Gobierno oficializa recorte de $28,4 billones en el presupuesto actual

Este ajuste representa una reducción de 5,7 % en el bolsillo de 2024 ($503 billones).

Foto: Getty Images

El Gobierno decretó el recorte de $28,4 billones en el Presupuesto General de la Nación de 2024 anunciado el mes pasado, debido a una importante caída en los ingresos tributarios.

Este ajuste, que afectará principalmente los gastos de funcionamiento y la inversión, es una medida necesaria para enfrentar un déficit fiscal causado por la disminución de los recaudos de la DIAN, lo que pone en riesgo el cumplimiento de las proyecciones económicas del país.

En total, $18,2 billones se reducirán en gastos de funcionamiento, y $10,1 billones en inversiones.

A pesar de las medidas tomadas, el panorama sigue siendo incierto, pues el presupuesto del próximo año ($523 billones) iniciará con un déficit de $12 billones tras la caída de la reforma tributaria.

Por tal motivo, el 2 de enero se anunciará un recorte de la cifra que esperaba levantar la Ley de Financiamiento. De este modo se equilibrarían las finanzas públicas tras ingresos previstos de $511 billones para el próximo año.

¿Cuáles serán los sectores afectados?

El ajuste de $28,4 billones afectará principalmente aquellos sectores en los que la ejecución del presupuesto no ha sido total.

En términos de gastos de funcionamiento ($18,2 billones):

• Ministerio de Hacienda: $11,79 billones.
• Ministerio de Trabajo: $3,89 billones.
• Defensa: 606.000 millones.
• Judicial: 452.000 millones.
• Fiscalía: 347.000 millones.

En términos de inversión ($10,1 billones)

• Inclusión social (incluyendo Prosperidad Social): $1,79 billones.
• Ministerio de Hacienda (por concepto previo): $1,71 billones.
• Transporte: $1,38 billones.
• Agricultura: $1,21 billones.
• Vivienda: $647.000 millones.
• Minas: $543.000 millones.
• Educación: $307.000 millones.

Los sectores que se salvan del recorte serán los de Salud, Defensa y Policía, Interior y Presidencia de la República.

¿A qué se debe?

La caída en los ingresos tributarios, particularmente el impuesto de renta, ha sido uno de los factores más que ha llevado a esta decisión.

Entre enero y octubre de 2024, el recaudo bruto alcanzó los $223,86 billones, lo que representó una disminución de $16,44 billones en comparación con el año anterior. Este desajuste pone en peligro las finanzas del Estado y obliga a ajustar el gasto público.

En noviembre, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también había destacado que el recaudo tributario no fue el esperado, particularmente en lo que respecta al impuesto de renta, cuyo desempeño no cumplió las expectativas debido a la simultaneidad en el cobro de los años fiscales 2023 y 2024. Esta situación no se repetirá en 2025, por lo que el Gobierno espera que el recaudo se recupere a partir del próximo año.

Jairo Villabona, director de la DIAN, subrayó que no se alcanzará la meta de recaudo de $279,4 billones para 2024, debido a factores como los recursos de regalías que fueron suspendidos y la falta de avances en los litigios relacionados con impuestos cercanos a los $15 billones. Además, la retención en la fuente de 2023 no produjo los resultados esperados, lo que, sumado a la evasión fiscal, sigue siendo uno de los principales desafíos para las finanzas del país.

Una caída en los ingresos que impactaría la Regla Fiscal

La caída en los ingresos no solo afecta la ejecución del presupuesto en el presente año, sino que también compromete el cumplimiento de la Regla Fiscal, que establece un límite en los gastos del Gobierno en relación con sus ingresos.

Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, el ajuste de $50,8 billones en el gasto presupuestado ya había reducido el presupuesto de 2024 a $357,3 billones, un 12,4 % menos que el monto original.

Este incumplimiento de las metas fiscales tiene consecuencias directas sobre los servicios públicos, la infraestructura y los programas sociales.

De hecho, según analistas del Banco de Bogotá, el desfase total de ingresos podría rondar entre los $12 y $13 billones, lo que obligaría a realizar ajustes adicionales en áreas como salud, educación e infraestructura, especialmente en proyectos ya comprometidos.

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