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José Manuel Restrepo Abondano, ministro de Hacienda y Crédito Público, presentó este viernes a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023. Se trata de la primera hoja de ruta que el gobierno saliente de Iván Duque le deja al presidente entrante Gustavo Petro.
El valor del proyecto presentado asciende a $391,4 billones: $250,6 billones (64 %) corresponden a gastos de funcionamiento, $78 billones (19,9 %) al pago del servicio de la deuda y $62,8 billones (16 %) a inversión. El presupuesto equivale al 27 % del porcentaje del PIB.
Según explicó la cartera mediante un comunicado, “al descontar el servicio de la deuda pública, $78 billones, y las transferencias para el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), $19,1 billones (1,3% del PIB), el valor de las apropiaciones asciende solo a $294,4 billones, un 4,9 % superior al presupuesto vigente”.
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De acuerdo con José Manuel Restrepo, este proyecto de ley propone avanzar en un ajuste “ordenado y gradual” De las finanzas públicas. “El PGN 2023 está programado acorde con las posibilidades reales de financiación del país, en un entorno global de incertidumbre y presiones inflacionarias que tiende a elevar el costo de los intereses de la deuda pública y amenaza con restarle dinamismo al crecimiento económico; al tiempo que subraya la pertinencia de mantener la inversión estatal requerida para, de forma responsable, superar las secuelas sociales y económicas dejadas por la pandemia”.
¿Cómo está distribuido el presupuesto en la propuesta de Minhacienda?
De acuerdo con Minhacienda, la suma de las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP), las pensiones y el aseguramiento en salud explican más de la mitad del total de los gastos de funcionamiento, es decir $143,6 billones. Las transferencias para el SGP ascenderán a $54,9 billones, un monto superior en 10,8 % al previsto para 2022. El pago de las mesadas pensionales pasará de $50,7 billones este año a $56,0 billones en 2023, 10,3 % más. El aseguramiento en salud sería de $32,7 billones, es decir, 21,6 % más.
El 89,4 % de los recursos del presupuesto de inversión se concentra en los sectores de inclusión social y reconciliación (25,36 %); transporte (15,39 %); hacienda (10,94 %); educación (8,31 %); trabajo (7,36 %); minas y energía (6,86 %); vivienda, ciudad y territorio (3,71 %); defensa y policía (3,21 %); planeación (2,34 %); agricultura y desarrollo rural (2,10 %); tecnologías de la información y las comunicaciones (2,02 %) y salud y protección social (1,83 %).
“El sector salud, con $49,0 billones, tendrá este año la segunda mayor participación en el total del presupuesto sin deuda, superando al sector de defensa y detrás del sector educación que tendrá la mayor representatividad con $56,5 billones”, explicó la entidad.
Restrepo también mencionó que este presupuesto garantizaría que el país alcance nuevamente un superávit fiscal primario de 0,1% del PIB en 2023. Además, se lograría reducir las necesidades de financiamiento de deuda pública a 6,7 % del PIB el próximo año.
“Cabe anotar que como parte de la estrategia de recuperación de la sostenibilidad fiscal del país, el proyecto de ley de PGN para 2023 busca que los programas de gasto previamente iniciados no queden inconclusos y se cumpla con los compromisos para los cuales se apropiaron”, agregó Minhacienda.
Así las cosas, en las próximas semanas, la administración entrante revisará cada proyecto. “Restrepo enfatizó que las cifras que se presentaron permitirán tener una idea cercana del monto de recursos que podrían requerirse en 2023 para cubrir las necesidades de funcionamiento del sector público y para atender el cumplimiento de las metas previstas en el plan de inversiones, que garanticen la atención de los compromisos adquiridos mediante contratos o convenios vigentes, entre otros”.
De acuerdo con la entidad, este presupuesto también incluye recursos para financiar programas como Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Familias en Acción y compensación del IVA, y atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional.
¿Qué pasará con Ingreso Solidario?
Programas como Ingreso Solidario y el PAEF han mostrado, según el gobierno, ser importantes para enfrentar los efectos sociales de la pandemia y para cubrir las necesidades de la población más vulnerable. Sin embargo, en el caso del Ingreso Solidario, su vigencia es hasta diciembre. “Será el gobierno entrante el que decida sobre su modificación o permanencia, para lo cual deberá tramitar su viabilidad legal ante el legislativo. Mientras se asegura esta viabilidad jurídica se programan recursos para este programa en el Ministerio de Hacienda”.
Restrepo aseguró que no se deben “extraer conclusiones definitivas” de las cifras que se presentan. “Es de considerar, además, que no se conoce la decisión que adoptará el nuevo gobierno sobre el valor y contenido de este proyecto”.
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