Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En la década de los 60, Milton Friedman, economista estadounidense y premio Nobel, se preguntó por qué el gobierno no podía garantizarles un ingreso a todos los ciudadanos sin excepción y sin condiciones para asegurarse de que tuvieran un nivel mínimo de vida. La reflexión data de comienzos del siglo XX, pero el tema todavía da de qué hablar, más ahora cuando la crisis por la pandemia revivió dos problemas que la propuesta busca corregir: la pobreza y la desigualdad.
Esta figura, conocida como renta básica universal, ha sido implementada en distintos momentos por algunos países desarrollados, aunque con variaciones, principalmente en cobertura, a manera de proyectos piloto en pequeños grupos para medir su capacidad para cubrir las necesidades básicas de los hogares y sus posibles consecuencias en el mercado laboral.
Lea también: Una vez aprobada esta reforma tributaria, ¿cómo será la siguiente?
Lo cierto es que, por interesante que parezca la idea, a la que no le faltan contradictores, la renta básica universal es inviable para la mayoría de los gobiernos, más que nada por su costo. Cuando Friedman propuso esta solución la ató a un impuesto del 50 % sobre todas las rentas para financiarlo, una tarifa que no se cobra en ningún país del mundo.
Los estudios que se han hecho sobre los casos de Alaska (Estados Unidos), Dauphin (Canadá), Finlandia, Alemania, Irán, Namibia y Mongolia, por mencionar algunos, demostraron que una renta básica no desincentivaba el empleo, como inicialmente se supuso, pero sí tenía efectos sobre el bienestar de las personas: reducía la delincuencia, aumentaba la asistencia escolar, aminoraba la desnutrición, mejoraba la percepción hacia la instituciones, incrementaba la natalidad, disminuía las visitas al médico e incluso evitaba los divorcios.
“El ingreso básico universal puede tener un impacto significativo en la desigualdad y la pobreza, ya que cubre a todas las personas en la parte inferior de la distribución del ingreso. Pero la universalidad es costosa (…), por lo tanto, ha de analizarse conjuntamente con su financiamiento, para que tenga un efecto neutro en el presupuesto”, advirtió el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sus estimaciones hablan de un costo equivalente al 6,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el caso de un pago equivalente al 25 % del ingreso promedio. En Colombia, esto significaría gastarse la mitad de lo que se recaudó en impuestos en 2020, o más, para darle a cada colombiano unos $275.000 mensuales.
Por fortuna, la renta básica no es el único camino para lograr estos avances, hay otras figuras que, aunque no cumplen con los criterios de incondicionalidad, universalidad y periodicidad, muestran los mismos resultados porque se enfocan específicamente en subsidiar a la población en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Colombia es un buen referente en este tipo de políticas, específicamente el programa Ingreso Solidario.
Con la llegada de la pandemia a este lado del mundo, comenzó la carrera de los gobiernos por mitigar el impacto en la economía a través de políticas públicas. Una proyección de la CEPAL advirtió que más de 200 millones de personas conformarían la población pobre en América Latina y el Caribe (tasa de 33,7 %) tras el primer año de crisis. Solo en Colombia pasamos de contar 17,4 millones de personas en esta condición a 21,2 millones, equivalentes a cinco millones de hogares. Si se suman con la población vulnerable, representan el 73 % del total nacional.
El nuestro fue uno de los primeros países en definir una respuesta humanitaria (en marzo de 2020) para atender a la población más sensible a los cambios que llegaban con la pandemia con una transferencia monetaria no condicionada —es decir, que no se exigía nada a cambio— de $160.000, que en solo tres semanas llegó a 2,5 millones de hogares (alrededor de doce millones de personas). “Con los programas anteriores nos tomó más de una década lograr números similares”, destacó Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Lea también: ¿Qué papel juega la reforma tributaria en la creación de empleo?
