“Este no fue el Gobierno que endeudó a Colombia”: ministro de Hacienda

La pregunta va: ¿cuáles son sus principales retos como ministro? La respuesta vuelve casi de inmediato, con el plural defenestrado y en un singular que no deja espacio para muchas dudas: el panorama fiscal.

La pregunta va: ¿cuáles son sus principales retos como ministro? La respuesta vuelve casi de inmediato, con el plural defenestrado y en un singular que no deja espacio para muchas dudas: el panorama fiscal.

Diego Guevara fue designado hace un poco más de una semana como ministro de Hacienda y ya tuvo que hacerle frente a la caída de la ley de financiamiento que buscaba sumarle $12 billones al presupuesto de la nación para 2025, originalmente.

La iniciativa era una suerte de muerto viviente en un momento en el que la administración del presidente Gustavo Petro no se encuentra en los mejores términos con el Congreso, “ad portas” de un año preelectoral y después de que ambos lados de la discusión no pudieran ponerse de acuerdo ni siquiera en cuáles deberían ser los recursos para el próximo año.

Guevara habla en esta entrevista de cómo queda el panorama con este revés legislativo y del camino que se viene para la economía en 2025, cuando se esperan mejores cifras de crecimiento, pero en medio de una intensa presión fiscal.

¿Cómo queda el panorama sin la ley de financiamiento?

El primer paso es hacer un aplazamiento de $12 billones, legalmente. Es decir, nosotros expediremos un decreto con unas partidas ya seleccionadas y listas para hacer el recorte. En resumidas cuentas, el 1° de enero arrancará el juego con $511 billones. Y tratando de buscar que ese aplazamiento no afecte los programas del Gobierno. Esa ha sido un poco la instrucción del presidente y ese va a ser el reto, que es grande. Tendremos que ser muy creativos.

Estamos buscando con el equipo de presupuesto qué se puede hacer en el renglón de funcionamiento. Ese es un rubro que es 95 % inflexible, pero en ese 5 % se pueden encontrar cosas.

En el debate de la ley se dijo mucho que el Estado es muy grande, que gasta mucho.

Hay que decir que una de las razones de por qué el presupuesto creció mucho es por la fórmula del Sistema General de Participaciones (SGP), que es un promedio de los ingresos corrientes de la nación de los últimos cuatro años. Estos ingresos, por inflación y por el alto crecimiento de 2022, presionaron un salto grande en el presupuesto. Entonces en el imaginario colectivo empieza a existir esta idea de que es un Gobierno despilfarrador. Pero más allá del Ministerio de la Igualdad, no hay más entidades nuevas. Este es un mensaje importante.

También está la discusión de la deuda…

El gran salto presupuestal es en deuda. Es decir, el presupuesto tiene funcionamiento, deuda e inversión. La deuda son $112,6 billones, la inversión $69 billones (ya sin la tributaria). El servicio a la deuda es el punto complejo, pero aquí se ha pagado rigurosamente. Eso es parte del marco de estabilidad macroeconómica que a usted le permite mantenerse en los mercados.

¿Qué tanto del recorte será de recursos que ya no van y qué tanto del colchón de dineros no ejecutados?

Dentro de los ejercicios presupuestales existe algo que se llaman las pérdidas de apropiación, que les pasa a todos los gobiernos. Tenemos que ver qué vamos a ejecutar realmente y qué induce una pérdida de apropiación. Puede no ser la forma más ortodoxa de hacerlo, pero es el manejo de caja más eficiente para cumplir con las metas fiscales. Y quizás esto nos dé algún margen de maniobra para el ajuste presupuestal.

¿Cómo juega todo este panorama con la regla fiscal?

Vamos a cumplirla, es una ley. El pago de la deuda está en el marco de la sostenibilidad fiscal. Ese mensaje es importante, a pesar de que 2025 va a ser un año retador en el frente fiscal. Pero todo esto abre un debate muy interesante sobre la regla que, siendo ley, tampoco es completamente estática. Hay debates sobre comportamientos del ciclo petrolero, por qué nuestra regla no tiene un ciclo carbonífero. Hay que pensarla, hacia futuro, con componentes verdes, como lo habíamos hecho en la ley de financiamiento. Las reglas no son estáticas, no son los 10 mandamientos.

Creo que la regla podría haber quedado mucho mejor en 2021, después de la pandemia, pero se diseñó pensando que volveríamos a la normalidad después del covid-19 en dos o tres años, como si no hubiera pasado nada. Eso es una barbaridad en términos fiscales. Creo que hay que empezar a hablar y reflexionar un poco sobre la estructura. Aclaro que hablar sobre la regla fiscal no quiere decir que uno la rompa. Acá el concepto de fondo es el de sostenibilidad fiscal y cómo usted está comprometido con esto. En el imaginario público quedó la regla como una idea congelada y se puede dar una reflexión profunda y técnica al respecto.

¿Van a volver a buscar cambios en la regla fiscal, como el adelanto de sus metas?

El adelanto nos servía en este momento, porque entraba para la otra vigencia, pero ya no. Y el espacio político es menor el otro año en el Congreso. Pero siempre estamos dispuestos a construir confianzas, buscar consensos. Sé que es un momento político tenso con nuestras comisiones económicas, pero será parte de los diálogos y las reflexiones que tengamos que tener el otro año.

