Cámara de Representantes aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones

El martes la plenaria de la Cámara de Representantes discutió el proyecto de ley con el que se pretende modificar el Sistema General de Participaciones (SGP). Una iniciativa que ha sido cuestionada, pues si bien reafirma la apuesta por reforzar la autonomía de las regiones, también implicaría un desequilibrio en la estabilidad fiscal de la nación.

Una publicación adelantada por el Grupo de Análisis Fiscal del Banco de la República explica que, sin la mencionada reforma, el déficit fiscal de la nación se estabilizará en alrededor del 2,8 % del PIB a partir del año 2030; con esta, el mismo incrementaría hasta llegar al -4,1 % para el mismo tiempo.

Hay que recordar que el SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a municipios, distritos, departamentos y los territorios indígenas para atender, principalmente, necesidades en educación, salud y agua potable y saneamiento básico. Este sistema se alimenta de los ingresos corrientes de la Nación, y, como explicó el Ministerio del Interior, “tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial”.

Lo que se plantea es que estas transferencias pasen de estar cerca del 20 % y pasen a ser del 39,5 %, aumentando gradualmente durante 12 años, empezando en 2027. Tener en cuenta que esta cifra ha ido evolucionando en el transcurso de los debates, pues la ponencia original proponía un 46,5 %, la cual se alcanzaría mediante un incremento gradual proyectado a diez años.

Así fue el minuto a minuto de la discusión

Quedando solo el parágrafo 2 del artículo 1 de este proyecto de ley por debatir, la plenaria de la Cámara de Representantes dio su luz verde a esta iniciativa, con 124 votos por el sí y 1 votos por el no.

Hay que recordar que este parágrafo fue acordado entre los diferentes congresistas de la plenaria, por las inconformidades que causó la interpretación de que las entidades territoriales tengan que asumir cargas en el sector educación que podrían ser exageradas para su actual capacidad de administración y ejecución.

También se aprobó el título y la pregunta del documento, tal y como venía en el informe de ponencia.

Tener en cuenta que, antes de convertirse en ley, este proyecto debe ser conciliado con el Senado, además de contar con la sanción presidencial. Se espera que en los próximos meses se tengan noticias sobre la ya mencionada ley de competencias, que es la que dará una regulación más clara sobre las responsabildiades del Estado y entidades territoriales.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió las preguntas que le hicieron los congresistas durante el debate.

“Con el ministerio de Hacienda hemos venido trabajando la ley de competencias. Será esta la ley que definirá todo lo que estamos discutiendo acá”, resaltó al añadir que “el texto de hoy es mucho mejor que el anterior”.

“Quiero celebrar que todos los partidos han participado en la votación de este acto legislativo; queremos tener un Estado fuerte en los territorios. Llevamos 40 años diciéndonos que debemos invertir en los territorios. Es irresponsable seguir con el Estado centralista que tenemos hoy”, precisó.

Sobre los cambios que se efectuarán con la aprobación de esta ley, así como la futura ley de competencias, ejemplificó que “el DPS se tiene que reestructurar para que no siga haciendo lo que está haciendo hoy, sino que se dedique exclusivamente a las transferencias monetarias para la población pobre de este país; el INVÍAS se tendrá que reestructurar, porque las vías terciarias del país estarán a cargo de los territorios; el PAE, que está siendo asumido por los departamentos y municipios, ya no se usará para eso regalías; política de víctimas; política de vivienda; se tendrán que reestructurar muchas instituciones del Estado”, dijo.

También precisó que se vienen 12 años de reestructuración Estatal, porque no se trata solo de trasladar la inversión, sino que también se tendrá que hacer una migración de funcionarios hacia los territorios. “Tenemos este tiempo para desmontar este Estado que es obeso en lo central y raquítico en lo territorial”.

Con 124 votos por el sí y 3 votos por el no, la plenaria aprobó el artículo 1 del proyecto de ley; el último que faltaba.

Sin embargo, aún sigue en discusión el parágrafo 2 del este artículo, que es el que hace alusión a las transferencias destinadas al sistema de salud, saneamiento y educación.

Este ha sido el punto más polémico en las últimas horas pues, como lo han manifestado muchos congresistas, este parágrafo no es claro en si los entes territoriales tendrán que financiar la educación superior.

Una importante parte también argumenta que este punto no debería debatirse en esta plenaria, pues es un tema que, consideran, hace parte de la ley de competencias, que sería un nuevo proyecto de ley que deberá ser discutido y con el que se reglamentaría las responsabilidades y deberes de la nación y entes territoriales.

