En un ambiente convulsionado social y políticamente, el proyecto de inversión social (como ahora se llama la reforma tributaria) entra en la recta final. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, de gira por Estado Unidos, dijo en entrevista con El Espectador que la iniciativa tributaria descarga la mayor parte del ingreso sobre los empresarios que harán un aporte cercano al 60 % de los $15 billones que se piensan recaudar. Dentro de la austeridad del gasto público propone frenar el crecimiento de la burocracia, la reducción de gastos en la adquisición de equipos, vehículos, viáticos y gastos de publicidad, así como revisar los esquemas de protección.
¿Sirve hacer “lobby” en Estados Unidos cuando se ha perdido el grado de inversión?
Nosotros vamos a tener un encuentro con los inversionistas de capital fijo, de riesgo y privado, medios de comunicación económicos y organizaciones de empresas que hacen inversión directa en nuestro país. Tendremos reunión también con organismos multilaterales y bancos de Estados Unidos.
El panorama se está poniendo más complicado sin grado de inversión, estallido social, año preelectoral y poco ambiente en el Congreso para una reforma que se antoja insuficiente para las necesidades fiscales…
Vamos por partes. Primera, el propósito de la reforma es que pueda ser aprobada en el Congreso de la República y el principio ha sido constituido con un sentido de construcción de consensos, que hemos constituido con los sectores empresariales, juveniles y políticos. No significan amiguismo y hemos hecho esa construcción con las necesidades de los beneficiarios de los programas sociales. Ese principio de construcción de política pública es muy importante y hoy en día, incluso, es señalada como un deber para esta iniciativa; en tal sentido, la propuesta se ha construido de esa manera.
Segunda, esta propuesta se ha construido sobre la base de la identificación de un monto de recursos que permitan que el país atienda las necesidades sociales, garanticen una reducción ordenada y gradual del déficit fiscal, como incluso está previsto y contemplado en el marco fiscal de mediano plazo, y disminuye el nivel de deuda pública respecto del PIB. Reconociendo también que aquí se hace un esfuerzo de dos terceras partes del trabajo estructural que debe darse. Claro, le corresponde al siguiente gobierno hacer uno adicional para seguir reduciendo el nivel de deuda pública por debajo de la reducción que se logra con esta primera tarea.
Respecto al impacto, lo que nosotros estamos viendo es que, como señalaba anteriormente, muchas de esas decisiones en otros países han implicado salida de inversión. La verdad es que en los últimos tres meses nosotros hemos tenido un aumento de $10 billones adicionales en abril, $4 billones en mayo y $2 billones en julio. Es decir, que la inversión ha seguido llegando.
Una reforma de 35 artículos que no toca los aspectos esenciales como el IVA, renta para personas naturales ni pensiones, ¿es una reforma parche, como para pasar el momento?
Es una reforma que tiene en consideración el contexto. Uno no puede desligarse del contexto en este momento. Este es un momento donde uno no puede ser indiferente a la realidad social que vive el país, que hay sectores de clases vulnerables o de clase media que pueden verse afectados severamente. La reforma contempla un recaudo de $15 billones que, comparado con otros de los últimos seis años, sería uno de los más altos (recaudos) comparativamente. Luego no es una reforma menor en su valor y es realista en cuanto a la respuesta que debe darse en este momento al contexto social.
Los recortes en el gasto público
¿Cómo va a lograr un ahorro de $1,8 billones en austeridad en gasto, qué gastos piensa reducir y a través de qué mecanismo lo piensa lograr?
La propuesta contempla un esfuerzo de austeridad en el gasto público de $1,8 billones. Es un esfuerzo necesario que conduce a que se tomen decisiones en varios frentes: la reducción de gastos en transferencias hasta por unos porcentajes distintos a las decisiones de carácter constitucional o legal, un esfuerzo también en reducir el crecimiento o no permitir el crecimiento de la masa burocrática en los próximos años. Tiene un esfuerzo en reducción de gastos en la adquisición de equipos, vehículos, viáticos y gastos de publicidad, que va gradualmente incrementándose, del orden del 50 %. Es una propuesta que también empieza a definir la posibilidad de hacer austeridad en el gasto en temas relacionados con esquemas de protección y propone caminos para la fusión y escisión de entidades del Estado, también pensando en la austeridad del gasto público.
Si se ajusta la inversión del Gobierno, ¿cómo piensa estimular el crecimiento de la economía hacia su potencial, sabiendo que el este es un actor fundamental para impulsar el crecimiento?
La propuesta lo que ha señalado es una hoja de ruta de dividir un porcentaje de inversión respecto al PIB, que además es coherente con el promedio de la inversión que se ha analizado respecto del PIB en los últimos años, excluidos aquellos en donde se tuvo boom petrolero y, obviamente, excluidos aquellos en donde se necesitó un esfuerzo de reactivación, particularmente en 2021, pero es similar a partir de 2022, a lo que el país históricamente ha realizado respecto del PIB.
Un mecanismo dinamizador de la economía es acelerar el programa de vacunación, ¿cómo lograrlo?
Es un hecho que Colombia ha sido uno de los países que comparativamente con otros, incluso de la región, ha venido acelerando de mayor manera el proceso de vacunación masiva, que es un instrumento de reactivación segura. Estamos viendo que con la donación de Estados Unidos y con la participación del sector privado el nivel de vacunación que tenemos en este momento ya supera los 18 millones de vacunados, por lo menos en primera dosis. Con absoluta seguridad, para el cierre de este año Colombia tendrá la inmunidad colectiva, que es una causa de reactivación segura.
