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La fiscalización tributaria enfrenta inconsistencias por $2,1 billones detectados en la facturación electrónica, una grieta en el sistema fiscal en medio de la falta de ingresos para el Estado.
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la alerta abre una nueva fase de revisiones masivas que involucran a miles de establecimientos comerciales en Colombia, lo que apretará las tuercas para garantizar el cumplimiento de las normativas tributarias y la transparencia en el recaudo.
De acuerdo con la autoridad, las irregularidades detectadas están relacionadas con transacciones que muestran valores atípicos en relación con la capacidad económica de los facturadores o liquidaciones impositivas incorrectas. Estas inconsistencias ya están siendo objeto de revisión detallada para identificar posibles casos de evasión fiscal y fraude.
Estos enredos se encuentran bajo escrutinio y han movilizado a más de 3.000 funcionarios para verificar la emisión adecuada de facturas electrónicas en más de 18.000 establecimientos comerciales. Además, la lupa le apuntó a un problema estructural: 12% de los facturadores visitados no cumple con la normativa o simplemente no utiliza herramientas electrónicas para facturar.
Por lo tanto, la DIAN convocó a los principales proveedores tecnológicos para discutir los próximos pasos en la implementación de mejoras en la expedición de estas facturas.
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📰Cerca del 12% de los responsables de facturar que ya han sido visitados por nuestros funcionarios siguen sin facturar electrónicamente o lo hacen sin el cumplimiento de los requisitos de ley. ➡️ Aquí les contamos sobre las consecuencias para estos casos: https://t.co/vEUSQ5BBJw pic.twitter.com/xHsDFzszGm
— DIANColombia (@DIANColombia) December 12, 2024
El sistema de facturación electrónica en Colombia procesa diariamente más de 32 millones de documentos. De estos, 84 % es transmitido por proveedores tecnológicos autorizados, 15 % por software propio de los contribuyentes y el 1% a través del servicio gratuito ofrecido por la DIAN.
Según Cecilia Rico Torres, directora de Gestión de Impuestos, este flujo masivo de documentos exige un seguimiento riguroso para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.
Sin embargo, las cifras evidencian brechas y anomalías. En entrevistas realizadas a compradores, la DIAN encontró que cerca de tres de cada diez no recibe facturas electrónicas o las recibe sin cumplir con los estándares exigidos. Esta situación no solo afecta la recaudación fiscal, sino también la transparencia en las transacciones económicas del país.
En respuesta a estas irregularidades, la entidad reforzará su estrategia de fiscalización, aumentando el número de funcionarios encargados de verificar la correcta expedición de las facturas.
La directiva señaló que los establecimientos de comercio y proveedores de servicios tienen tres opciones para facturar electrónicamente:
- Utilizar el servicio gratuito que ofrece la DIAN.
- Desarrollar una solución propia.
- Contratar los servicios de un proveedor tecnológico autorizado.
Paralelamente, desde el 9 de diciembre, la DIAN implementa una jornada de cobro para recuperar $2,8 billones de cartera morosa. Las acciones incluyen embargos de cuentas bancarias y visitas domiciliarias a más de 65.000 contribuyentes que presentan retrasos en sus obligaciones tributarias.
Estas medidas se suman a las estrategias de cobro ejecutadas entre julio y noviembre, que permitieron gestionar una cartera morosa de $31,3 billones. Esta deuda, acumulada por 277.000 contribuyentes, es un reflejo del reto que enfrenta la DIAN para consolidar la cultura tributaria en el país.
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1/4 | Hoy avanzamos en nueva jornada de control de #FacturaElectrónica. Cecilia Rico, directora de impuestos, explica para @Teleantioquia cómo funcionan las visitas, cuáles son las sanciones por no facturar correctamente y el proceso antes del cierre de un establecimiento. pic.twitter.com/QZ1Bmn7sdi
— DIANColombia (@DIANColombia) December 12, 2024
Actualmente, cerca de 3.000 funcionarios están realizando visitas a más de 18.000 establecimientos comerciales en todo el país, con el objetivo de asegurar que todos los procesos de facturación electrónica sean conforme a la ley.
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Este volumen de transacciones subraya la necesidad de un monitoreo exhaustivo y continuo para asegurar que todas las facturas cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
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