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La reforma pensional hace parte del paquete de proyectos de ley que ha impulsado el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.
Esta iniciativa básicamente se divide en cuatro pilares, en donde se cobija a todos los trabajadores y adultos mayores en el país, independiente de si generan o no ingresos.
Ante una propuesta tan ambiciosa, en donde es natural preguntarse sobre ¿de dónde van a salir estos recursos?, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, junto con el laboral, elaboró un análisis y propuestas en pro de contribuir a la sostenibilidad financiera de esta reforma.
El primer riesgo que destaca el observatorio de insostenibilidad tiene que ver con la desacumulación acelerada del ahorro, ya que la iniciativa carece de reglas claras para la administración de los recursos en el nuevo modelo de pensiones. Aseguran que eso podría generar problemas financieros, así como riesgos sistémicos.
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“Se sugiere la inclusión de reglas explícitas que protejan los fondos acumulados por cada generación, evitando la redistribución de recursos entre cohortes. También la creación de subcuentas generacionales para asegurar que los ahorros se utilicen adecuadamente para financiar la seguridad social de cada grupo. Estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema pensional y proteger los derechos de quienes han contribuido durante su vida laboral”, precisa.
El observatorio también asegura que no hay un marco de reglas claras que propendan en la protección del ahorro pues, por ejemplo, no se define de manera explícita qué porcentaje de las cotizaciones se destinará al ahorro para pensiones futuros, y cuánto se utilizará para pagar las pensiones actuales.
“Esta falta de claridad genera riesgos para la sostenibilidad financiera del sistema. Para abordar este riesgo, se propone implementar reglas precisas que establezcan los porcentajes destinados a cada propósito, garantizando así la suficiencia del ahorro para las pensiones futuras y la sostenibilidad fiscal del sistema y limitando el margen de decisión que tendrían los gobiernos futuros sobre esto”, añade.
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El tercer riesgo que identificó el observatorio tiene que ver con la falta de capacidad y experiencia que tiene Colpensiones (que es a donde se orientará el grueso de las pensiones en el país) para manejar un fondo de tal magnitud, así como la posibilidad de que las decisiones políticas (al ser del Estado) influyan en la gestión de los recursos. Sobre esto se propone que dicha administración recaiga sobre el Banco de la República, que no solo es un ente independiente en términos políticos, sino que ha demostrado tener la capacidad de manejar tal caudal de recursos
“Se mencionan ejemplos internacionales que respaldan esta propuesta, mostrando los beneficios de tener a la banca central a cargo de los recursos de ahorro del sistema pensional”, explica.
Para el observatorio también habría que revisar la fórmula de liquidación de pensiones, así como el umbral que define quiénes harán parte del pilar contributivo.
“Se propone ajustar la tasa de reemplazo de la pensión del Componente de Prima Media para lograr este objetivo. De esta manera se obtienen resultados similares a la versión del Gobierno, pero con un menor subsidio a las pensiones altas y menor presión sobre las finanzas públicas. Se sugiere que también se pueda considerar disminuir el umbral a 2 salarios mínimos en lugar de cambiar la fórmula de liquidación de la pensión”, invita.
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Sobre el pilar de ahorro individual, el observatorio considera acertado el que se permita la participación de entidades sin ánimo de lucro, así como la eliminación del requisito de rentabilidad mínima. Si se aplican estos cambios, asegura, se promovería la competencia, la diversidad de opciones para los afiliados y un estímulo a la eficiencia e innovación en el sector.
“También se enfatiza en una mayor protección para los afiliados y la flexibilidad para el gobierno en la regulación del mercado. La propuesta tiene como objetivo alinear los intereses de las administradoras con los de los afiliados y mejorar el sistema de pensiones en general”, comenta.
Sobre el proceso de transición, es decir, el paso entre el antiguo (actual modelo) y el nuevo (que es el que se discute en el Congreso), el observatorio dice que para evitar riesgos fiscales se deben establecer parámetros más estrictos que permitan acceder a dicho régimen de transición.
Estos deberían estar basados en las semanas de cotización, así como en los años restantes para pensionarse.
“Se busca limitar el número de beneficiarios del régimen y evitar subsidios excesivos. También se propone destinar los saldos de traslados del régimen anterior al Fondo Común de Vejez para garantizar la sostenibilidad financiera. Estos cambios buscan promover la equidad intergeneracional, la sostenibilidad fiscal y el estímulo para la cotización continua, mientras se reducen distorsiones en el mercado laboral y se alinean con principios de responsabilidad financiera”, señala.
Finalmente se sugiere que para los trabajadores que no alcanzan a ganar un salario mínimo se permita hacer aportes con base en una equivalencia para contabilizar semanas cotizadas en función de la cotización mensual de un salario mínimo. Sumado a esto, sería idóneo crear un seguro que proporcione cobertura en prestaciones económicas y que sea proporcional a los ingresos y el valor de la prima, esto para los trabajadores informales o vinculados al régimen subsidiado de salud.
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