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¿Cree usted que es conveniente modificar la Ley de Garantías?
El polémico artículo que acompaña al proyecto de ley de presupuesto pretende eliminar una restricción que existe actualmente con relación a que las entidades territoriales no pueden celebrar convenios interadministrativos durante los cuatros meses previos a las elecciones. La propuesta del artículo es levantar esa prohibición para el caso de convenios interadministrativos con el Gobierno nacional para la ejecución de recursos del presupuesto general. Si bien me parece importante hacer una evaluación seria de los beneficios y costos de la ley de garantías, especialmente dado que ya no existe la reelección presidencial, creo que no es el momento para cambiar las reglas de juego de contratación pública a nivel regional, dado que ya arrancó la carrera electoral. Esa evaluación, así como las modificaciones de la ley a que hubiere lugar, debe ser una tarea para el próximo gobierno.
¿Qué opina del proyecto de ley que permite a personas que cumplan ciertos requisitos el traslado exprés a Colpensiones?
Es absolutamente inconveniente. Nuestro sistema pensional tiene dos grandes problemas: baja cobertura y alta regresividad. En efecto, de acuerdo con nuestros cálculos, mientras que la cobertura pensional en el 20 % de más altos ingresos es del 56 %, la del 20 % más pobre es solo del 2,5 %. Además, el 90 % de los subsidios pensionales en el régimen público son para población no pobre. Iniciativas de traslados exprés profundizan estas enormes inequidades y además cuestan fiscalmente casi cuatro billones de pesos, de acuerdo con los cálculos del mismo gobierno. Es una pésima política pública desde el punto de vista de equidad, progresividad y sostenibilidad de la deuda pública. Un ‘regalo’ del Estado a 19.000 afortunados, de altos ingresos, equivalente a cerca de 200 millones de pesos por persona, que terminaremos pagando el resto de los colombianos con más impuestos.
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¿En lo que resta de la administración Duque qué cree usted que se debería y se podría hacer?
La generación de empleo debe ser la prioridad en el corto plazo. Las cifras de crecimiento económico van a ser muy buenas, pero el mercado laboral aún no se ha recuperado al mismo ritmo. Estimamos que la tasa de desempleo promedio este año sería del 14,3 %, por debajo del 16,1 % del año anterior, pero muy por encima de la ya alta tasa observada en 2019, 10,5 %. Si no se recupera el mercado laboral a los niveles prepandemia, va a ser imposible reversar la catástrofe social generada por la pandemia al aumentar los niveles de pobreza. Un punto que hemos destacado como crítico para la aceleración de la recuperación del empleo es la oportuna ejecución de los recursos de regalías a nivel territorial, que valga decirlo, no depende de ningún cambio en la ley de garantías, dado que las modalidades de contratación competitivas continúan vigentes durante lo que resta del gobierno.
¿Cuáles deberían ser las tres prioridades económicas del próximo gobierno, según Fedesarrollo?
Primero, una reforma tributaria complementaria a la aprobada recientemente, pero ojalá más estructural. Esta reforma tendrá que conseguir recursos adicionales del orden del 0,8 % del PIB. Segundo, una reforma laboral que modernice nuestra regulación y que evite que volvamos al equilibrio de largo plazo de desempleo en 11,5 % e informalidad del 60 % de los ocupados. Tercero, una reforma pensional que permita aumentar sustancialmente la cobertura, que hoy es apenas del 25 % de los adultos mayores en edad de pensión, y eliminar la enorme regresividad del gasto que hace el Estado al subsidiar las pensiones de los más pudientes. Tres temas de fondo, estructurales, que requerirán de mucho liderazgo y capacidad de construcción de consensos. En los tres temas, desde Fedesarrollo hemos venido haciendo propuestas muy concretas, que luego de un ejercicio de retroalimentación que haremos en los próximos meses esperamos entregar de forma resumida y priorizada a los candidatos presidenciales para su eventual consideración.
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