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La calificadora de riesgo Fitch degradó este viernes la deuda del gobierno de Ucrania de “B” a “CCC” tras la invasión rusa que le genera un “severo shock negativo”, lo que causaría un impacto en la actividad económica, la moneda y aumentaría la inflación, según explicó la calificadora.
“La invasión militar de Rusia ha resultado en mayores riesgos para las finanzas públicas y externas de Ucrania, la estabilidad macrofinanciera y la estabilidad política”, dijo Fitch y resaltó la “alta incertidumbre” sobre la duración del conflicto.
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Por su parte, la calificadora de riesgo Moody’s Investors Service advirtió que podía degradar las deudas tanto de Ucrania como de Rusia por la guerra.
Rusia lanzó el jueves una invasión a gran escala de Ucrania que hasta ahora ha matado a decenas de personas y ha generado temores de una nueva Guerra Fría en Europa.
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“Estos eventos representan una elevación adicional significativa de los riesgos geopolíticos que Moody’s había subrayado previamente, que está siendo acompañada por sanciones adicionales y más severas contra Rusia, potencialmente incluyendo aquellas que puedan impactar en el pago de la deuda soberana”, dijo la agencia.
Al justificar su decisión sobre Ucrania, Fitch indicó que “existe una alta incertidumbre sobre el alcance de los objetivos finales de Rusia, la duración, la amplitud y la intensidad del conflicto, y sus consecuencias”.
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La agencia destacó la “liquidez externa bastante baja” de Ucrania relacionada con su deuda de US$4.300 millones, y dijo que “las salidas de capital esperadas debilitarán aún más su posición de financiamiento externo”.
“Se espera que el shock a la confianza interna tenga un impacto severo en la actividad económica y la moneda, alimentando la presión inflacionaria y la volatilidad marcoeconómica”, sostuvo Fitch.
“Adicionalmente, las finanzas públicas pueden ser impactadas por un mayor gasto militar y la capacidad de financiar la deuda estará gravemente limitada”.
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De su lado, el Fondo Monterio Internacional dijo este viernes que Kiev había solicitado un “financiamiento de emergencia” al prestamista de crisis basado en Washington, sumado a su programa de ayuda ya existente de unos US$2.200 millones.