2019. Para el año pasado, esta cifra se ubicó en 18,1 %, mientras que para el año anterior a ese fue del 17,5 %.

Las mediciones de la entidad desde 2010 dan cuenta de que esta es la primera vez que el porcentaje de la población que se puede considerar en esta categoría de pobreza sube con relación al año anterior (con excepción de 2017, cuando se suspendió la medición).

Puede escuchar: El coronavirus en Colombia nos dejó pobres, literalmente | Pódcast

Para el año pasado, los números del DANE aseguran que 489.000 personas de más entraron a engrosar este renglón, con lo cual la cifra total de población que se encuentra en esta categoría ascendió a 9’049.000 personas (frente a los 8’650.000 ciudadanos registrados en 2019). Los resultados son parte de la Encuesta de Calidad de Vida que realiza esta institución.

Primero vale la pena aclarar qué significa la pobreza multidimensional. El IPM va más allá de los ingresos de una persona u hogar. En otras palabras, tiene en cuenta variables aparte del dinero. Las mediciones que solo se centran en ingresos se conocen como pobreza monetaria.

Como su nombre lo indica, el IPM explora otros renglones de la vida de una persona u hogar para entender qué carencias hay en cinco dimensiones específicas: educación, salud, trabajo, bienestar de la niñez y condiciones físicas de la vivienda. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, el IPM comprende 15 variables en total, que se reparten en las cinco dimensiones mencionadas. Aquí se cuentan categorías como analfabetismo, inasistencia escolar, trabajo informal, desempleo de larga duración o acceso a agua mejorada, entre otras.

La pobreza multidimensional permite observar una imagen más porosa y específica sobre el estado social del país, algo que es particularmente importante para tiempos de pandemia, pues explica cómo van indicadores claves como trabajo y educación. Y el panorama se ve especialmente malo cuando se mira el espectro rural del país y en regiones que ya arrastraban rezagos y lastres sociales.

Las cifras del DANE revelaron que la pobreza multidimensional es más pronunciada en las zonas rurales que en las cabeceras del país, pues mientras que en las zonas urbanas la tasa fue del 12,5 %, en los centros poblados y rural disperso esta fue del 37,1 % (en 2019, para este renglón, el porcentaje fue del 34,5 %).

En 2020, las incidencias de pobreza multidimensional más altas se presentaron en las regiones Pacífica y Caribe, con 30,9 y 28,7 %, respectivamente (en 2019 las cifras de estas regiones fue de 26,3 y 28,1 %). Para las mediciones del DANE, la región Pacífica contempla los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, pero excluye al Valle del Cauca. Mientras que Caribe incluye a Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Para comparar, Bogotá registró una incidencia del 7,5 % (frente al 7,1 % en 2019).

“Si el índice monetario mostró el golpe de la crisis por el COVID-19 en las ciudades, el Índice de Pobreza Multidimensional mostró el golpe a los hogares rurales”, en palabras de Roberto Angulo, versado en el tema y miembro del Comité de Expertos que está detrás del IPM.

Lea también: ¿Cuáles son las implicaciones del crecimiento de la pobreza en Colombia?

En el espectro rural hay tres variables que mostraron aumentos frente a los datos de 2019, es decir, son aspectos que desmejoraron frente a lo registrado un año atrás: barreras a servicios para cuidado de la primera infancia, desempleo de larga duración e inasistencia escolar.

Antes de seguir es pertinente explicar qué se entiende por desempleo de larga duración e inasistencia escolar. El primero se conforma, según explicó Juan Daniel Oviedo, director del DANE, cuando al menos una persona del hogar está desempleada por más de 12 meses. Y el segundo obedece cuando al menos uno de los niños de un hogar, entre 6 y 16 años, “no está accediendo al bien público que ofrece el sistema educativo oficial y no oficial, o sea cuando hay ausencia de acceso al proceso educativo”.

Para continuar con la discusión hay que tener en cuenta que estas dos variables también mostraron crecimientos en el país urbano. Pero lo llamativo aquí es la diferencia de estos crecimientos, especialmente en lo que tiene que ver con la inasistencia escolar: en el lado urbano de la ecuación se pasó del 2,1 al 12,4 %, lo que equivale a un incremento del 10,3 %. En el lado rural la inasistencia pasó del 4,6 al 30,1 %, es decir, creció 25,5 %.

En todos los departamentos la población entre 6 y 16 años aseguró que la calidad de educación empeoró en 2020. Vaupés reportó los peores resultados en este aspecto, con 82,7 %, seguido de Chocó (79,6 %) y Nariño (79,5 %).

Ahora bien, los resultados rurales a esta pregunta fueron más malos que los registrados en las partes urbanas de todo lado (con excepción de nueve departamentos). Las diferencias entre un indicador y otro sobrepasan los 10 puntos porcentuales en varios lugares como Vaupés, Nariño, Chocó y Bogotá.

