Inversión verde: ¿la regla fiscal de la tributaria impulsará la sostenibilidad?
El gobierno propone flexibilizar la Regla Fiscal para financiar proyectos climáticos en la Ley de Financiamiento, pero ¿lo lograría sin desestabilizar las finanzas públicas?
En la Ley de Financiamiento, también conocida como reforma tributaria, el Gobierno de Gustavo Petro propone modificar su Regla Fiscal para permitir mayor inversión en proyectos climáticos sin comprometer las finanzas públicas.
Este proyecto propone medidas para incrementar los ingresos del gobierno. Entre las medidas, se espera que la reforma genere un aumento de $12 billones en 2025, equivalentes a 0,7% del PIB. Estos ingresos provendrán de ajustes en el impuesto sobre la renta, modificaciones al impuesto al carbono, y la eliminación del régimen de transición de la Regla Fiscal actual, entre otros.
La meta es generar un espacio fiscal adicional de $6 billones con nuevos impuestos y $5,6 billones a través de la regla fiscal, que será obligatoria desde 2026.
Ahora, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, este nuevo diseño busca introducir un “escape” que permita incrementar la inversión en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, sin que estos compromisos afecten los balances fiscales tradicionales. Esta iniciativa busca asegurar que las inversiones necesarias para combatir los efectos del cambio climático no se vean limitadas por las restricciones fiscales actuales, abriendo espacio para financiar proyectos verdes.
Las medidas fiscales de la reforma se centran en tres áreas principales:
- Reactivación económica: Modificaciones al impuesto de renta a empresas, principalmente.
- Acción climática y desarrollo sostenible: Cambios al impuesto al carbono e incentivos para energías renovables.
- Eficiencia en la recaudación tributaria: Mejora en los mecanismos de operación de la DIAN.
Le podría interesar: Crecimiento de la economía podría superar las expectativas en el tercer trimestre
¿Cómo podría ajustarse la regla fiscal verde?
La Ley de “Inversión Social”, que actualmente regula la Regla Fiscal, establece que la deuda neta de Colombia no debe superar 71 % del Producto Interno Bruto (PIB), y que el “ancla” de endeudamiento prudente es de 55 %. A través del Balance Primario Neto Estructural (BPNE), que mide los ingresos y gastos del gobierno sin considerar el pago de intereses de la deuda, se define cuánto puede gastar el Estado sin comprometer su estabilidad financiera. No obstante, según el Observatorio, con la propuesta de una regla fiscal verde, el gobierno busca excluir del BPNE ciertos gastos relacionados con la acción climática.
Recomendado: Reforma laboral: aprobada por la Cámara y ahora sigue hacia el Senado
¿Cómo funciona la propuesta?
Bajo esta propuesta, los proyectos que cumplan con los criterios de la Taxonomía Verde de Colombia y el Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles no serían contabilizados en el cálculo del BPNE. Esto permitiría financiar iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático a través de deuda, sin violar los límites fiscales impuestos por la ley.
El informe apuntó que, en concreto, se propone que hasta 0,3 % del PIB anual (equivalente a $30 billones entre 2025 y 2030) pueda destinarse a este tipo de inversiones, con un incremento adicional de 0,15 % del PIB entre 2031 y 2035, sumando un total de $44 billones durante una década.
Actualmente, el país enfrenta un déficit considerable en su financiamiento climático, que la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático estima en una inversión anual de entre 0,7 % y 1,2 % del PIB. Así las cosas, Colombia necesita aumentar sus recursos para cumplir con los compromisos climáticos y disminuir su vulnerabilidad ambiental.
El problema, aseguran los analistas, es que flexibilizar la Regla Fiscal para dar cabida a más deuda podría erosionar la confianza de los inversionistas, quienes podrían percibir un relajamiento en el control del gasto público. En palabras más sencillas: al aumentar el nivel de deuda permitido para proyectos verdes, se abre la posibilidad de que futuros gobiernos utilicen esta excepción para justificar mayores niveles de endeudamiento en áreas ajenas a la crisis climática, comprometiendo la disciplina fiscal en el largo plazo.
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En la Ley de Financiamiento, también conocida como reforma tributaria, el Gobierno de Gustavo Petro propone modificar su Regla Fiscal para permitir mayor inversión en proyectos climáticos sin comprometer las finanzas públicas.
Este proyecto propone medidas para incrementar los ingresos del gobierno. Entre las medidas, se espera que la reforma genere un aumento de $12 billones en 2025, equivalentes a 0,7% del PIB. Estos ingresos provendrán de ajustes en el impuesto sobre la renta, modificaciones al impuesto al carbono, y la eliminación del régimen de transición de la Regla Fiscal actual, entre otros.
La meta es generar un espacio fiscal adicional de $6 billones con nuevos impuestos y $5,6 billones a través de la regla fiscal, que será obligatoria desde 2026.
Ahora, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, este nuevo diseño busca introducir un “escape” que permita incrementar la inversión en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, sin que estos compromisos afecten los balances fiscales tradicionales. Esta iniciativa busca asegurar que las inversiones necesarias para combatir los efectos del cambio climático no se vean limitadas por las restricciones fiscales actuales, abriendo espacio para financiar proyectos verdes.
Las medidas fiscales de la reforma se centran en tres áreas principales:
- Reactivación económica: Modificaciones al impuesto de renta a empresas, principalmente.
- Acción climática y desarrollo sostenible: Cambios al impuesto al carbono e incentivos para energías renovables.
- Eficiencia en la recaudación tributaria: Mejora en los mecanismos de operación de la DIAN.
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¿Cómo podría ajustarse la regla fiscal verde?
La Ley de “Inversión Social”, que actualmente regula la Regla Fiscal, establece que la deuda neta de Colombia no debe superar 71 % del Producto Interno Bruto (PIB), y que el “ancla” de endeudamiento prudente es de 55 %. A través del Balance Primario Neto Estructural (BPNE), que mide los ingresos y gastos del gobierno sin considerar el pago de intereses de la deuda, se define cuánto puede gastar el Estado sin comprometer su estabilidad financiera. No obstante, según el Observatorio, con la propuesta de una regla fiscal verde, el gobierno busca excluir del BPNE ciertos gastos relacionados con la acción climática.
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¿Cómo funciona la propuesta?
Bajo esta propuesta, los proyectos que cumplan con los criterios de la Taxonomía Verde de Colombia y el Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles no serían contabilizados en el cálculo del BPNE. Esto permitiría financiar iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático a través de deuda, sin violar los límites fiscales impuestos por la ley.
El informe apuntó que, en concreto, se propone que hasta 0,3 % del PIB anual (equivalente a $30 billones entre 2025 y 2030) pueda destinarse a este tipo de inversiones, con un incremento adicional de 0,15 % del PIB entre 2031 y 2035, sumando un total de $44 billones durante una década.
Actualmente, el país enfrenta un déficit considerable en su financiamiento climático, que la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático estima en una inversión anual de entre 0,7 % y 1,2 % del PIB. Así las cosas, Colombia necesita aumentar sus recursos para cumplir con los compromisos climáticos y disminuir su vulnerabilidad ambiental.
El problema, aseguran los analistas, es que flexibilizar la Regla Fiscal para dar cabida a más deuda podría erosionar la confianza de los inversionistas, quienes podrían percibir un relajamiento en el control del gasto público. En palabras más sencillas: al aumentar el nivel de deuda permitido para proyectos verdes, se abre la posibilidad de que futuros gobiernos utilicen esta excepción para justificar mayores niveles de endeudamiento en áreas ajenas a la crisis climática, comprometiendo la disciplina fiscal en el largo plazo.
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