Los retos que tendrá el Gobierno para cumplir la regla fiscal en 2024

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) mencionó en un documento publicado este martes que “todo está dado” para que el Gobierno Nacional cumpla la Regla Fiscal en 2023. Vale la pena mencionar que la regla fiscal en Colombia es una norma que limita el gasto público del Gobierno, procura reducir el endeudamiento y garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.

Con base en la regla fiscal, un gobierno puede tomar decisiones financieras: cuánto invertir en determinado rubro o cuánto abonar a la deuda. De ahí que cada año se establezcan metas de deuda en la regla fiscal, expresadas como un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). A la fecha, la deuda de Colombia está en niveles cercanos al 56 % del PIB.

Así las cosas, de lograr la ejecución total del gasto fiscal programado este año, de acuerdo con el comité, el déficit fiscal ascendería a 4,4 % del PIB, consistente con el déficit en el Balance Primario Neto Estructural exigido por la Ley de la Regla Fiscal, de 1,4 % del PIB.

Lea también: Regla fiscal: ¿qué es y cómo funciona en Colombia?

Según el CARF, se observa una reducción en el pago de intereses frente a lo programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2023. “Esto como resultado de una tasa de cambio inferior a la esperada, y a la menor inflación observada en la segunda parte del año”.

Los resultados fiscales para 2023 mostrarían una disminución importante de la deuda neta, que pasaría de 57,9 % del PIB en 2022, a un nivel cercano al ancla para la deuda neta definida en la Ley de la Regla Fiscal (de 55 % del PIB).

En términos de gastos se prevé un menor pago de intereses en 2023, “producto de la menor tasa de cambio y de los menores intereses causados (indexaciones y descuento en colocación). El ritmo de ejecución del gasto a octubre fue de 71,5 %”, dijo el comité.

Los retos para 2024

El 2024 presenta retos importantes para el cumplimiento de la Regla Fiscal, aseguró el CARF, que estima que, dada la programación de ingresos estructurales, se tendrán que realizar ajustes de gasto en alrededor de 1,4 % del PIB ($23 billones) para cumplir el objetivo de déficit establecido por la ley de la regla.

El principal factor de riesgo, según el comité, es la programación de “gastos estructurales financiados con ingresos no estructurales e inciertos por $15 billones, bajo el rubro de arbitramento de litigios”.

Si se recauda lo que el Gobierno programó de arbitramento de litigios, el déficit del Gobierno podría pasar de 4,4 % del PIB en 2023 a 5,1 % del PIB en 2024. Así las cosas, el escenario para 2024 implica un aumento de la deuda neta de entre 2 y 4 puntos del PIB.

“Esta perspectiva resulta preocupante, debido a que reversa la tendencia observada con posterioridad a la pandemia y, especialmente, lo alcanzado en el 2023, como se señaló en el análisis para este año”, afirma el CARF.

Según explicó el comité en su pronunciamiento, una mayor deuda pone presión sobre la prima de riesgo país y aleja las finanzas públicas del objetivo de consolidación fiscal necesario para asegurar el cumplimiento de la regla fiscal en el mediano plazo.

“Hay que recordar que las metas que quedaron explícitas en la transición de la ley, son un camino para acercar las finanzas públicas a los objetivos de la regla fiscal que redundan en un nivel de deuda sostenible”, se lee en el documento.

Para 2024 se aprobó un Presupuesto General de la Nación (PGN) que no deja margen de maniobra ante un posible incumplimiento del plan de ingresos o a choques inesperados. El gasto primario, “sin pagos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), crecería $51 billones entre 2023 y 2024 (17,6 %) mientras que los ingresos estructurales crecerían $28 billones al descontar los ingresos por arbitramento de litigios”, explica.

El CARF es consciente de la limitación que las inflexibilidades presupuestales imponen sobre la programación fiscal, pues no permiten ajustar los nuevos gastos incorporados en el PGN, a los ingresos requeridos para su financiación. De esa manera, el panorama se vuelve más complejo debido a que se identifican “probables erogaciones que no estarían contenidas en el PGN, como los pasivos del sector salud, la presión de la inflación sobre los gastos de funcionamiento, y el gasto para atender las implicaciones de las decisiones tarifarias en lo relacionado con los peajes y la energía, entre otros”.

Sí bien en 2023 el Gobierno logró mantener el acceso a los mercados, local y externo, los costos de la deuda se mantienen elevados, lo cual refleja una alta percepción de riesgo sobre la consolidación fiscal.

Según las proyecciones, al finalizar 2024 se completarían “cinco años continuos con un déficit fiscal superior al 4 % del PIB, que es un indicador que puede afectar la prima de riesgo. Esta situación dificulta la creación de un espacio fiscal para reaccionar a choques que puedan recibir las finanzas públicas”.