En estos momentos se encuentran deliberando, con la intención de llegar a un acuerdo en la plenaria.

Con 30 votos por el sí y 96 por el no, la plenaria rechazó las proposiciones no avaladas del artículo 1.

En este punto se deliberó bastante sobre las supuestas obligaciones en materia de educación que recaería en los entes territoriales, pues diversos congresistas interpretan que, con el traslado de los recursos, serán las gobernaciones y alcaldías las que tendrán que financiar los programas académicos de educación superior (pregrado y superiores).

Congresistas del partido de gobierno señalaron que esta no es una interpretación correcta, pues se especifica que la destinación de recursos serán para financiar tres años de escolaridad de la educación preescolar, nueve de básica y dos de media, así como en la contribución al acceso y permanencia de dos años de la educación superior (lo que sería un técnico o tecnólogo). Aún así, el término “educación superior” también cobijaría un programa de pregrado.

Los cuestionamientos se enfocaron en cómo los entes territoriales, especialmente los de quinto y sexto nivel, pueden asumir una responsabilidad tan grande que hasta hoy la ostenta el Gobierno Nacional, con todo y las deficiencias presupuestales que enfrenta.

Con 118 votos por el sí y 8 votos por el no, la plenaria aprobó el artículo segundo de este proyecto de ley, con sus respectivas proposiciones avaladas. El tercero no presentó proposiciones.

Recordar que este proyecto de ley solo tiene tres artículos, incluyendo la vigencia.

La plenaria rechazó las proposiciones no avaladas sobre los porcentajes de las transferencias, los cuales establecían un 37 % y un 31 %, y que están por debajo del 39,5 % como viene en ponencia.

El ponente argumentó que la se basa en el análisis hecho por el Ministerio de Hacienda, cartera que considera que esta tasa es responsable y le permite a la nación cumplir con sus obligaciones fiscales.

Con 39 votos por el sí y 84 votos por el no, la plenaria rechazó las proposiciones no avaladas. Del bloque se excluyeron las relacionadas al porcentaje de las transferencias, las cuales serán votadas de forma independiente.

Cerca de 50 proposiciones no avaladas fueron radicadas para modificar el artículo 2 de este proyecto.

Entre los temas abordados se incluye la necesidad de reducir al 37 % la tasa de transferencias a los territorios. Según lo detallado por la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), esa es una cifra responsable con la realidad económica del país. Otros han propuesto una cifra más cercana al 31 %, con base en los estudios macroeconómicos hechos por la misión de descentralización.

También se ha hablado de dar un tiempo de 12 meses para la reglamentación de esta eventual ley, pues se debe hacer un análisis profundo para precisar cómo se darían esas transferencias, en qué cantidades.

Con 130 votos por el sí y 3 votos por el no, la plenaria votó a favor del informe de ponencia expuesto por el representante Carlos Ardila (Partido Liberal).

En su ponencia, el representante señaló que el país tiene una deuda histórica con los departamentos y los municipios pues, según la Constitución de 1991, se le debe dar mayor protagonismo a las regiones.

“Son más de $400 billones que se han dejado de girar a las regiones gracias a la reforma de 2001 y de 2007″, afirma.

Echando mano de cifras y datos expuso que Colombia “es un país pobre inercialmente”, señalando que los mayores niveles de pobreza se evidencian en las regiones más periféricas.

Reconoce que la cifra inicial, la de 46,5 % era alta. Tras revisarse con el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, apunta a que el 39,5 % está acorde con la realidad macroeconómica de la nación.

También es consciente que se requiere de una ley de competencias que defina cuáles serán las responsabilidades y deberes de la nación y de los territorios, en esta eventual nueva dinámica de las transferencias.

Con 123 por el sí y 2 votos por el no, la plenaria votó para volver a la sesión formal y continuar con la discusión.

Algunos congresistas han alertado que la actual discusión tendría un vicio de trámite, pues se estarían votando artículos que no fueron aprobados por la Comisión primera. La alternativa, le proponen al coordinador ponente, es incluir unas proposiciones avaladas, que sean votadas por la plenaria.

En medio de la discusión por la votación positiva al proyecto de ley, la plenaria decidió declarar la sesión permanente, con 100 votos por el sí y 2 votos por el no. Esto les permitiría seguir debatiendo el proyecto.

Posteriormente se votó para declarar la sesión informal, lo que permite que terceros en la plenaria puedan intervenir para dar aportes a la discusión. La totalidad de la totalidad de los congresistas presentes en el recinto aprobaron esto.

Aquí participaron gobernadores, entre ellos Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá. Se defendió avanzar en esa promesa constitucional de descentralización, evidenciando los desafíos presupuestales que enfrentan en sus territorios.

