Las claves de la reforma tributaria que radicó el Gobierno de Gustavo Petro

El gobierno radicó este lunes la anunciada reforma tributaria. En el primer año, la iniciativa fiscal espera un recaudo de $25,8 billones, explicó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al momento de presentar el proyecto en la Cámara de Representantes.

El gobierno radicó este lunes la anunciada reforma tributaria. En el primer año, la iniciativa fiscal espera un recaudo de $25,8 billones, explicó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al momento de presentar el proyecto en la Cámara de Representantes.

Según la iniciativa, por renta a las personas naturales se espera un recaudo de $8,1 billones; las empresas pagarán un tributo de $5,5 billones, por el impuesto del 10 % a las exportaciones de carbón y petróleo se espera un recaudo de $5,8 billones.

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Los impuestos considerados saludables y ambientales (bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y plásticos) generarán $2,5 billones y otras medidas de carácter tributario y reducción del gasto dejarán ingresos por $3,7 billones.

Con esta reforma el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, espera reducir en cuatro puntos porcentuales la pobreza en el país, dijo Ocampo.

Como lo venía anunciado el ministro de Hacienda, buena parte de la carga tributaria recae sobre las personas naturales con ingresos superiores a los $10 millones, impuesto a las exportaciones de petróleo, oro y carbón.

La finalidad del Gobierno es que inicialmente se recauden cerca de $25,8 billones para terminar el cuatrienio con unos ingresos de $50 billones.

Ocampo indicó que con la propuesta inicial se espera el recaudo de los $25,8 billones, pero en la medida en que se pongan en marcha las normas sobre evasión y elusión tributaria, el recaudo se ampliará en los siguientes años hasta llegar a los $50 billones como los proyectó en su programa de gobierno el presidente Petro.

Como la carta tributaria recae sobre los contribuyentes con ingresos superiores a los $19 millones, el ministro de Hacienda aclaró que ellos solo representan el 2% de la población colombiana. “El 98% de la población colombiana, la clase media y la clase baja no se ven afectadas negativamente por esta reforma”, reiteró Ocampo. Por el contrario, la tasa impositiva a las empresas no se subirá y se limitarán los beneficios teniendo en cuenta el sector en donde se encuentren.

Los impuestos a la salud pública afectarán a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados) y al carbono se incluirá al carbón hasta el momento exento de este impuesto. Habrá mayor control a los beneficios que tienen las importaciones a través de envíos postales y se disminuyen las exenciones inequitativas que ganan las personas naturales de más altos ingresos y algunas empresas.

Reiteró el funcionario que no habrá más IVA para la canasta familiar y se eliminan los tres días sin IVA.

Como dicen los mismos parlamentarios, una es la reforma que presenta el gobierno y otra es la que se aprueba en el Congreso, el ministro Ocampo sostuvo que “estamos dispuestos a discutir cada uno de los elementos de esta reforma, siempre y cuando el propósito sea mejorar el sistema tributario, no reproducir los beneficios tributarios que a nuestro juicio son injustos”.

Sobre el impuesto a las exportaciones de carbón, petróleo y oro se establece un piso. En el caso del petróleo es de US$48 por barril, en el oro es de US$400 por onza troy. “Por encima de ese precio capturamos el 10%”, explicó Ocampo. Dijo que la idea es capturar una parte de la bonanza de que gozan estos productos de exportación para financiar programas sociales. Esa es ya una tendencia internacional, recordó el ministro de Hacienda.

Sobre los beneficios tributarios de las zonas francas, el funcionario indicó que la propuesta tributaria contempla que estos establecimientos tienen que presentar un programa de internacionalización al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este plan tiene que incluir metas de exportación, para ello se expedirá un decreto que establezca lo anunciado: la propuesta es que sea del 40% en el primer año, aumentando gradualmente hasta el 70%. Las que no cumplan con este plan deben renunciar a los beneficios tributarios.

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