Lo que se juega el Gobierno en política económica en el Congreso
Estas semanas serán cruciales para iniciativas como la reforma laboral, el Presupuesto General y la ley de financiamiento. Cada una conlleva cargas de profundidad. ¿En qué consisten y cómo está el panorama de su discusión?
Esta semana que entra será clave para varias aristas de la política económica del Gobierno que dependen del estudio y aprobación del Congreso.
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Esta semana que entra será clave para varias aristas de la política económica del Gobierno que dependen del estudio y aprobación del Congreso.
Hablamos acá de la reforma laboral, que debe entrar a su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, el Presupuesto General de la Nación, cuyo monto debe quedar aprobado para el 15 de septiembre y, por rebote con lo anterior, la ley de financiamiento que el Gobierno quiere presentar para sumarle recursos a las cuentas del país en 2025.
Los tres proyectos son importantes por derecho propio, pero lo son aún más por el momento económico y político por el que atraviesa el país, más aún después del pulso que implicó el paro camionero de esta semana, cuya negociación concluyó el viernes con un acuerdo entre las partes que le dio nueva vida al déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPC.
Para este punto, vale la pena mirar en qué va cada proyecto y cuáles son las apuestas que el Gobierno se juega con estas iniciativas.
La reforma laboral
Esta semana debería comenzar el estudio de esta iniciativa en la plenaria de la Cámara de Representantes, después de que en la legislatura pasada superara su primer debate en esta corporación.
La informalidad y el desempleo hacen parte de los principales malestares que enfrenta el mercado laboral colombiano. La más reciente misión de empleo (que se realizó en el mandato de Iván Duque) concluyó que el problema está tan enraizado que se necesitan varias reformas para corregirlo.
La informalidad y el desempleo hacen parte de los principales malestares que enfrenta el mercado laboral colombiano. La más reciente misión de empleo concluyó que el problema está tan enraizado que se necesitan varias reformas para corregirlo.
Desde el Gobierno de Gustavo Petro se ha intentado avanzar en esta tarea con una reforma que ha sido catalogada por la oposición como “inoportuna” e “inconveniente”, pues a su juicio no se atacan estos malestares y, muy por el contrario, provoca más incertidumbre al elevar los costos de contratación en medio de un complejo panorama macroeconómico. Básicamente ese fue el argumento que terminó hundiendo a la reforma en su primer intento de aprobación en el Congreso.
Luego de un par de semanas de intenso debate, la reforma logró salvarse tras su aprobación en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en la legislatura pasada.
En ese momento, en nombre de la concertación y para acelerar el trámite, se recortaron más de 20 artículos del proyecto, la mayoría estaba en el capítulo de derechos de asociación, que contenía beneficios para el sindicalismo en Colombia.
Las mayores adiciones se dieron en la sesión definitiva de este martes, cuando se aprobaron seis nuevos artículos, todos con el aval del Gobierno.
Entre estos se cuenta la extensión a 18 días hábiles las vacaciones para el personal operativo de servicios de vigilancia y seguridad privada. También se aprobó la creación de un programa de acompañamiento para las micro y pequeñas empresas en la implementación de la ley. Así mismo, se incluyó un nuevo artículo para la formalización de madres y padres comunitarios.
La Comisión Séptima también determinó que siete artículos que aplican para las plataformas digitales de reparto solo empezarán a regir seis meses después de que el Gobierno reglamente lo establecido en la reforma (lo que, en pocas palabras, extiende en un tiempo no determinado la entrada en operación de estas previsiones).
Esta iniciativa debe superar no sólo el debate en la plenaria de la Cámara, sino las aprobaciones en comisión y plenaria de Senado antes del 16 de diciembre. De no ser así, se caería en el Congreso, nuevamente.
El presupuesto de 2025
La otra discusión de gran envergadura económica, y política, que se estará dando esta semana en el Congreso es el Presupuesto General de la Nación, que debe contar con un monto aprobado para el 15 de septiembre, como máximo.
El documento suele ser noticia cada año, pero en esta ocasión en particular gana un poco más de relevancia debido a las presiones fiscales por las que atraviesa el país, que ya llevaron a recortarle $20 billones a los gastos de 2024 (y que podrían presionar un recorte extra más, según algunos análisis).
