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El paro minero está por completar una semana en el Bajo Cauca Antioqueño. Los manifestantes rechazan lo que consideran es un acto de estigmatización protagonizado por el Gobierno, luego de que se decidiera reactivar los operativos policiales contra estas actividades.
En su momento, el ministro de Defensa Iván Velásquez, afirmó que la orden es inminente, pues lo que quiere es acabar con las fuentes de financiamiento de grupos al margen de la ley que tienen presencia en esta zona del país. Parte de los resultados que han generado estos operativos ha sido la destrucción de cinco dragas que, como lo explica el jefe de cartera, “generaban riquezas a las organizaciones armadas ilegales”.
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La protesta sigue y desde presidencia se informó este miércoles que se ha enviado una comisión para atender la situación en el Bajo Cauca Antioqueño. Se trata de cinco viceministros (de las carteras del Interior, Defensa, Minas y Energía, Medio Ambiente, así como el Departamento Nacional de Planeación) junto con profesionales técnicos en temas como la minería y el desarrollo de la región.
“Se rechaza todo acto de violencia que se pueda presentar en la protesta social y reclama de los manifestantes un pronunciamiento en el mismo sentido. Quienes nos sentamos a dialogar del lado de la comunidad y del Gobierno Nacional debemos juntos resolver cualquier discordia, respetando el derecho de la población civil”, se lee en el comunicado presidencial.
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En el documento también se ratifica el respeto por el derecho a la protesta pacífica, al punto de que se ha dado instrucciones a las fuerza pública para garantizarlas y para que se protejan los derechos de los ciudadanos.
“El Gobierno Nacional, desde el pasado fin de semana, está en contacto con las autoridades de los municipios y del departamento de Antioquia revisando el caso del paro minero en el norte del departamento, en el Bajo Cauca, con un centro especial en Caucasia”, añade presidencia.
Se espera que tras la llegada de la comisión se pueda hacer un balance y acción inmediata que permita atender, humanitariamente, a las poblaciones en materia de abastecimiento de alimentos y medicamentos.
“La delegación del Gobierno debe, conjuntamente con los alcaldes, la Iglesia, las organizaciones sociales, identificar qué dificultades humanitarias se registran en la zona, porque es prioridad del Gobierno la atención humanitaria en el territorio”, concluye el comunicado.
En las últimas horas también se conoció que los manifestantes dieron “un gesto de buena voluntad” habilitando el paso en la vía que conduce a Medellín, permitiendo así el tránsito de los vehículos que llevaban seis días represados. Le piden al Gobierno que así como ellos han cedido, las autoridades también lo hagan.
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