Estas son las razones del llamado a paro nacional de este 26 de agosto

Este jueves, 26 de agosto, se llevará a cabo una nueva jornada de movilización nacional convocada por el Comité Nacional del Paro. La movilización responde, entre otras cosas, al proyecto de ley de reforma tributaria que presentó el Gobierno y que este miércoles las comisiones económicas del Congreso votaron favorablemente.

En total, 60 % de la carga de recursos de esta reforma descansará sobre las empresas, vía la suspensión (temporal, en algunos casos) de beneficios que les habían sido otorgados en la tributaria anterior (aprobada en 2019).

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Por su parte, Francisco Maltés, presidente de la CUT, asegura que la reforma “congela los salarios de los servidores públicos por 10 años y le impone un impuesto a la renta a los microempresarios, no a la reforma del Estado que faculta al gobierno para realizar una masacre laboral, no a la privatización de las empresas del Estado”.

Además, la jornada de protestas buscará impulsar los 10 proyectos de ley que presentaron en el Congreso sobre salud, gratuidad en la educación, renta básica, apoyo a la nómina de las mypimes y generación de empleo, producción nacional, programa de juventud, garantías al derecho a la protesta, reforma a la Policía y contra las violencias basadas en género.

Entre los proyectos está el de establecer una renta básica para diez millones de personas de un salario mínimo por siete meses, matrícula cero para los jóvenes universitarios de instituciones públicas, apoyo a la nómina de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, reforma a la Policía, garantías al legítimo derecho a la protesta social y de acuerdo con los estándares internacionales, construcción de una política de juventud, intervención al sector de la salud, apoyo a la producción nacional agrícola y acciones contra la violencia de género.

La derogatoria del Decreto 1174 también estaba entre los proyectos presentados en el Congreso por el Comité del Paro y que este miércoles tumbó la Corte Constitucional. Dicho decreto había reglamentado el piso de protección social, aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, norma que el Gobierno consideraba como una solución para darles seguridad social a personas que no alcanzan a devengar un salario mínimo mensual porque trabajan a tiempo parcial, pero que para los sindicatos se trataba de “una reforma pensional y laboral camuflada”.

Lea también: Estos son los proyectos que el Comité del Paro buscará tramitar en el Congreso

Sobre la derogatoria del decreto 1174, Maltés aseguró que “el Decreto1174 es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás. Con la expedición de este decreto las entidades del sector público quedaban autorizadas a contratar a personas por horas, por menos del salario mínimo y el patrón no estaba obligado a pagar salud, riesgos laborales, pensiones o cajas de compensación y, por esa razón, no cotizaban al sistema de pensiones, es decir, no se iban a poder pensionar”.

Arias señala que más que un piso de protección social, lo que debe hacer el Gobierno con los trabajadores informales “es reconocerles su trabajo y llenarlos de garantías. El sector formal tiene subsidio a las nóminas con el PAEF, por qué no darles un subsidio similar a los informales para que puedan formalizarse y tener recursos suficientes para reactivar la economía. Ahí está la propuesta de la renta básica de emergencia para estos casos”.

La marcha de este jueves 26 de agosto comenzará en Bogotá a las 9:00 a.m. en el Parque Nacional e irá hasta la Plaza de Bolívar y, de acuerdo con Percy Oyola, presidente de la CGT, también se realizarán manifestaciones dentro de las localidades de la ciudad.

Sobre los riesgos de contagios por las manifestaciones, los organizadores mencionaron que los riesgos no son superiores a los que “miles de personas enfrentan a diario cuando se movilizan en los sistemas masivos de transporte de las principales ciudades”.

Fabio Arias, fiscal de la CUT, mencionó que “en medio del paro nacional que empezó el 28 de abril nos dijo que éramos los responsables de los contagios y de la recesión económica, pero esa tesis se cayó cuando el DANE y el Gobierno sacaron pecho al decir que en el segundo trimestre de este año la economía creció en 17,8 %”.

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“Reiteramos el llamado a la protesta pacífica y le pedimos al Gobierno que garantice el derecho a la protesta. También rechazamos cualquier daño de la infraestructura privada y pública. Insistimos en que el carácter de estas movilizaciones es que se hagan en paz y cumpliendo los protocolos de bioseguridad”, mencionó Oyola.