Señalaron, además, que contrario a lo que muchos han argumentado al decir que esta descentralización aumentaría los riesgos de corrupción, en realidad la disminuiría, pues el dinero dejaría de estar en pocas manos.

La representante a la cámara por Bogotá, Katherine Miranda (Alianza Verde), presentó una proposición de archivo, argumentando que, aunque está de acuerdo con la descentralización, la actual reforma plantea una serie de realidades macroeconómicas que la hacen inconveniente.

Señaló que, en respuesta a un derecho de petición, el Ministerio de Hacienda le informó que con base en las últimas seis reformas tributarias se han recaudado, en promedio, $16 billones en su primer año. Para atender las demandas de la reforma se necesitan nueve reformas tributarias que la financian entre 2027 y 2035, con un costo que podría ir de los $218 billones a los $263 billones (o el equivalente a un 7 % del PIB).

La representante también se refirió a las inflexibilidades de esta iniciativa, teniendo en cuenta que el presupuesto actual es inflexible (tiene gastos que ya están comprometidos) en un 83 %, mientras que el de 2025 % se elevaría a un 91 %.

“No podemos ser sordos a lo que dicen los datos técnicos”, señala, al citar fuentes como el Banco de la República, que la cual advierte que el PIB se podría reducir un 12 %, que el consumo privado sería un 18 % menor y la inversión privada retrocedería un 34 %.

“Sé que lo popular es salir a decirle a las regiones que se les va a llevar plata, pero eso no es así. Lo que se va a aprobar acá es probablemente lo más irresponsable que he visto desde que estoy en el congreso”, concluyó.

Los defensores del proyecto aseguran que la implementación de esta ley sí respeta la regla fiscal de la nación, argumentando que para eso es la gradualidad que se propone en el articulado. También señalan que los territorios requieren mayores recursos para adelantar sus propios proyectos de inversión, sin que para esto se tenga que “mendigar” dineros al Gobierno.

Otras congresistas como Olga Lucía Velasquez reiteró su apoyo a la descentralización, pero también hizo un llamado a que se adecúe una ley de competencias, mediante la cual se puedan establecer las responsabilidades que tendrán las entidades territoriales.

La proposición de archivo del proyecto no tuvo éxito, por lo que el debate continúa.

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El martes la plenaria de la Cámara de Representantes discutió el proyecto de ley con el que se pretende modificar el Sistema General de Participaciones (SGP). Una iniciativa que ha sido cuestionada, pues si bien reafirma la apuesta por reforzar la autonomía de las regiones, también implicaría un desequilibrio en la estabilidad fiscal de la nación.

Una publicación adelantada por el Grupo de Análisis Fiscal del Banco de la República explica que, sin la mencionada reforma, el déficit fiscal de la nación se estabilizará en alrededor del 2,8 % del PIB a partir del año 2030; con esta, el mismo incrementaría hasta llegar al -4,1 % para el mismo tiempo.

Hay que recordar que el SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a municipios, distritos, departamentos y los territorios indígenas para atender, principalmente, necesidades en educación, salud y agua potable y saneamiento básico. Este sistema se alimenta de los ingresos corrientes de la Nación, y, como explicó el Ministerio del Interior, “tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial”.

Lo que se plantea es que estas transferencias pasen de estar cerca del 20 % y pasen a ser del 39,5 %, aumentando gradualmente durante 12 años, empezando en 2027. Tener en cuenta que esta cifra ha ido evolucionando en el transcurso de los debates, pues la ponencia original proponía un 46,5 %, la cual se alcanzaría mediante un incremento gradual proyectado a diez años.

Así fue el minuto a minuto de la discusión

Quedando solo el parágrafo 2 del artículo 1 de este proyecto de ley por debatir, la plenaria de la Cámara de Representantes dio su luz verde a esta iniciativa, con 124 votos por el sí y 1 votos por el no.

Hay que recordar que este parágrafo fue acordado entre los diferentes congresistas de la plenaria, por las inconformidades que causó la interpretación de que las entidades territoriales tengan que asumir cargas en el sector educación que podrían ser exageradas para su actual capacidad de administración y ejecución.

También se aprobó el título y la pregunta del documento, tal y como venía en el informe de ponencia.

Tener en cuenta que, antes de convertirse en ley, este proyecto debe ser conciliado con el Senado, además de contar con la sanción presidencial. Se espera que en los próximos meses se tengan noticias sobre la ya mencionada ley de competencias, que es la que dará una regulación más clara sobre las responsabildiades del Estado y entidades territoriales.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió las preguntas que le hicieron los congresistas durante el debate.

