En el gobierno de Gustavo Petro la política de vivienda necesitará ajustes

No es desatinado asegurar que en el mandato de Iván Duque cientos de miles de familias cumplieron el sueño de tener casa propia. Es más, su cuatrienio se ha caracterizado por alcanzar máximos históricos en unidades de vivienda comercializadas, llegando a las 256.000 unidades en los últimos doce meses, donde el 70 %, según cifras de Camacol, son viviendas de interés social.

¿Pero son viviendas de calidad? El Gobierno podría decir que sí, porque, por norma, cada una de estas debe ser entregada con equipamientos mínimos, como baños y cocinas funcionales, además de servicios públicos. Sin embargo, según expertos consultados por este medio, gran parte de estas no aportan significativamente a una mejora en la calidad de vida, pues algunos las califican como “cajas de fósforos”; su ubicación es distante a lugares demandados (trabajo, hospitales, parques y centros de educación) y las zonas comunes no siempre garantizan un adecuado esparcimiento.

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Es más, para Diego Alejandro Velandia Rayo, director del Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes, centrarse solo en las cifras de las unidades vendidas, por más récords que registren, influye en que detrás del logro de decir “tengo mi casa propia” se acepten falencias en la calidad de esa vivienda, tanto en su interior, alrededores y ubicación con relación a la ciudad.

En suma, los subsidios (como los del programa Mi Casa Ya y los que otorgan las cajas de compensación familiar), las bajas tasas de interés hipotecario (que ahora peligran por el ambiente inflacionario) y los esfuerzos del sector constructor en Colombia han sido importantes para satisfacer la demanda de vivienda en el país, aunque con una serie de peros en la mitad. Con la entrada del Gobierno de Gustavo Petro, vale la pena preguntarse ¿cuáles son los cambios que necesita la política de vivienda?

Para Andrés Correa, presidente en Colombia de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI por sus siglas en francés), lo más urgente es mantener los bajos costos de la construcción y las tasas de interés para créditos hipotecarios, pues el panorama inflacionario pone en riesgo la meta de que el país atienda su déficit habitacional, que supera los cinco millones de hogares, además de afectar un sector de la economía que genera 1,2 millones de empleos e impulsa a 36 subsectores.

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Alejandro Castañeda, gerente de ACCI (empresa especializada en asesoría inmobiliaria), coincide con Correa al resaltar la importancia de mantener estables los precios de insumos como el acero, pues de lo contrario “la vivienda de interés social comenzará a acabarse por no representar utilidades”.

A mediano plazo, el director del Observatorio de Vivienda cree que la política pública se debe reestructurar y virar hacia la calidad. Con base en los análisis que se han realizado en la organización que representa, asegura que son tres los ámbitos en los que debería manifestarse esta mejora.

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El primero es el individual, dejando atrás las viviendas tipo a las que las familias tienen que adaptarse, pasando a un modelo en el que las viviendas se adaptan a las necesidades de las familias. “Eso implica unos retos técnicos y un cambio en cómo se construye. Hay que incluir al usuario desde el diseño inicial del proyecto de construcción”, detalla.

El segundo ámbito es el de la comunidad. Esto implica espacios donde los habitantes de un sector se encuentren e incluso puedan desarrollar actividades productivas sin que haya conflictos con los demás integrantes ni con el medio ambiente. Y el tercero es el de ciudad, en donde se busca que las familias residan en zonas próximas a servicios y equipamientos altamente demandados, como hospitales, centros de educación, lugares de esparcimiento, comercios y demás sitios de interés. Espacios a los que se pueda ir caminando o en transporte a no más de quince minutos (el famoso concepto de las ciudades de quince minutos).

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Sobre lo anterior, Camacol le propone al gobierno de Gustavo Petro trazar una meta de construcción de un millón de metros cuadrados nuevos, por año, en equipamientos como colegios, centros infantiles, espacios deportivos y puntos digitales, entre otros. “Su realización, operación y mantenimiento puede ser pública o mediante asociaciones público privadas”, explica.

Incluso este cambio de paradigmas en la política de vivienda implicaría la necesidad de impulsar alternativas como el arriendo, para quienes el comprar casa o apartamento es complejo o simplemente no es un tema de su interés. Velandia resalta que en este aspecto pueden cobrar protagonismo modelos como el leasing, el coliving y el cohousing, entre otros.

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Camacol, por ejemplo, propone la creación de un programa de arrendamiento social, en donde el Estado subsidie una parte del canon de arrendamiento por un período determinado y en una vivienda formal. Así el hogar tendría un margen de ahorro para pagar la cuota inicial y acceder a un crédito hipotecario.

Aunque el país ha avanzado en materia de vivienda en los últimos años, el reto sigue siendo considerable. Desde sectores como Fedelonjas se impulsa a continuar con los subsidios para la compra y mejora de vivienda, que han dado buenos resultados, así como favorecer la adquisición de vivienda usada. También se deben propiciar conversaciones con las administraciones locales para que la política de vivienda nacional se engrane con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de cada ciudad. El trabajo es arduo y garantizar la calidad integral es el gran reto.

