Las razones que explican la subida en los precios de la gasolina en Colombia
Con el aumento decretado para julio, el Gobierno ha incrementado el precio nacional de la gasolina corriente en 10 ocasiones. Se proyectan más alzas. La movida ha sido aplaudida por analistas y entidades.
El Gobierno decretó este viernes en la noche un nuevo aumento para los precios de la gasolina corriente en el país, con un alza de $600. Con este incremento, el precio promedio para las 13 principales ciudades en julio llegará a $12.964 por galón.
Lea también: ¡Atención! La gasolina subirá $600 a partir de julio
Los precios por ciudad quedaron de esta forma.
Con este aumento, el Gobierno ha elevado los precios de este combustible en 10 ocasiones desde septiembre del año pasado, cuando comenzó a apretar las tuercas para reducir el déficit que acumula el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).
¿Por qué sube la gasolina en Colombia?
Lo primero que hay que explicar acá es qué es el impopular FEPC. En palabras sencillas, es un fondo al que el Gobierno añade recursos para subsidiar los precios de los combustibles en Colombia.
De contexto: ¿Hacia dónde va el precio de la gasolina en Colombia?
O sea, es un mecanismo mediante el cual, con el dinero público, se abarata artificialmente la gasolina y el diésel en el país, por debajo de los precios que estos combustibles registran en el mercado internacional.
Aquí vale la pena aclarar que, aunque Colombia aún tiene autosuficiencia petrolera, el país debe importar alrededor de un tercio de la demanda de gasolina diaria (de 150.000 galones, se compran en el mercado internacional unos 50.000, según datos de Ecopetrol).
Para que los precios internacionales no le peguen a los locales, el Gobierno pone la diferencia a través del FEPC.
Y de ahí es que nace el déficit monstruoso que acumuló el Fondo hasta que la administración Petro comenzó a ajustar esas clavijas.
Lo de monstruoso no es gratis, si se tiene en cuenta que, para finales del año pasado, el FEPC acumulaba un saldo de $32 billones, según las cuentas del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con Marc Hofstetter, profesor de la Universidad de los Andes y columnista de este diario, “con los recursos que en los últimos tres años hemos destinado a ese subsidio habríamos podido construir dos líneas de metro subterráneas como la segunda que planea Bogotá”.
Los aumentos que planea el Gobierno le permitirían cerrar 2023 con un déficit de $26 billones y, de acuerdo con las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo (la hoja de ruta económica de la administración Petro), el déficit se debería extinguir en 2024.
Esto es, claro, si al bus de los aumentos se sube el diésel, pues hasta el momento los incrementos han sido sólo para la gasolina corriente.
Esta medida es compleja en términos políticos y económicos, pues le pegaría al transporte nacional, especialmente al de alimentos.
Inicialmente, el Gobierno hablaba de mediados de año para comenzar a ajustar los precios del ACPM, pero hasta el momento no se han dado pasos en esta vía. Entre otras, esto puede ser (no sólo por sus repercusiones políticas), sino por una suerte de compás de espera para ver la inflación cómo se sigue comportando con los aumentos en la gasolina y con la llegada del fenómeno de El Niño (que podría impactar la producción del agro).
El ACPM es parte vital en la reducción del déficit del FEPC, pues responde por cerca de la mitad de este hueco.
El aumento en los precios de los combustibles, aunque impopular, ha sido aplaudido por analistas y entidades, al ser una medida de responsabilidad fiscal en un momento de desaceleración económica.
Por ejemplo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) “considera apropiado que el Gobierno Nacional continúe en su esfuerzo por reducir el diferencial entre el precio de referencia de la gasolina y su precio regulado. Esto permitirá la reducción del déficit del FEPC de COP 36 billones en 2022, a cerca de COP 26 billones en 2023, cifra que sigue siendo muy elevada para las finanzas de la Nación y que debe seguir corrigiéndose”, según un pronunciamiento hecho en mayo de este año.
Para el CARF, “los subsidios a los combustibles fósiles son en la actualidad el programa de subsidios más costoso a cargo de la Nación y más que duplican la totalidad de las trasferencias directas a los hogares en el país, además de ser regresivos”. Y agregó: “Reversar o suspender la política de corrección de precios no sólo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del plan financiero y el cumplimiento de la regla fiscal, sino que desviaría recursos fiscales desde otros programas sociales y de infraestructura, al pago de estos subsidios”.
Y este viernes, en rueda de prensa tras la decisión de mantener estables las tasas de interés, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, aplaudió los esfuerzos del Gobierno para cerrar el desangre del FEPC.
