La reforma tributaria se transforma, ¿pero convence?

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Foto: Archivo

La reforma tributaria pareciera estar en su punto de cocción.

Justo antes de que sea presentada la ponencia para debate en las plenarias de Senado y Cámara, el presidente Gustavo Petro realizó una corta alocución desde el Palacio de Nariño para anunciar dos grandes cambios que tendrá la reforma de cara a su debate final en el Congreso; por cuenta del mensaje de urgencia, ambos cuerpos legislativos deben sesionar en simultánea.

El primero es que ya no se gravarán las pensiones. Y el segundo se refiere a la sobretasa sobre el impuesto de renta que deberían pagar las empresas mineras y petroleras: ahora sus tarifas no serán permanentes, sino que irían atadas a los precios internacionales del carbón y el crudo, entre más suban esos productos, así mismo se incrementará la sobretasa (en un rango que va entre el 5 % y el 15 %, para el caso de los hidrocarburos, por ejemplo).

Los cambios son cargas de profundidad, así como también lo es la forma en la que fueron anunciados. Aunque apenas duró poco más de seis minutos, la intervención del presidente habla elocuentemente acerca del alcance de la negociación política para que la tributaria vea la luz en los debates de plenarias, que, al parecer, serán programados la próxima semana.

Poco tiempo después del anuncio de Petro, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, salió también a apoyar la iniciativa, al decir que “el Ministerio de Hacienda respalda plenamente este acuerdo del Presidente con la bancada del gobierno que da un paso adelante para la aprobación de la reforma tributaria”.

En otras palabras, estos pronunciamientos representan todo el peso político del Gobierno para impulsar la primera gran reforma del gobierno Petro: algo así como taladro industrial seguido de retroexcavadora.

Pensiones: ¿el adiós a la progresividad?

Y aunque en la alocución presidencial estaban presentes aliados políticos claves del Gobierno, el anuncio de Petro también fue celebrado, al menos en el apartado de pensiones, por legisladores de oposición.

La verdad es que lo que pasó con la tributaria este martes se veía venir desde el debate en las comisiones económicas, cuando buena parte de los legisladores intervinieron para decir que les preocupaba el impacto fiscal del impuesto a las pensiones (algunos incluso hablaron de la clase trabajadora en este punto).

De fondo, nada nuevo aquí: gravar las pensiones no es un asunto fácil de tragar para quienes deben su puesto de trabajo al voto popular.

Para tener más claro el contexto vale recordar que la propuesta del Gobierno consistía en gravar, a través de la renta, a los ingresos pensionales que superaran los $10 millones.

Esto, según cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, cobijaría a menos de 17.000 personas, tanto en Colpensiones como en los fondos privados. También incluiría a colombianos con altos ingresos en los regímenes especiales, que incluyen a ramas como las Fuerzas Militares, así como a los propios congresistas.

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De acuerdo con Oliver Pardo, director del Observatorio, esta medida cobijaba a personas “que reciben una pensión subsidiada por el Estado: al momento de cotizar pueden deducirla de su impuesto de renta y al recibir la pensión tampoco enfrentan ningún impuesto, pero sí reciben unos subsidios masivos del Estado. Una forma de corregir esta inequidad, que genera mucha desigualdad en la distribución del ingreso, era a través de este tributo”.

Pardo agrega que, de hecho, “era un impuesto muy tímido, no lo suficientemente grande para recuperar los subsidios masivos que reciben estas personas. Es muy lamentable que se haya caído esa parte de la reforma tributaria”.

Este tipo de medida había sido una de las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, en cuyo informe se mencionaba que en prácticamente todo el mundo las pensiones están gravadas de una forma u otra.

Lo que algunos ponen un poco en duda en este punto es si la tributaria se puede seguir haciendo pasar como progresiva con el timonazo en las pensiones.

“El impuesto a las pensiones altas era una forma audaz de introducir alta progresividad donde hay alta regresividad. Lástima que se haya caído”, escribió el economista Roberto Angulo, experto en temas de pobreza, a través de su cuenta de Twitter.

A su vez, Marc Hofstetter, profesor de la U. de los Andes y columnista de este diario, aseguró sobre los cambios que “el sabor general es malo: los objetivos de rebalancear la carga tributaria de empresas a personas, de mejorar la distribución de las cargas, se va perdiendo”.

