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Este martes 20 de julio, el Ministerio de Hacienda dio a conocer su proyecto de ley de inversión social, el cual resultó ser mucho más parecido a una reforma fiscal que a una tributaria, pues incluye menos de cinco impuestos y, en cambio, se centra en mecanismos de austeridad en el gasto y el fortalecimiento de los programas sociales.
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En comparación con el articulado que presentó el Gobierno a mediados de abril de este año y que fue retirado en respuesta al descontento ciudadano expresado en el marco del paro nacional, esta nueva versión dejó por fuera casi una decena de impuestos al ingreso, a los vehículos, al ACPM, al carbón y a los plásticos de un solo uso, entre otros, en un esfuerzo por no afectar a la clase media o vulnerable que de por sí se ha visto muy golpeada por la pandemia del COVID-19, pero también dándole la espalda a metas climáticas, por ejemplo.
Uno de los más criticados entonces y que por esa misma razón no se incluyó fue la sobretasa al ACPM, un cobro de $301 por galón que se destinaría al mantenimiento de la red vial nacional y a los gastos de los municipios. Lo mismo sucedió con la posibilidad de instalar peajes dentro de las ciudades capitales.
En ese proyecto de ley fallido también se propuso una modificación de la base gravable del impuesto sobre vehículos automotores cuya tarifa quedaría entre 0,5 % y 3,5 % según el tipo de vehículo y su valor comercial, sumado a una tarifa de hasta 1,5 UVT para el factor de contaminación.
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Sin embargo, no todos los impuestos de la fallida tributaria tocaban a la clase media. En el proyecto anterior se planteaba, por ejemplo, un impuesto temporal y solidario de 10 % sobre la base gravable para quienes ganaran más de $10 millones mensuales por salario, pagos por prestación de servicios, pensiones, arrendamientos, dividendos, regalías, intereses, etc., tanto en el sector privado, como en el público.
En la propuesta que se retiró también había impuestos que gozaban de gran aceptación como el que se cobraría a productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, el cual tenía una tarifa de 0,00005 UVT por cada gramo ($1,81).
Algo similar pasaba con el impuesto nacional al carbono que se cobraría según el factor de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para cada combustible determinado a una tarifa de $17.660 por tonelada de carbono equivalente (CO2eq).
Y otros más específicos como el impuesto nacional al consumo de plaguicidas para disminuir el uso de estos productos.
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El nuevo proyecto de ley solo modifica la tasa (de 15 % a 17 %) del impuesto de normalización tributaria para que los contribuyentes que tengan activos omitidos en Colombia o el exterior, es decir que no hayan incluido en sus anteriores declaraciones a pesar de la obligación legal, los incluyan entre sus bienes sin enfrentar sanciones. Vale la pena recordar que esta propuesta también estaba en el texto pasado.
Además, establece nuevos valores para el impuesto de renta a las empresas (35 % a partir de 2022 y 38 % para las entidades financieras entre 2022 y 2025) y da nuevas instrucciones para los días sin IVA.
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