Estas brechas en la calidad de la educación muestran los datos del DANE, que están, entre otros factores, relacionadas con el acceso a tecnología, un asunto que sigue siendo deficiente en buena parte del país y que presenta una amplia brecha en la ruralidad.

“La no conectividad a internet para educación rural costó puntos de pobreza multidimensional. El cierre de colegios y la falta de conectividad golpearon fuertemente la pobreza rural”, dijo Angulo a través de su cuenta de Twitter.

En el espectro rural, todos los departamentos muestran que hay menos del 40 % de los hogares que cuentan con conexión a internet y en algunos lugares este porcentaje no llega al 2 % (Vaupés, por ejemplo, tiene 0,2 %). Esto con la excepción de Valle del Cauca, en donde el indicador sube al 51,5 %.

En cambio, desde la perspectiva urbana, el registro más bajo es del 8,8 % (Vaupés) y el más alto está levemente por encima del 80 % (Valle del Cauca). Hay 18 departamentos con números que superan el 50 %.

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Ahora bien, el alcance de los datos del DANE permite tener el siguiente tipo de lecturas, que aclara más por qué la pobreza multidimensional se disparó en la ruralidad.

Entre los niños y jóvenes de 6 a 16 años que dijeron ir al colegio, poco más de cinco millones viven en un hogar que tiene conexión a internet y algún dispositivo electrónico. De esta población, apenas 643.656 personas (29 %) se encuentran en centros poblados y rural disperso, como lo clasifica oficialmente el DANE.

Ahora bien, entre los niños y jóvenes que dijeron asistir al colegio, casi 3,3 millones aseguraron que recibieron estrategias de plataformas o aplicaciones para sus procesos educativos. Y de estos 3,3 millones, solo 349.446 personas vivían en la ruralidad (es decir, el 15,7 %).

“Estos resultados contundentes hacen necesaria la construcción de una nueva política pública que cierre la brecha digital en las zonas rurales; es un trabajo de todos, de las entidades nacionales, locales y de la industria TIC, y debe ser un propósito nacional”, dijo a su vez Sergio Martínez, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Al final, así es que se ve la brecha rural-urbano en acceso a tecnología en un país que sigue con atascos por torpezas, negligencias o maldad en los procesos para contratar y operar sistemas que permitan mejorar el acceso a la educación y, con ella, reducciones en pobreza.

Quizá sin mayores sorpresas, el DANE reportó este jueves que el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) subió en 2020, en relación con los números registrados en 2019. Para el año pasado, esta cifra se ubicó en 18,1 %, mientras que para el año anterior a ese fue del 17,5 %.

Las mediciones de la entidad desde 2010 dan cuenta de que esta es la primera vez que el porcentaje de la población que se puede considerar en esta categoría de pobreza sube con relación al año anterior (con excepción de 2017, cuando se suspendió la medición).

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Para el año pasado, los números del DANE aseguran que 489.000 personas de más entraron a engrosar este renglón, con lo cual la cifra total de población que se encuentra en esta categoría ascendió a 9’049.000 personas (frente a los 8’650.000 ciudadanos registrados en 2019). Los resultados son parte de la Encuesta de Calidad de Vida que realiza esta institución.

Primero vale la pena aclarar qué significa la pobreza multidimensional. El IPM va más allá de los ingresos de una persona u hogar. En otras palabras, tiene en cuenta variables aparte del dinero. Las mediciones que solo se centran en ingresos se conocen como pobreza monetaria.

Como su nombre lo indica, el IPM explora otros renglones de la vida de una persona u hogar para entender qué carencias hay en cinco dimensiones específicas: educación, salud, trabajo, bienestar de la niñez y condiciones físicas de la vivienda. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, el IPM comprende 15 variables en total, que se reparten en las cinco dimensiones mencionadas. Aquí se cuentan categorías como analfabetismo, inasistencia escolar, trabajo informal, desempleo de larga duración o acceso a agua mejorada, entre otras.

La pobreza multidimensional permite observar una imagen más porosa y específica sobre el estado social del país, algo que es particularmente importante para tiempos de pandemia, pues explica cómo van indicadores claves como trabajo y educación. Y el panorama se ve especialmente malo cuando se mira el espectro rural del país y en regiones que ya arrastraban rezagos y lastres sociales.

Las cifras del DANE revelaron que la pobreza multidimensional es más pronunciada en las zonas rurales que en las cabeceras del país, pues mientras que en las zonas urbanas la tasa fue del 12,5 %, en los centros poblados y rural disperso esta fue del 37,1 % (en 2019, para este renglón, el porcentaje fue del 34,5 %).