“Con el ministerio de Hacienda hemos venido trabajando la ley de competencias. Será esta la ley que definirá todo lo que estamos discutiendo acá”, resaltó al añadir que “el texto de hoy es mucho mejor que el anterior”.

“Quiero celebrar que todos los partidos han participado en la votación de este acto legislativo; queremos tener un Estado fuerte en los territorios. Llevamos 40 años diciéndonos que debemos invertir en los territorios. Es irresponsable seguir con el Estado centralista que tenemos hoy”, precisó.

Sobre los cambios que se efectuarán con la aprobación de esta ley, así como la futura ley de competencias, ejemplificó que “el DPS se tiene que reestructurar para que no siga haciendo lo que está haciendo hoy, sino que se dedique exclusivamente a las transferencias monetarias para la población pobre de este país; el INVÍAS se tendrá que reestructurar, porque las vías terciarias del país estarán a cargo de los territorios; el PAE, que está siendo asumido por los departamentos y municipios, ya no se usará para eso regalías; política de víctimas; política de vivienda; se tendrán que reestructurar muchas instituciones del Estado”, dijo.

También precisó que se vienen 12 años de reestructuración Estatal, porque no se trata solo de trasladar la inversión, sino que también se tendrá que hacer una migración de funcionarios hacia los territorios. “Tenemos este tiempo para desmontar este Estado que es obeso en lo central y raquítico en lo territorial”.

Con 124 votos por el sí y 3 votos por el no, la plenaria aprobó el artículo 1 del proyecto de ley; el último que faltaba.

Sin embargo, aún sigue en discusión el parágrafo 2 del este artículo, que es el que hace alusión a las transferencias destinadas al sistema de salud, saneamiento y educación.

Este ha sido el punto más polémico en las últimas horas pues, como lo han manifestado muchos congresistas, este parágrafo no es claro en si los entes territoriales tendrán que financiar la educación superior.

Una importante parte también argumenta que este punto no debería debatirse en esta plenaria, pues es un tema que, consideran, hace parte de la ley de competencias, que sería un nuevo proyecto de ley que deberá ser discutido y con el que se reglamentaría las responsabilidades y deberes de la nación y entes territoriales.

En estos momentos se encuentran deliberando, con la intención de llegar a un acuerdo en la plenaria.

Con 30 votos por el sí y 96 por el no, la plenaria rechazó las proposiciones no avaladas del artículo 1.

En este punto se deliberó bastante sobre las supuestas obligaciones en materia de educación que recaería en los entes territoriales, pues diversos congresistas interpretan que, con el traslado de los recursos, serán las gobernaciones y alcaldías las que tendrán que financiar los programas académicos de educación superior (pregrado y superiores).

Congresistas del partido de gobierno señalaron que esta no es una interpretación correcta, pues se especifica que la destinación de recursos serán para financiar tres años de escolaridad de la educación preescolar, nueve de básica y dos de media, así como en la contribución al acceso y permanencia de dos años de la educación superior (lo que sería un técnico o tecnólogo). Aún así, el término “educación superior” también cobijaría un programa de pregrado.

Los cuestionamientos se enfocaron en cómo los entes territoriales, especialmente los de quinto y sexto nivel, pueden asumir una responsabilidad tan grande que hasta hoy la ostenta el Gobierno Nacional, con todo y las deficiencias presupuestales que enfrenta.

Con 118 votos por el sí y 8 votos por el no, la plenaria aprobó el artículo segundo de este proyecto de ley, con sus respectivas proposiciones avaladas. El tercero no presentó proposiciones.

Recordar que este proyecto de ley solo tiene tres artículos, incluyendo la vigencia.

La plenaria rechazó las proposiciones no avaladas sobre los porcentajes de las transferencias, los cuales establecían un 37 % y un 31 %, y que están por debajo del 39,5 % como viene en ponencia.

El ponente argumentó que la se basa en el análisis hecho por el Ministerio de Hacienda, cartera que considera que esta tasa es responsable y le permite a la nación cumplir con sus obligaciones fiscales.

Con 39 votos por el sí y 84 votos por el no, la plenaria rechazó las proposiciones no avaladas. Del bloque se excluyeron las relacionadas al porcentaje de las transferencias, las cuales serán votadas de forma independiente.

Cerca de 50 proposiciones no avaladas fueron radicadas para modificar el artículo 2 de este proyecto.

Entre los temas abordados se incluye la necesidad de reducir al 37 % la tasa de transferencias a los territorios. Según lo detallado por la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), esa es una cifra responsable con la realidad económica del país. Otros han propuesto una cifra más cercana al 31 %, con base en los estudios macroeconómicos hechos por la misión de descentralización.

