Los retos fiscales que enfrentará América Latina en 2025
La incapacidad sistémica para desactivar los problemas fiscales tendrá profundas consecuencias políticas, económicas, sociales y financieras en toda la región este año. Análisis.
Juan Pablo Spinetto - Agencia Bloomberg
Podríamos hablar hasta el aburrimiento sobre el impacto del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en México y Centroamérica, o el experimento libertario de Argentina bajo Javier Milei. En Venezuela, Nicolás Maduro intentará prolongar su reinado del terror, mientras que los presidentes tanto de izquierda como de derecha harán todo lo posible para no ser víctimas de la competencia entre EE. UU. y China.
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Podríamos hablar hasta el aburrimiento sobre el impacto del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en México y Centroamérica, o el experimento libertario de Argentina bajo Javier Milei. En Venezuela, Nicolás Maduro intentará prolongar su reinado del terror, mientras que los presidentes tanto de izquierda como de derecha harán todo lo posible para no ser víctimas de la competencia entre EE. UU. y China.
El año empezará y terminará con dos elecciones presidenciales de gran trascendencia: en Ecuador (9 de febrero) y en Chile (16 de noviembre). También aumentará el riesgo de una crisis política en Bolivia. La inseguridad, la migración y la pobreza son problemas que se ciernen sobre la región. La drástica caída de las tasas de fecundidad y productividad acosarán a los gobiernos.
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Pero la principal obsesión es y seguirá siendo el problema fiscal de América Latina. La región vive muy por encima de sus posibilidades, con una deuda que se ha convertido en un verdadero agujero negro, un inadecuado sistema de recaudación de impuestos y un enfoque aún más defectuoso en cuanto al gasto. La incapacidad sistémica para desactivar esta bomba de tiempo fiscal tendrá profundas consecuencias políticas, económicas, sociales y financieras en toda la región este año. La escasez presupuestaria resultante y las luchas para decidir quién recibe qué —y quién sale perdiendo— agudizarán la tensión entre la política y los mercados, como lo vemos en Brasil.
Las cifras lo muestran: según un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la región ahora gasta más del 12 % de sus ingresos fiscales para el servicio de la deuda; en algunos países ya supera los recursos destinados a servicios sociales claves. A modo de comparación, los países desarrollados gastaron un 4,8 % en el pago de intereses en 2022.
Si tomamos Brasil entre 2010 y 2023, por ejemplo, el país gastó en intereses más del doble que su presupuesto de educación, mientras que Argentina dedicó casi el triple de su presupuesto de salud. En México, el pago de intereses consumirá el 3,6 % del PIB este año, similar a lo que el Gobierno destina a gastos de capital, y por encima del 2,6 % gastado solo en 2021, según el Fondo Monetario Internacional. Los gobiernos desde Santiago a Santo Domingo siguen lidiando con los efectos de la pandemia en sus cuentas, tanto en la forma de estímulos fiscales como en el endurecimiento monetario necesario para controlar la inflación posterior a la crisis. Los desequilibrios presupuestarios para estimular el crecimiento dificultan la consecución de las metas de inflación, lo que obliga a los bancos centrales a mantener las tasas de interés más altas durante mucho tiempo.
“El espacio fiscal sigue siendo limitado”, dijo Sebastián Nieto-Parra, economista de la OCDE, quien coordinó el informe. “Tenemos que repensar la estructura fiscal para mejorar sus ingresos y su equidad sin afectar al mismo tiempo al espíritu empresarial”, agregó.
La buena noticia es que América Latina está tan mal organizada en términos de impuestos y gasto público, que algunas medidas sencillas pueden aportar grandes beneficios. Para empezar, un buen número de gobiernos necesita aumentar los ingresos, que están muy por debajo de la media internacional, ya sea aumentando las tasas o mejorando la recaudación. Casi la mitad de los ingresos se recaudan a través de impuestos indirectos como el IVA, que tiende a castigar de forma desproporcionada a los pobres. Los gobiernos deberían aumentar los ingresos por impuestos sobre la renta de personas y el patrimonio, en lugar de depender de gravámenes sobre las empresas que perjudican la competitividad y la actividad.
Al mismo tiempo, es crucial mejorar la calidad del gasto y su supervisión. A nadie le gusta pagar impuestos, sobre todo en una región con una deuda social gigantesca, pero es más agradable hacerlo cuando los recursos se emplean en servicios productivos y de altos retornos que cuando alimentan las fauces de una burocracia amorfa y opaca. La región gasta alrededor del 6 % del PIB en subvenciones a los combustibles fósiles, una política regresiva, muy politizada y perjudicial para el medio ambiente.
El informe de la OCDE también destaca cómo mejorar el acceso de las empresas a los mercados financieros (ya sea mediante la venta de acciones, operaciones de capital de riesgo o préstamos de bancos privados y de desarrollo) en lugar de depender de la financiación pública. Luego, tenemos el principal dilema de la región: acelerar la tasa de crecimiento. El problema de los ingresos sería mucho más fácil de abordar si la región creciera más deprisa que el actual 2,4 % estimado para este 2025. La reducción de la informalidad y el aumento de la productividad deberían encabezar los propósitos de Año Nuevo de los responsables políticos.
Emprender cualquiera de estas iniciativas desencadenará probablemente grandes luchas políticas y conflictos sociales: Brasil es el mejor ejemplo, con Lula (y el Congreso) negándose a recortar el gasto incluso cuando el país ya tiene la mayor ratio impuestos/PIB de la región, por encima del 33 %. En México, Claudia Sheinbaum está intentando reducir el mayor déficit desde la década de 1980, evitando al mismo tiempo una reforma impopular que aumente los impuestos (tarde o temprano necesitará dicha reforma). En Colombia, Gustavo Petro se esfuerza por cumplir las reglas fiscales del país, mientras que Gabriel Boric, en Chile, trata de recortar el desequilibrio del Gobierno en un año electoral.
La excepción actual es Argentina, con Milei reduciendo el déficit en más de 4 puntos del PIB en 2024, el mayor recorte presupuestario en décadas. Es cierto que Argentina es un caso atípico, y esto no podría haberse logrado sin el fuerte mandato popular que hizo presidente a Milei. Pero el caso ofrece una importante lección: es posible hacer un ajuste sin morir políticamente en el intento; todo depende de cómo se venda el recorte al electorado.
Todos los países parecen sufrir problemas fiscales estos días. No hay más que ver a EE. UU. y Francia. Pero América Latina sigue teniendo más de un cuarto de su población en la pobreza y es la región más desigual del mundo. No hay alternativa: gastar con más sensatez es esencial para cualquier progreso futuro.
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