En 2020, las incidencias de pobreza multidimensional más altas se presentaron en las regiones Pacífica y Caribe, con 30,9 y 28,7 %, respectivamente (en 2019 las cifras de estas regiones fue de 26,3 y 28,1 %). Para las mediciones del DANE, la región Pacífica contempla los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, pero excluye al Valle del Cauca. Mientras que Caribe incluye a Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Para comparar, Bogotá registró una incidencia del 7,5 % (frente al 7,1 % en 2019).

“Si el índice monetario mostró el golpe de la crisis por el COVID-19 en las ciudades, el Índice de Pobreza Multidimensional mostró el golpe a los hogares rurales”, en palabras de Roberto Angulo, versado en el tema y miembro del Comité de Expertos que está detrás del IPM.

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En el espectro rural hay tres variables que mostraron aumentos frente a los datos de 2019, es decir, son aspectos que desmejoraron frente a lo registrado un año atrás: barreras a servicios para cuidado de la primera infancia, desempleo de larga duración e inasistencia escolar.

Antes de seguir es pertinente explicar qué se entiende por desempleo de larga duración e inasistencia escolar. El primero se conforma, según explicó Juan Daniel Oviedo, director del DANE, cuando al menos una persona del hogar está desempleada por más de 12 meses. Y el segundo obedece cuando al menos uno de los niños de un hogar, entre 6 y 16 años, “no está accediendo al bien público que ofrece el sistema educativo oficial y no oficial, o sea cuando hay ausencia de acceso al proceso educativo”.

Para continuar con la discusión hay que tener en cuenta que estas dos variables también mostraron crecimientos en el país urbano. Pero lo llamativo aquí es la diferencia de estos crecimientos, especialmente en lo que tiene que ver con la inasistencia escolar: en el lado urbano de la ecuación se pasó del 2,1 al 12,4 %, lo que equivale a un incremento del 10,3 %. En el lado rural la inasistencia pasó del 4,6 al 30,1 %, es decir, creció 25,5 %.

En todos los departamentos la población entre 6 y 16 años aseguró que la calidad de educación empeoró en 2020. Vaupés reportó los peores resultados en este aspecto, con 82,7 %, seguido de Chocó (79,6 %) y Nariño (79,5 %).

Ahora bien, los resultados rurales a esta pregunta fueron más malos que los registrados en las partes urbanas de todo lado (con excepción de nueve departamentos). Las diferencias entre un indicador y otro sobrepasan los 10 puntos porcentuales en varios lugares como Vaupés, Nariño, Chocó y Bogotá.

Estas brechas en la calidad de la educación muestran los datos del DANE, que están, entre otros factores, relacionadas con el acceso a tecnología, un asunto que sigue siendo deficiente en buena parte del país y que presenta una amplia brecha en la ruralidad.

“La no conectividad a internet para educación rural costó puntos de pobreza multidimensional. El cierre de colegios y la falta de conectividad golpearon fuertemente la pobreza rural”, dijo Angulo a través de su cuenta de Twitter.

En el espectro rural, todos los departamentos muestran que hay menos del 40 % de los hogares que cuentan con conexión a internet y en algunos lugares este porcentaje no llega al 2 % (Vaupés, por ejemplo, tiene 0,2 %). Esto con la excepción de Valle del Cauca, en donde el indicador sube al 51,5 %.

En cambio, desde la perspectiva urbana, el registro más bajo es del 8,8 % (Vaupés) y el más alto está levemente por encima del 80 % (Valle del Cauca). Hay 18 departamentos con números que superan el 50 %.

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Ahora bien, el alcance de los datos del DANE permite tener el siguiente tipo de lecturas, que aclara más por qué la pobreza multidimensional se disparó en la ruralidad.

Entre los niños y jóvenes de 6 a 16 años que dijeron ir al colegio, poco más de cinco millones viven en un hogar que tiene conexión a internet y algún dispositivo electrónico. De esta población, apenas 643.656 personas (29 %) se encuentran en centros poblados y rural disperso, como lo clasifica oficialmente el DANE.

Ahora bien, entre los niños y jóvenes que dijeron asistir al colegio, casi 3,3 millones aseguraron que recibieron estrategias de plataformas o aplicaciones para sus procesos educativos. Y de estos 3,3 millones, solo 349.446 personas vivían en la ruralidad (es decir, el 15,7 %).

“Estos resultados contundentes hacen necesaria la construcción de una nueva política pública que cierre la brecha digital en las zonas rurales; es un trabajo de todos, de las entidades nacionales, locales y de la industria TIC, y debe ser un propósito nacional”, dijo a su vez Sergio Martínez, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Al final, así es que se ve la brecha rural-urbano en acceso a tecnología en un país que sigue con atascos por torpezas, negligencias o maldad en los procesos para contratar y operar sistemas que permitan mejorar el acceso a la educación y, con ella, reducciones en pobreza.