El Ministerio de Hacienda presentó el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo año por un monto de $523 billones de los cuales $328 billones (63 %) se destinan a funcionamiento, $113 billones (21 %) al servicio de la deuda pública y $82 billones (16 %) a la inversión pública.
El monto propuesto en el PGN para 2025 supone un 3 % de crecimiento en términos reales en comparación con el de este año. Este crecimiento se concentra en el monto destinado al pago de deuda pública con $13,1 billones adicionales (13 %) y el rubro de funcionamiento con $17,6 billones adicionales (5 %). Sin embargo, la inversión pública caerá 16 % en términos reales con $14,8 billones menos para el próximo año.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana encontró que el gasto programado para el próximo año puede estar desfinanciado en $31,1 billones, provenientes de una Ley de financiamiento que prevé un recaudo de $12 billones adicionales, $14,6 billones más que vendrían por el recaudo por gestión tributaria de la DIAN y lucha contra la evasión y $4,5 billones adicionales de recursos de capital resultantes de las utilidades de Ecopetrol y el resto de empresas industriales y comerciales del Estado.
En un escenario en el que el Congreso no apruebe la Ley de Financiamiento la caída en el rubro de inversión pública podría llegar al 30 %. En este sentido, el cumplimiento de la regla fiscal en 2025 dependerá de una reducción del gasto y de la realización de ajustes fiscales adicionales si se concretan los riesgos de desfinanciamiento señalados.
Desde el Observatorio consideran que, en el corto plazo, se debería racionalizar el incremento en los gastos de funcionamiento y en el mediano plazo es necesaria una reforma a la estructura del gasto público en el país que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Por sectores, el que mayor asignación presupuestal tiene para 2025 es el servicio a la deuda pública con $110 billones, es decir que $21 de cada $100 pesos del presupuesto nacional se destinarán al pago de obligaciones crediticias.
Al ser este el sector con mayor presupuesto se refleja un síntoma de unas finanzas públicas en deterioro, pues la mayor parte de este rubro se destina al pago de intereses cada vez más costosos. Otros sectores con mayores recursos son: Educación ($79 billones), Salud y Protección Social ($61 billones), Defensa y Policía ($59 billones) y Trabajo ($53 billones).
En paralelo, los mayores recortes en el rubro de inversión se centran en:
- Inclusión y reconciliación Social con $5 billones menos (−39 %)
- Agricultura y Desarrollo Rural con $3,9 billones menos (−48 %)
- TIC con $1,4 billones menos (−43 %)
- Vivienda con $1,4 billones menos (−24 %)
- Educación con $800 mil millones menos (−9 %).
No obstante, la caída podría ser mayor de no materializarse la Ley de Financiamiento, con lo cual la inversión total caería hasta 30 %.
Finalmente, el trámite legislativo apenas empieza. Esta etapa incluye varias fases de revisión y aprobación tanto en las Comisiones Económicas Conjuntas como en las plenarias de ambas cámaras legislativas. El Congreso tiene la oportunidad de devolver el proyecto de presupuesto al ejecutivo antes del 15 de agosto exigiendo un menor crecimiento del gasto de funcionamiento para mantener la sostenibilidad fiscal.
Desde la academia consideran que es necesario que las reuniones de ponentes sean públicas y abiertas, evitando que decisiones presupuestales se hagan a puerta cerrada como ha ocurrido en años anteriores.
“La participación pública en el proceso presupuestario es esencial para garantizar que las decisiones fiscales reflejen las necesidades y prioridades de la ciudadanía. En conjunto con varias organizaciones de la sociedad civil solicitamos que durante los meses siguientes se brinden oportunidades formales de participación ciudadana en el marco de la aprobación del PGN”, finaliza el Observatorio.
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