Según el Minhacienda, lo ideal sería que el precio de la gasolina alcanzara los $16.000 por galón para, así, ajustar las cuentas del FEPC. El déficit, sin embargo, no será cerrado si el Gobierno no hace lo propio en el mundo del ACPM, por costoso que sea políticamente.
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El Gobierno decretó este viernes en la noche un nuevo aumento para los precios de la gasolina corriente en el país, con un alza de $600. Con este incremento, el precio promedio para las 13 principales ciudades en julio llegará a $12.964 por galón.
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Los precios por ciudad quedaron de esta forma.
Con este aumento, el Gobierno ha elevado los precios de este combustible en 10 ocasiones desde septiembre del año pasado, cuando comenzó a apretar las tuercas para reducir el déficit que acumula el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).
¿Por qué sube la gasolina en Colombia?
Lo primero que hay que explicar acá es qué es el impopular FEPC. En palabras sencillas, es un fondo al que el Gobierno añade recursos para subsidiar los precios de los combustibles en Colombia.
De contexto: ¿Hacia dónde va el precio de la gasolina en Colombia?
O sea, es un mecanismo mediante el cual, con el dinero público, se abarata artificialmente la gasolina y el diésel en el país, por debajo de los precios que estos combustibles registran en el mercado internacional.
Aquí vale la pena aclarar que, aunque Colombia aún tiene autosuficiencia petrolera, el país debe importar alrededor de un tercio de la demanda de gasolina diaria (de 150.000 galones, se compran en el mercado internacional unos 50.000, según datos de Ecopetrol).
Para que los precios internacionales no le peguen a los locales, el Gobierno pone la diferencia a través del FEPC.
Y de ahí es que nace el déficit monstruoso que acumuló el Fondo hasta que la administración Petro comenzó a ajustar esas clavijas.
Lo de monstruoso no es gratis, si se tiene en cuenta que, para finales del año pasado, el FEPC acumulaba un saldo de $32 billones, según las cuentas del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con Marc Hofstetter, profesor de la Universidad de los Andes y columnista de este diario, “con los recursos que en los últimos tres años hemos destinado a ese subsidio habríamos podido construir dos líneas de metro subterráneas como la segunda que planea Bogotá”.
Los aumentos que planea el Gobierno le permitirían cerrar 2023 con un déficit de $26 billones y, de acuerdo con las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo (la hoja de ruta económica de la administración Petro), el déficit se debería extinguir en 2024.
Esto es, claro, si al bus de los aumentos se sube el diésel, pues hasta el momento los incrementos han sido sólo para la gasolina corriente.
Esta medida es compleja en términos políticos y económicos, pues le pegaría al transporte nacional, especialmente al de alimentos.
Inicialmente, el Gobierno hablaba de mediados de año para comenzar a ajustar los precios del ACPM, pero hasta el momento no se han dado pasos en esta vía. Entre otras, esto puede ser (no sólo por sus repercusiones políticas), sino por una suerte de compás de espera para ver la inflación cómo se sigue comportando con los aumentos en la gasolina y con la llegada del fenómeno de El Niño (que podría impactar la producción del agro).
El ACPM es parte vital en la reducción del déficit del FEPC, pues responde por cerca de la mitad de este hueco.
El aumento en los precios de los combustibles, aunque impopular, ha sido aplaudido por analistas y entidades, al ser una medida de responsabilidad fiscal en un momento de desaceleración económica.
Por ejemplo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) “considera apropiado que el Gobierno Nacional continúe en su esfuerzo por reducir el diferencial entre el precio de referencia de la gasolina y su precio regulado. Esto permitirá la reducción del déficit del FEPC de COP 36 billones en 2022, a cerca de COP 26 billones en 2023, cifra que sigue siendo muy elevada para las finanzas de la Nación y que debe seguir corrigiéndose”, según un pronunciamiento hecho en mayo de este año.
Para el CARF, “los subsidios a los combustibles fósiles son en la actualidad el programa de subsidios más costoso a cargo de la Nación y más que duplican la totalidad de las trasferencias directas a los hogares en el país, además de ser regresivos”. Y agregó: “Reversar o suspender la política de corrección de precios no sólo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del plan financiero y el cumplimiento de la regla fiscal, sino que desviaría recursos fiscales desde otros programas sociales y de infraestructura, al pago de estos subsidios”.
Y este viernes, en rueda de prensa tras la decisión de mantener estables las tasas de interés, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, aplaudió los esfuerzos del Gobierno para cerrar el desangre del FEPC.
Según el Minhacienda, lo ideal sería que el precio de la gasolina alcanzara los $16.000 por galón para, así, ajustar las cuentas del FEPC. El déficit, sin embargo, no será cerrado si el Gobierno no hace lo propio en el mundo del ACPM, por costoso que sea políticamente.
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