Ha dicho que para conseguir más recursos se piensa echar mano de los bienes incautados a los narcos: ¿hay un estimativo de cuánto se pueda conseguir con la venta de estos activos?
Nosotros lo que estamos proponiendo es un par de artículos que permitan facilitar el proceso de enajenación de bienes improductivos que habían sido incautados a la mafia, que están en cabeza de las Farc. Lo que hemos señalado también es que seguiremos en nuestro esfuerzo de optimización de los activos de la nación, que suman el orden de $78 billones. Vamos a ir viendo a lo largo del camino cuál es la forma, los montos y las decisiones que se deberán tomar.
El recaudo de la reforma va a ser del 1,1 % del PIB en forma permanente. ¿De dónde salen esos ingresos permanentes si no se va a tocar ni renta de las personas ni el IVA?
Tenemos varias fuentes. La primera es austeridad en el gasto público y la segunda es la lucha contra la evasión fiscal, teniendo en consideración nuevos instrumentos como la facturación de renta, la facturación compulsiva, georreferenciación en venta con valor real de los bienes e inspección de beneficiario final, que permitan que la DIAN logre resultados. En el mes de mayo el recaudo de la DIAN superó en 10 % las metas que se habían previsto. Contempla como recursos adicionales y recursos permanentes la eliminación o desmonte, como lo han propuesto sectores empresariales, de unos beneficios de la Ley de Crecimiento de 2019, como la reducción que se tenía prevista del impuesto de renta o como no aplicar el 100 % del impuesto del ICA sobre el impuesto de renta, sino una tarifa inferior, entre otros temas.
Lo que llama “solidaridad de los empresarios”, ¿cuánto le aportaría a la reforma en ingresos permanentes?
Del orden del 60 % de lo que se necesitaría; aproximadamente de entre $9 a $10 billones.
Elevando la tasa de renta a las empresas, que es contrario a lo que tienen los países de la OCDE, donde este impuesto es mayor para las personas naturales, ¿no ahuyenta a inversionistas?
Hay que buscar fuentes de financiación, unas son los impuestos personales, otras los empresariales. En esta oportunidad quienes han expresado su interés de contribuir a este propósito son los propios sectores empresariales. Hay que ser conscientes de que en este momento tocar los temas de la base de personas naturales afectará a la clase media. No es momento para hacerlo, no podemos ser indiferentes a la realidad social que vive el país, lo mismo que si tocamos el tema del IVA que afectaría, como ya lo vimos, a las clases medias y con ello generaría un impacto social significativo. Son los mismos sectores empresariales los que han propuesto esto y creo que lo han hecho con un sentido de solidaridad social. De todas maneras, históricamente Colombia ha tenido tarifas de impuesto de renta de personas jurídicas bastante más altas. Se está considerando en el mundo un impuesto global, ¿nosotros no estamos viendo ese tema? Existe el interés de aplicar un impuesto global a multinacionales que no tributan sobre un domicilio o tributan en un domicilio particular, pero no donde generan los ingresos. Y en ese orden de ideas Colombia es de los países que participan en el liderazgo en la OCDE para el establecimiento de un impuesto global a multinacionales justamente para garantizar una equidad en la tributación.
Prender la máquina de hacer billetes
Vuelve a salir a flote el tema del crédito directo del Banco de la República al Gobierno, ¿cómo le parece la reiterativa propuesta?
Es muy importante señalar que hay una responsabilidad constitucional del Banco de la República por garantizar la estabilidad de los precios, es decir, garantizar que exista una capacidad de compra de los bienes por parte de las personas. Ese compromiso se puede incumplir cuando se generen situaciones de emisión, especialmente no atadas al crecimiento de la economía. La emisión genera enormes riesgos de incremento de precios, de inflación, es el peor impuesto para los más pobres, para los más vulnerables, porque deteriora su capacidad de compra, pero al mismo tiempo afecta el valor de los activos de los más pobres y en general de toda la sociedad. Entonces hay que ser muy cuidadosos en las propuestas que se hagan para evitar que terminen deteriorando la capacidad de compra de la gente, generando más pobreza, porque se convierte en un impuesto que exacerba la pobreza y afecta el valor de sus activos.
¿Esa puerta está cerrada?
Es lógico que esa puerta existe como un mecanismo de última instancia sobre la base de una aprobación unánime por parte de la junta directiva del Banco de la República, y siempre con la conciencia de tener en consideración si esa decisión afecta o no, el comportamiento de la inflación y si afecta genera más inflación o si deteriora la capacidad adquisitiva de las personas, creo que no sería ni siquiera conveniente.
¿El Gobierno ha pensado o considera que esa posibilidad se puede dar en algún momento?
La verdad es que hay que ser muy prudentes. La política monetaria del Colombia ha sido históricamente muy bien administrada. Y no es una decisión que debo tomar directamente, se toma en el seno de la junta directiva del Banco de la República, por unanimidad, cumpliendo lo que dice la Constitución en el sentido de garantizar un comportamiento estable del nivel de precios.
¿Hay enemigos de la reforma entre los congresistas afines al Gobierno?
Yo personalmente creo que aquí no se trata de amigos o enemigos. Aquí se trata de una política de Estado. Es decir, de ser conscientes de que el país hoy necesita unos recursos para lograr una reactivación económica y una estabilidad en el frente fiscal.