Lo que se juega el Gobierno con la Ley de Financiamiento
en el Congreso

La no aprobación del Presupuesto General de la Nación en el Congreso inaugura una senda jurídica en Colombia, con más preguntas que respuestas certeras.

La no aprobación del Presupuesto General de la Nación en el Congreso inaugura una senda jurídica en Colombia, con más preguntas que respuestas certeras.

Para este punto, el Gobierno Nacional debería expedir, a partir del 20 de octubre, el Presupuesto de 2025, en la misma forma en la que fue presentado ante el Congreso, según la ley que rige estos asuntos.

Pero uno de los puntos que comienzan a complicar la discusión es que el proyecto está desfinanciado en $12 billones, que el Gobierno buscaría por vía de una Ley de Financiamiento.

Esto no es un asunto nuevo, pues es un mecanismo que ya se ha usado con anterioridad en otros gobiernos. Lo complicado es que, al menos en la historia reciente del país, no se había dado el escenario de que un Presupuesto no superara la discusión legislativa.

Entonces, una de las preguntas centrales en el debate es ¿al fin por cuánto quedará el Presupuesto? El proyecto fue presentado por un monto de $523 billones, pero de estos, $12 están atados al destino de la Ley de Financiamiento. En otras palabras, sin este segundo proyecto, el Presupuesto es de $511 billones.

Ahora bien, lo que analistas como Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, reconocen, es que el camino de la Ley de Financiamiento está del todo menos asegurado en un Congreso que ni siquiera pudo ponerse de acuerdo en el monto del Presupuesto.

En aquellos debates, de hace apenas unas semanas, todas las proposiciones que fueron presentadas por los congresistas incluían no solo bajar el monto del Presupuesto (de entrada), sino retirar o enmendar severamente la Ley de Financiamiento.

En otras palabras, a nadie pareciera convencerle el proyecto del Gobierno (que tiene un trámite y tiempos de aprobación distintos a los del Presupuesto).

Y esta visión no solo se da entre los congresistas (especialmente en las comisiones económicas del Senado), sino entre analistas como el propio Cárdenas, quien asegura que el proyecto no soluciona nada, pero que sí incrementa el déficit del Gobierno.

Por ejemplo, desde Fedesarrollo se ha argumentado que el faltante del Presupuesto llega a $26 billones, por lo que los recursos de la Ley de Financiamiento son insuficientes.

Desde Investigaciones Económicas de Corficolombiana consideran que el proyecto no es necesario, pues el Presupuesto “tiene espacio para ser recortado, especialmente en gastos de funcionamiento, que aumentan de una forma desproporcionada que no se compadece con la situación fiscal del país”.

Estas visiones llevan a preguntarse qué sucede si el proyecto queda detenido en el Congreso.

¿Qué pasa si la tributaria no pasa?

Primero vale aclarar que la Ley de Financiamiento, aunque busca reformar impuestos, lo hará en el marco de la financiación del presupuesto de 2025, por lo que no es una reforma tributaria en propiedad, aunque para efectos prácticos sí opere como una.

“La Ley de Financiamiento tiene una expectativa de un recaudo un poco mayor que los $6 billones en materia de nuevos impuestos. Traer la implementación de la regla fiscal de 2026 a 2025, nos entrega un escenario de $5,6 billones. Tenemos una combinación de las dos cosas”, explicó Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, durante la radicación del proyecto.

En términos generales, según el funcionario, “en la práctica, (la Ley de Financiamiento) identifica actividades no gravadas, y que deberían estarlo. Nivelamos el IVA a plataformas de juego y azar, nivelamos el IVA para vehículos no eléctricos, ampliamos el impuesto al carbón y recuperamos la gobernabilidad de este impuesto en Colombia. Se mantiene la propuesta de la DIAN: entregar estímulos para quien delate a evasores”.

Ahora bien, en el debate que terminó de hundir el Presupuesto en el Congreso, varios congresistas que apoyan al Gobierno aseguraron que esta tributaria es fundamental para implementar el plan de la administración Petro. En otras palabras, que sin esos recursos varias metas del Plan Nacional de Desarrollo quedan detenidas.

“Si el Congreso no aprueba la Ley de Financiamiento por los rubros que mandó el Gobierno el 1° de enero, empezamos con un decreto de aplazamiento de gasto, como el que se ejecutó este año”, explica Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.

De forma general, el Presupuesto puede verse a través de tres grandes componentes: deuda, funcionamiento e inversión. “¿Qué es lo que pasa? Que entre estas tres, la más fácil de recortar es inversión. Lo que uno vería es que en 2025 la inversión se caería en $12 billones adicionales”, añade Salazar.

Ahora bien, en dónde se darían exactamente los recortes es un asunto que, en este momento, no se conoce. Por varias razones. La primera es que la tributaria sigue viva, aunque cuente con un pronóstico reservado. También hay que considerar que el proyecto puede ser aprobado, pero por un monto menor.

Y la segunda razón es que el recorte es potestad del Gobierno. Por ejemplo, en el recorte presupuestal de 2024 (que se dio por la caída en el recaudo tributario en el primer semestre, principalmente), la tijera no pasó de forma homogénea por todos los sectores, y el propio Presidente Gustavo Petro aseguró que el gasto social no se tocaría.

Pero lo que reconocen varios funcionarios es que quitarles los $12 billones de la tributaria a las cuentas del próximo año sí podría detener la inversión en sectores clave, como asignaciones de subsidios en el programa Mi Casa Ya, proyectos para nuevos acueductos, o nuevas sedes universitarias, por mencionar algunos.

Por otra parte, programas de asistencia del DPS, como Colombia Mayor y Renta Ciudadana, sí están garantizados y no dependen de la Ley de Financiamiento, confirmaron.

Según Alexánder López, director del Departamento Nacional de Planeación, de no aprobarse la Ley de Financiamiento, “quienes van a sufrir son los más vulnerables”. De acuerdo con cálculos de la entidad, si el proyecto se cae en el Congreso, esto implicaría reducir la inversión a menos de 4 % del PIB, cuando se encuentra actualmente en 4,6 %.

En su momento, el argumento fue tildado de “chantaje” por varios congresistas de oposición durante los debates del Presupuesto.

Al final del día, lo que suceda en el Congreso con este proyecto tendrá un amplio efecto tanto en las cuentas nacionales, como en las ambiciones y alcances de los planes del Gobierno.

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