En justicia, la reforma sigue conservando el alza en el impuesto de renta para quienes ganen más de $10 millones. Este es uno de los pilares de progresividad de la iniciativa, pues afectaría sólo a las personas de más altos ingresos y lo haría de acuerdo con el nivel de éstos. En otras palabras, las tarifas dependen de cuánto gana cada uno, en vez de ser una tarifa plana para todos, reconociendo, en esencia, que una talla no les sirve a todos.

El lío minero-energético

Durante su intervención del martes, el presidente Petro dijo: “Se mantiene el que las regalías, en todo el sector minero que paga regalías, no sean deducibles del impuesto de renta por un criterio básico y fundamental, los bienes del subsuelo de la nación, desde la Constitución de 1886, son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano”.

Y agregó: “Y en esa medida, la nación, cuando concede su explotación económica por un particular, tiene el derecho a unas regalías y, por tanto, estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son, entonces, deducibles de su impuesto de renta”.

Este punto sigue generando tensiones entre las empresas y los propios legisladores. De hecho, fue otro de los temas que más proposiciones e intervenciones generó durante los debates en las comisiones económicas.

El punto medio que propone el Gobierno acá es atar la sobretasa en renta a los precios internacionales del petróleo y el carbón: si están altos, entra en efecto un porcentaje de la sobretasa que, hasta el momento, era fija.

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No se conoce la fórmula exacta bajo la cual operará la nueva forma de la sobretasa, pero, sin embargo, puede no convencer del todo a las empresas.

Carlos Andrés Cante, presidente de Fenalcarbón y exviceministro de Minas, aseguró que “sumar la no deducibilidad de las regalías más la sobretasa de renta, que oscilará para el caso del carbón entre 5 y 10 puntos adicionales, es una tributación excesiva que amenaza la sostenibilidad del sector, limita las posibilidades de reinversión y de ampliación y en algunos casos de continuidad del los proyectos”.

A Juan Carlos Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, le parece preocupante “la insistencia sobre la no deducibilidad de las regalías. Esto va en contra de lo establecido por el Consejo de Estado y en contra de la dinámica mundial alrededor de la industria minera. La prohibición de deducir las regalías genera una renta ficticia que puede ahogar al sector minero en circunstancias de precios normales que, combinado con una sobretasa en renta, le resta competitividad y por ende viabilidad en el largo plazo. Esto sin contar que Colombia sería el único país en el mundo donde las regalías no se pueden deducir”.

Acerca de la sobretasa, Nariño indicó que “es necesario revisar la magnitud de la sobretasa: 10 puntos es desproporcionado e inequitativo en relación con otros sectores, razón por la cual el sector minero ha propuesto una sobretasa de 5 puntos”.

La visión de Hofstetter es similar al decir: “En todo caso la reforma le aprieta las tuercas a la industria al proponer la sobretasa y la no deducibilidad de regalías”.

Una fuente del sector, que pidió no ser citada pues no es un vocero oficial, aseguró que “esperábamos que se eliminara una cosa o la otra. Esto es un paño de agua tibia frente a un escenario en el que no sabemos qué vayan a decir los inversionistas al ver que la tributación ronde el 60 % con estos cambios”.

Para Pardo, del Observatorio Fiscal de la Javeriana, esto es un golpe doble a las empresas, por un lado. Pero, por el otro, aleja a la reforma de ser una iniciativa verdaderamente estructural al cerrar el hueco de un beneficio, pero, al mismo tiempo, introducir una sobretasa (que suele ser una medida transitoria).

De acuerdo con el presidente Petro, el nuevo monto de recaudo de la reforma es de $20 billones. De las comisiones salió con una meta de $22 billones y al Congreso llegó buscando $25 billones. Los recursos son necesarios para financiar un mayor gasto social y económico en sectores como el agro (que debe impulsar la reforma agraria).

Ahora bien, estas cifras sirven para entender el calado de las negociaciones y concesiones que una iniciativa de este tipo sufre en su trámite legislativo.

El camino de la reforma aún no termina. Todo el peso político del Gobierno, y de sus mayorías legislativas, está puesto en estas modificaciones, pero si algo ha demostrado este proceso (con el cambiazo sorpresivo, aunque siempre previsible, del Partido Liberal) es que aún hay espacio para mejorar o empeorar, dependiendo de quién haga la observación.

Pero al final del día, el Gobierno necesitará más recursos para impulsar batallas contra la profunda inequidad en el acceso a la tierra, la pobreza o la transformación energética de un país que depende del petróleo para traer dólares que, por otra parte, se han encarecido más que en cualquier otro punto de la historia.

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