Más de cien países han probado las transferencias monetarias no condicionadas en la última década. Solo en América Latina, tras el estallido de la pandemia, se crearon 34 programas nuevos de este tipo, según la CEPAL. Sin embargo, incluso los organismos internacionales destacaron el caso colombiano, porque el Gobierno identificó en tiempo récord a los hogares que no recibían ninguna ayuda del Estado y tenían bajos ingresos para compensarlos en el marco de la emergencia por el COVID-19. “(Ingreso Solidario) es uno de los referentes de ayuda social más sobresalientes de Latinoamérica”, dijo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un informe; “Colombia ha sido un ejemplo a seguir, ha abordado la pandemia y la crisis económica y social de manera innovadora y creativa”, señaló Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
¿Cómo sabía el Gobierno quiénes eran estas personas y dónde ubicarlas? La respuesta está en las bases de datos, principalmente en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), herramienta con más de veinte millones de registros para clasificar a la población por grupos según sus condiciones de vida y su capacidad de generación de ingresos; fue creada en 1995 y ya va en su cuarta versión.
En un poco más de dos semanas, y en medio de la declaratoria de una cuarentena estricta e indefinida, la información del Sisbén, principal herramienta de focalización de programas sociales en el país, se tomó como una base maestra y se complementó con entidades públicas y privadas para asegurarse de que se trataba de personas que no tenían ayudas, buscar características socioeconómicas adicionales y saber si estaban bancarizados o no.
El criterio de selección incluía un ingreso mensual menor a cuatro salarios mínimos (según las cotizaciones a seguridad social) y un saldo en cuentas bancarias menor a $5 millones; también se revisaban activos líquidos, condiciones de vivienda y privaciones. Primero se incluyó a hogares cuyos ingresos estaban por debajo de los umbrales de pobreza que no eran sujetos de otros programas porque no cumplían los criterios de elegibilidad. Después se sumó a hogares vulnerables, no pobres, que en situaciones regulares no precisaban de apoyos, pero eran sensibles a que cualquier variación en el ingreso los regresara un escalón más abajo.
Si bien la experiencia previa que tenía Colombia con transferencias monetarias desde la década de los 90 le daba una ventaja en estos movimientos a gran escala, esto no lo blindó de los errores. Las primeras semanas le llovieron críticas al DNP porque se detectaron anomalías en la base de datos puesta a disposición del público a manera de buscador virtual: cédulas aleatorias que supuestamente correspondían a beneficiarios (como 1.111.111.111), personas inexistentes, fallecidos, nombres y números falsos, registros múltiples, etc. Tras un cruce de información con la Registraduría, se alertaron inconsistencias en casi 17.000 cédulas (0,6 % de total de documentos) que no se habían expedido nunca o ya estaban canceladas. Un informe de auditoría, por su parte, habló de más de 35.000 irregularidades.
El director del DNP se refirió a estos problemas como “costos de aprendizaje”, pues nunca antes se había intentado manejar volúmenes tan grandes de información a través de una página web. Incluso cuenta que se invitó a la gente a reportar si aparecía en la lista de beneficiarios cuando en realidad no lo necesitaba. Solo 179 personas lo hicieron, no alcanzó a ser el 1 %.
Los cuestionamientos se disiparon tras comprobar que una cosa era la plataforma de consulta y otra el sistema de pagos autorizados. Ambas viven en actualización permanente desde su creación. La Fiscalía, Procuraduría ni Contraloría reportaron hallazgos.
Aunque el programa se proyectó a tres meses con ampliación de seis meses, tuvo que ser extendido hasta agosto de 2021. A la fecha se han hecho más de cuarenta millones de transferencias por $160.000 mensuales que superan los $7 billones en quince ciclos de 17 en total. Actualmente se benefician 3.084.987 hogares del país, 71 % de ellos en centros urbanos.
En la próxima entrega le contaremos qué se sabe sobre la efectividad del Ingreso Solidario en reducción de pobreza, qué impacto pudo tener en la disposición de las personas para buscar trabajo y qué tan eficaz es el mecanismo frente a otras políticas que persiguen el mismo resultado. Esta información es clave para decidir qué hacer con el programa ahora que el Gobierno propuso extenderlo por lo menos hasta diciembre de 2022 en el proyecto de ley de inversión social.