No es desatinado asegurar que en el mandato de Iván Duque cientos de miles de familias cumplieron el sueño de tener casa propia. Es más, su cuatrienio se ha caracterizado por alcanzar máximos históricos en unidades de vivienda comercializadas, llegando a las 256.000 unidades en los últimos doce meses, donde el 70 %, según cifras de Camacol, son viviendas de interés social.

¿Pero son viviendas de calidad? El Gobierno podría decir que sí, porque, por norma, cada una de estas debe ser entregada con equipamientos mínimos, como baños y cocinas funcionales, además de servicios públicos. Sin embargo, según expertos consultados por este medio, gran parte de estas no aportan significativamente a una mejora en la calidad de vida, pues algunos las califican como “cajas de fósforos”; su ubicación es distante a lugares demandados (trabajo, hospitales, parques y centros de educación) y las zonas comunes no siempre garantizan un adecuado esparcimiento.

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Es más, para Diego Alejandro Velandia Rayo, director del Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes, centrarse solo en las cifras de las unidades vendidas, por más récords que registren, influye en que detrás del logro de decir “tengo mi casa propia” se acepten falencias en la calidad de esa vivienda, tanto en su interior, alrededores y ubicación con relación a la ciudad.

En suma, los subsidios (como los del programa Mi Casa Ya y los que otorgan las cajas de compensación familiar), las bajas tasas de interés hipotecario (que ahora peligran por el ambiente inflacionario) y los esfuerzos del sector constructor en Colombia han sido importantes para satisfacer la demanda de vivienda en el país, aunque con una serie de peros en la mitad. Con la entrada del Gobierno de Gustavo Petro, vale la pena preguntarse ¿cuáles son los cambios que necesita la política de vivienda?

Para Andrés Correa, presidente en Colombia de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI por sus siglas en francés), lo más urgente es mantener los bajos costos de la construcción y las tasas de interés para créditos hipotecarios, pues el panorama inflacionario pone en riesgo la meta de que el país atienda su déficit habitacional, que supera los cinco millones de hogares, además de afectar un sector de la economía que genera 1,2 millones de empleos e impulsa a 36 subsectores.

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Alejandro Castañeda, gerente de ACCI (empresa especializada en asesoría inmobiliaria), coincide con Correa al resaltar la importancia de mantener estables los precios de insumos como el acero, pues de lo contrario “la vivienda de interés social comenzará a acabarse por no representar utilidades”.

A mediano plazo, el director del Observatorio de Vivienda cree que la política pública se debe reestructurar y virar hacia la calidad. Con base en los análisis que se han realizado en la organización que representa, asegura que son tres los ámbitos en los que debería manifestarse esta mejora.

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El primero es el individual, dejando atrás las viviendas tipo a las que las familias tienen que adaptarse, pasando a un modelo en el que las viviendas se adaptan a las necesidades de las familias. “Eso implica unos retos técnicos y un cambio en cómo se construye. Hay que incluir al usuario desde el diseño inicial del proyecto de construcción”, detalla.

El segundo ámbito es el de la comunidad. Esto implica espacios donde los habitantes de un sector se encuentren e incluso puedan desarrollar actividades productivas sin que haya conflictos con los demás integrantes ni con el medio ambiente. Y el tercero es el de ciudad, en donde se busca que las familias residan en zonas próximas a servicios y equipamientos altamente demandados, como hospitales, centros de educación, lugares de esparcimiento, comercios y demás sitios de interés. Espacios a los que se pueda ir caminando o en transporte a no más de quince minutos (el famoso concepto de las ciudades de quince minutos).

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Sobre lo anterior, Camacol le propone al gobierno de Gustavo Petro trazar una meta de construcción de un millón de metros cuadrados nuevos, por año, en equipamientos como colegios, centros infantiles, espacios deportivos y puntos digitales, entre otros. “Su realización, operación y mantenimiento puede ser pública o mediante asociaciones público privadas”, explica.

Incluso este cambio de paradigmas en la política de vivienda implicaría la necesidad de impulsar alternativas como el arriendo, para quienes el comprar casa o apartamento es complejo o simplemente no es un tema de su interés. Velandia resalta que en este aspecto pueden cobrar protagonismo modelos como el leasing, el coliving y el cohousing, entre otros.

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Camacol, por ejemplo, propone la creación de un programa de arrendamiento social, en donde el Estado subsidie una parte del canon de arrendamiento por un período determinado y en una vivienda formal. Así el hogar tendría un margen de ahorro para pagar la cuota inicial y acceder a un crédito hipotecario.

Aunque el país ha avanzado en materia de vivienda en los últimos años, el reto sigue siendo considerable. Desde sectores como Fedelonjas se impulsa a continuar con los subsidios para la compra y mejora de vivienda, que han dado buenos resultados, así como favorecer la adquisición de vivienda usada. También se deben propiciar conversaciones con las administraciones locales para que la política de vivienda nacional se engrane con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de cada ciudad. El trabajo es arduo y garantizar la calidad integral es el gran reto.