También se ha hablado de dar un tiempo de 12 meses para la reglamentación de esta eventual ley, pues se debe hacer un análisis profundo para precisar cómo se darían esas transferencias, en qué cantidades.

Con 130 votos por el sí y 3 votos por el no, la plenaria votó a favor del informe de ponencia expuesto por el representante Carlos Ardila (Partido Liberal).

En su ponencia, el representante señaló que el país tiene una deuda histórica con los departamentos y los municipios pues, según la Constitución de 1991, se le debe dar mayor protagonismo a las regiones.

“Son más de $400 billones que se han dejado de girar a las regiones gracias a la reforma de 2001 y de 2007″, afirma.

Echando mano de cifras y datos expuso que Colombia “es un país pobre inercialmente”, señalando que los mayores niveles de pobreza se evidencian en las regiones más periféricas.

Reconoce que la cifra inicial, la de 46,5 % era alta. Tras revisarse con el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, apunta a que el 39,5 % está acorde con la realidad macroeconómica de la nación.

También es consciente que se requiere de una ley de competencias que defina cuáles serán las responsabilidades y deberes de la nación y de los territorios, en esta eventual nueva dinámica de las transferencias.

Con 123 por el sí y 2 votos por el no, la plenaria votó para volver a la sesión formal y continuar con la discusión.

Algunos congresistas han alertado que la actual discusión tendría un vicio de trámite, pues se estarían votando artículos que no fueron aprobados por la Comisión primera. La alternativa, le proponen al coordinador ponente, es incluir unas proposiciones avaladas, que sean votadas por la plenaria.

En medio de la discusión por la votación positiva al proyecto de ley, la plenaria decidió declarar la sesión permanente, con 100 votos por el sí y 2 votos por el no. Esto les permitiría seguir debatiendo el proyecto.

Posteriormente se votó para declarar la sesión informal, lo que permite que terceros en la plenaria puedan intervenir para dar aportes a la discusión. La totalidad de la totalidad de los congresistas presentes en el recinto aprobaron esto.

Aquí participaron gobernadores, entre ellos Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá. Se defendió avanzar en esa promesa constitucional de descentralización, evidenciando los desafíos presupuestales que enfrentan en sus territorios.

Señalaron, además, que contrario a lo que muchos han argumentado al decir que esta descentralización aumentaría los riesgos de corrupción, en realidad la disminuiría, pues el dinero dejaría de estar en pocas manos.

La representante a la cámara por Bogotá, Katherine Miranda (Alianza Verde), presentó una proposición de archivo, argumentando que, aunque está de acuerdo con la descentralización, la actual reforma plantea una serie de realidades macroeconómicas que la hacen inconveniente.

Señaló que, en respuesta a un derecho de petición, el Ministerio de Hacienda le informó que con base en las últimas seis reformas tributarias se han recaudado, en promedio, $16 billones en su primer año. Para atender las demandas de la reforma se necesitan nueve reformas tributarias que la financian entre 2027 y 2035, con un costo que podría ir de los $218 billones a los $263 billones (o el equivalente a un 7 % del PIB).

La representante también se refirió a las inflexibilidades de esta iniciativa, teniendo en cuenta que el presupuesto actual es inflexible (tiene gastos que ya están comprometidos) en un 83 %, mientras que el de 2025 % se elevaría a un 91 %.

“No podemos ser sordos a lo que dicen los datos técnicos”, señala, al citar fuentes como el Banco de la República, que la cual advierte que el PIB se podría reducir un 12 %, que el consumo privado sería un 18 % menor y la inversión privada retrocedería un 34 %.

“Sé que lo popular es salir a decirle a las regiones que se les va a llevar plata, pero eso no es así. Lo que se va a aprobar acá es probablemente lo más irresponsable que he visto desde que estoy en el congreso”, concluyó.

Los defensores del proyecto aseguran que la implementación de esta ley sí respeta la regla fiscal de la nación, argumentando que para eso es la gradualidad que se propone en el articulado. También señalan que los territorios requieren mayores recursos para adelantar sus propios proyectos de inversión, sin que para esto se tenga que “mendigar” dineros al Gobierno.

Otras congresistas como Olga Lucía Velasquez reiteró su apoyo a la descentralización, pero también hizo un llamado a que se adecúe una ley de competencias, mediante la cual se puedan establecer las responsabilidades que tendrán las entidades territoriales.

La proposición de archivo del proyecto no tuvo éxito, por lo que el debate continúa.

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