Este jueves, 26 de agosto, se llevará a cabo una nueva jornada de movilización nacional convocada por el Comité Nacional del Paro. La movilización responde, entre otras cosas, al proyecto de ley de reforma tributaria que presentó el Gobierno y que este miércoles las comisiones económicas del Congreso votaron favorablemente.

En total, 60 % de la carga de recursos de esta reforma descansará sobre las empresas, vía la suspensión (temporal, en algunos casos) de beneficios que les habían sido otorgados en la tributaria anterior (aprobada en 2019).

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Por su parte, Francisco Maltés, presidente de la CUT, asegura que la reforma “congela los salarios de los servidores públicos por 10 años y le impone un impuesto a la renta a los microempresarios, no a la reforma del Estado que faculta al gobierno para realizar una masacre laboral, no a la privatización de las empresas del Estado”.

Además, la jornada de protestas buscará impulsar los 10 proyectos de ley que presentaron en el Congreso sobre salud, gratuidad en la educación, renta básica, apoyo a la nómina de las mypimes y generación de empleo, producción nacional, programa de juventud, garantías al derecho a la protesta, reforma a la Policía y contra las violencias basadas en género.

Entre los proyectos está el de establecer una renta básica para diez millones de personas de un salario mínimo por siete meses, matrícula cero para los jóvenes universitarios de instituciones públicas, apoyo a la nómina de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, reforma a la Policía, garantías al legítimo derecho a la protesta social y de acuerdo con los estándares internacionales, construcción de una política de juventud, intervención al sector de la salud, apoyo a la producción nacional agrícola y acciones contra la violencia de género.

La derogatoria del Decreto 1174 también estaba entre los proyectos presentados en el Congreso por el Comité del Paro y que este miércoles tumbó la Corte Constitucional. Dicho decreto había reglamentado el piso de protección social, aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, norma que el Gobierno consideraba como una solución para darles seguridad social a personas que no alcanzan a devengar un salario mínimo mensual porque trabajan a tiempo parcial, pero que para los sindicatos se trataba de “una reforma pensional y laboral camuflada”.

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Sobre la derogatoria del decreto 1174, Maltés aseguró que “el Decreto1174 es una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás. Con la expedición de este decreto las entidades del sector público quedaban autorizadas a contratar a personas por horas, por menos del salario mínimo y el patrón no estaba obligado a pagar salud, riesgos laborales, pensiones o cajas de compensación y, por esa razón, no cotizaban al sistema de pensiones, es decir, no se iban a poder pensionar”.

Arias señala que más que un piso de protección social, lo que debe hacer el Gobierno con los trabajadores informales “es reconocerles su trabajo y llenarlos de garantías. El sector formal tiene subsidio a las nóminas con el PAEF, por qué no darles un subsidio similar a los informales para que puedan formalizarse y tener recursos suficientes para reactivar la economía. Ahí está la propuesta de la renta básica de emergencia para estos casos”.

La marcha de este jueves 26 de agosto comenzará en Bogotá a las 9:00 a.m. en el Parque Nacional e irá hasta la Plaza de Bolívar y, de acuerdo con Percy Oyola, presidente de la CGT, también se realizarán manifestaciones dentro de las localidades de la ciudad.

Sobre los riesgos de contagios por las manifestaciones, los organizadores mencionaron que los riesgos no son superiores a los que “miles de personas enfrentan a diario cuando se movilizan en los sistemas masivos de transporte de las principales ciudades”.

Fabio Arias, fiscal de la CUT, mencionó que “en medio del paro nacional que empezó el 28 de abril nos dijo que éramos los responsables de los contagios y de la recesión económica, pero esa tesis se cayó cuando el DANE y el Gobierno sacaron pecho al decir que en el segundo trimestre de este año la economía creció en 17,8 %”.

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“Reiteramos el llamado a la protesta pacífica y le pedimos al Gobierno que garantice el derecho a la protesta. También rechazamos cualquier daño de la infraestructura privada y pública. Insistimos en que el carácter de estas movilizaciones es que se hagan en paz y cumpliendo los protocolos de bioseguridad”, mencionó Oyola.