Aunque usted llega con piernas frescas, el ambiente político está tenso. ¿Cómo ve su relación con el Congreso?

Hay una frase típica que aplica acá: la política es dinámica y la política económica también lo es. Vale la pena para este fin de año pensar en cómo se puede sumar al país. Vienen muchos retos en materia económica. El acto legislativo de reforma al SGP nos compromete a presentar una ley de competencias al Congreso, y esto requerirá un verdadero diálogo nacional.

En el debate de la ley de financiamiento hubo varias preocupaciones por la estabilidad fiscal del país, de congresistas que igual votaron a favor de la reforma al SGP, que ha sido descrita por muchos como un riesgo fiscal a futuro...

Hay una frase de Ortega y Gasset que dice: “Yo soy yo y mis circunstancias”. Creo que al final, cuando usted juega en la política, las diferentes coyunturas lo llevan a eso, a enfrentarse muchas veces a contradicciones. Y esa es la contradicción que hay quizás en el Congreso: por un lado, hablar de sostenibilidad, pero por el otro está el SGP, que plantea retos. Pero hemos insistido mucho que esa reforma tiene que estar sujeta a la salud fiscal, y ahí lo clave será el traslado de competencias.

Ese será un proceso complejo…

Hay muchos escenarios macroeconómicos que hicieron los diferentes centros de pensamiento que mostraban los escenarios apocalípticos fiscales para Colombia de esa reforma. Claro, si yo no transfiero competencias, seguramente serían esos los escenarios. Aquí el debate es: “Sí, señor, municipio o departamento, yo voy a transferirle más recursos, pero ahora también yo, a nivel central, suelto algunas competencias”. Es un tema que requiere consenso con las regiones, pero también con las realidades fiscales del país, que quizás en la próxima década nos llevará a pensar en otras reformas: al sistema presupuestal, al gasto y a repensar las necesidades como Estado.

Porque el choque fiscal no es solo de este gobierno. La deuda viene subiendo desde 2014, que era algo así como 30 % del PIB. Nosotros la recibimos en 58 % del PIB. Este no fue el gobierno que endeudó a Colombia. Esto ha sido un proceso de la última década en un país que no estaba preparado para un choque petrolero y que no ha balanceado sus relaciones con el sector externo. Esa sí es una reflexión mayor sobre el Estado colombiano.

Varios ministros dijeron que sin la ley de financiamiento no iba a haber plata para algunos programas.

Implícitamente, parte de la inversión tiene compromisos fijos, que tienen que ver con vigencias futuras, por ejemplo. La ley lo que buscaba era complementar esa parte menos flexible de inversión. Al final, somos una cartera de finanzas, que hace asignaciones y no entro en el debate sectorial de, por ejemplo, en transporte, a qué se le quita, en comunicaciones, a qué se le da. Eso es un diálogo al interior de los jefes de planeación de cada cartera.

¿En 2025 se repetirán los problemas con el recaudo: no cumplir las proyecciones?

Las proyecciones de recaudo realmente se están normalizando. En 2023 hubo un pico de recaudo que nunca se da. ¿Por qué? Porque en 2022 tuvimos un cambio brutal del ciclo económico, con un crecimiento del 7 %. Entonces usted va recaudando impuestos en un año con un crecimiento tipo China en su mejor momento. En 2023 también hubo un adelanto de pagos. Y en 2023 todos esperábamos un PIB del 1,2 %, más o menos, pero fue del 0,6 %. Eso también nos afectó. Pero estamos esperando crecer este año 1,8, 1,9 %, tres veces lo que tuvimos en 2023. Además, este año también ha sido bueno en inflación y con un desempleo estable, en niveles prepandemia.

En el tema del diésel ya se hicieron los dos aumentos acordados. ¿En 2025 van a retomar esa conversación?

Es un asunto importante para plantearle al sector camionero. Seguiremos en conversaciones, pero muy concretas. Esto no lo podemos dilatar, las conversaciones y los acuerdos. Cuando la inflación está cayendo y el resto de los colombianos están pagando una gasolina a precio internacional, no es justo con otros colombianos. Sabemos que hay unas preocupaciones puntuales con los transportadores, pero, progresivamente, es inevitable que haya que acelerar esa conversación porque el frente fiscal lo requiere. Pero, de nuevo, con consensos, como lo hemos hecho.

¿Cómo espera que se sigan dando las movidas de tasas del Banco de la República?

Los cambios en los dos codirectores, entre enero y febrero, van a permitir realmente una discusión mucho más sensata sobre el ritmo al que deben bajar las tasas de interés. Siempre hemos creído, desde el Ministerio, que las tasas podrían haber bajado más rápido. Y eso nos habría dado un mayor margen de crecimiento. De eso no hay duda. Nuestros equipos técnicos siempre recomendaron bajas a un mayor ritmo. Esa ha sido una discusión técnica con el Banco, pero que incluso puede tener factores políticos que siempre permean la técnica.

En la ley de financiamiento estaba que se iba a asumir la opción tarifaria. ¿Qué va a pasar con eso?

Es parte del choque. Habrá que pensar en mecanismos de innovación financiera. Es uno de los retos más grandes que tenemos en 2025. La caída de la ley de financiamiento cierra esa posibilidad. Hay un reto en términos de repensar la estructura de la cadena de la energía. Esto lo que termina mostrando es la importante del gasto público en la estructura, a pesar de todos los que dicen “menos Estado”.

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