El Gobierno buscará cuadrar sus cuentas del próximo año en dos actos, si se quiere. De fondo, la administración nacional busca que el Congreso le apruebe un Presupuesto por $511 billones. Y, por otra parte, le presentará al Legislativo una ley de financiamiento, que es una suerte de reforma tributaria, pero más acotada a financiar el Presupuesto. Por esta vía buscará recursos por $12 billones. El gran total, entonces, sería de $523 billones.
El monto del proyecto del Presupuesto (sin la ley de financiamiento) implica un crecimiento de 1,5 % frente al monto presentado para 2024, de $503,2 billones.
Ya en el detalle del Presupuesto hay algunos aspectos que llaman la atención. El primero es la baja en los recursos destinados a inversión, que pasarían de rozar los $100 billones en 2024 a $82,4 billones para el próximo año, una baja de 17,4 %, según las cifras del Ministerio. Esto implica que este renglón pasaría a representar 4,6 % del PIB (de 6 % que se contempló en el proyecto vigente para este año).
Y, al mismo tiempo, crece el servicio a la deuda, que vuelve a ser el rubro campeón en la asignación presupuestal (más allá de gastos de funcionamiento, claramente): un incremento de casi 20 % interanual, que la lleva a $112,6 billones (de $94,5 billones). El funcionamiento se expande 6,2 % (llegando así a $327,9 billones).
Las discusiones de las semanas recientes se han ido calentando, pues varios congresistas han dicho que, aún sin conocerse el texto de la ley de financiamiento, no hay ambiente en el Congreso para una nueva reforma tributaria.
Por lo que la solución a la mano sería recortar en $12 billones el monto del Presupuesto y, así, evitar la presentación de la ley de financiamiento. Pero esto implicaría quitar recursos a diestra y siniestra, en un proyecto que ya contempla recortes importantes en inversión para renglones como Deporte y Agricultura, por ejemplo.
La ley de financiamiento
Como ya se dijo, con la ley de financiamiento el Gobierno busca recursos extra por $12 billones, con miras a financiar el Presupuesto General de la Nación, que está haciendo su trámite en el Congreso y que tiene un monto propuesto de $511 billones.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, ha ido dando detalles de cuáles serían los principios que están orientando la construcción del proyecto.
Por ejemplo, con este proyecto, la ley de financiamiento el Gobierno busca recursos extra por $12 billones, con miras a financiar el Presupuesto General de la Nación, que está haciendo su trámite en el Congreso y que tiene un monto propuesto de $511 billones.
es llevar esta tasa nominal del impuesto de renta corporativo a un 30 %. Eso sí, de manera paulatina. Según cálculos de la DIAN, revelados por el Ministerio, cada punto que se reduce en ese tributo corporativo representa $2 billones menos de recaudo para el país.
Sin embargo, la reducción del impuesto de renta no será para todas las empresas. Según ya había dicho Bonilla anteriormente, las industrias del petróleo y el carbón quedarán excluidas de este beneficio en la ley de financiamiento.
El funcionario también ha dicho que no se van a tocar las rentas laborale, ni se va a ampliar el umbral de declarantes de renta en personas naturales. Ambos puntos hacen parte de las líneas rojas que el Gobierno no quiere tocar en esta nueva tributaria.
Sin embargo, en la ley de financiamiento, el Gobierno planea mantener el impuesto al patrimonio, a la vez que no tocaría el 4X1.000 o expandir el reino del IVA en la canasta familiar.
Así mismo, la iniciativa incluiría el retiro de los beneficios en IVA que tienen los carros híbridos en Colombia, pues pasarían de pagar 5 % en IVA a la tarifa completa de 19 %.
De acuerdo con las cifras más recientes de la ANDI y Fenalco, la venta de vehículos híbridos creció 46 % en agosto de este año, en comparación con el mismo mes del año pasado.
Según estos gremios, los vehículos híbridos y eléctricos continuaron con una alta tendencia de crecimiento en lo que va del año (enero-agosto), registrando una expansión de 42,4 % y 81,1 %, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
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