La CARF publicará finalizando este mes o a comienzos de 2024, su pronunciamiento sobre el Plan Financiero de 2024 y su consistencia con el cumplimiento de la regla fiscal. Además, le pide al Gobierno que tenga en cuenta los riesgos que menciona para el próximo año y que se adopten medidas que garanticen “el cumplimiento de la regla fiscal”.

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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) mencionó en un documento publicado este martes que “todo está dado” para que el Gobierno Nacional cumpla la Regla Fiscal en 2023. Vale la pena mencionar que la regla fiscal en Colombia es una norma que limita el gasto público del Gobierno, procura reducir el endeudamiento y garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.

Con base en la regla fiscal, un gobierno puede tomar decisiones financieras: cuánto invertir en determinado rubro o cuánto abonar a la deuda. De ahí que cada año se establezcan metas de deuda en la regla fiscal, expresadas como un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). A la fecha, la deuda de Colombia está en niveles cercanos al 56 % del PIB.

Así las cosas, de lograr la ejecución total del gasto fiscal programado este año, de acuerdo con el comité, el déficit fiscal ascendería a 4,4 % del PIB, consistente con el déficit en el Balance Primario Neto Estructural exigido por la Ley de la Regla Fiscal, de 1,4 % del PIB.

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Según el CARF, se observa una reducción en el pago de intereses frente a lo programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2023. “Esto como resultado de una tasa de cambio inferior a la esperada, y a la menor inflación observada en la segunda parte del año”.

Los resultados fiscales para 2023 mostrarían una disminución importante de la deuda neta, que pasaría de 57,9 % del PIB en 2022, a un nivel cercano al ancla para la deuda neta definida en la Ley de la Regla Fiscal (de 55 % del PIB).

En términos de gastos se prevé un menor pago de intereses en 2023, “producto de la menor tasa de cambio y de los menores intereses causados (indexaciones y descuento en colocación). El ritmo de ejecución del gasto a octubre fue de 71,5 %”, dijo el comité.

Los retos para 2024

El 2024 presenta retos importantes para el cumplimiento de la Regla Fiscal, aseguró el CARF, que estima que, dada la programación de ingresos estructurales, se tendrán que realizar ajustes de gasto en alrededor de 1,4 % del PIB ($23 billones) para cumplir el objetivo de déficit establecido por la ley de la regla.

El principal factor de riesgo, según el comité, es la programación de “gastos estructurales financiados con ingresos no estructurales e inciertos por $15 billones, bajo el rubro de arbitramento de litigios”.

Si se recauda lo que el Gobierno programó de arbitramento de litigios, el déficit del Gobierno podría pasar de 4,4 % del PIB en 2023 a 5,1 % del PIB en 2024. Así las cosas, el escenario para 2024 implica un aumento de la deuda neta de entre 2 y 4 puntos del PIB.

“Esta perspectiva resulta preocupante, debido a que reversa la tendencia observada con posterioridad a la pandemia y, especialmente, lo alcanzado en el 2023, como se señaló en el análisis para este año”, afirma el CARF.

Según explicó el comité en su pronunciamiento, una mayor deuda pone presión sobre la prima de riesgo país y aleja las finanzas públicas del objetivo de consolidación fiscal necesario para asegurar el cumplimiento de la regla fiscal en el mediano plazo.

“Hay que recordar que las metas que quedaron explícitas en la transición de la ley, son un camino para acercar las finanzas públicas a los objetivos de la regla fiscal que redundan en un nivel de deuda sostenible”, se lee en el documento.

Para 2024 se aprobó un Presupuesto General de la Nación (PGN) que no deja margen de maniobra ante un posible incumplimiento del plan de ingresos o a choques inesperados. El gasto primario, “sin pagos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), crecería $51 billones entre 2023 y 2024 (17,6 %) mientras que los ingresos estructurales crecerían $28 billones al descontar los ingresos por arbitramento de litigios”, explica.

El CARF es consciente de la limitación que las inflexibilidades presupuestales imponen sobre la programación fiscal, pues no permiten ajustar los nuevos gastos incorporados en el PGN, a los ingresos requeridos para su financiación. De esa manera, el panorama se vuelve más complejo debido a que se identifican “probables erogaciones que no estarían contenidas en el PGN, como los pasivos del sector salud, la presión de la inflación sobre los gastos de funcionamiento, y el gasto para atender las implicaciones de las decisiones tarifarias en lo relacionado con los peajes y la energía, entre otros”.

Sí bien en 2023 el Gobierno logró mantener el acceso a los mercados, local y externo, los costos de la deuda se mantienen elevados, lo cual refleja una alta percepción de riesgo sobre la consolidación fiscal.

Según las proyecciones, al finalizar 2024 se completarían “cinco años continuos con un déficit fiscal superior al 4 % del PIB, que es un indicador que puede afectar la prima de riesgo. Esta situación dificulta la creación de un espacio fiscal para reaccionar a choques que puedan recibir las finanzas públicas”.

La CARF publicará finalizando este mes o a comienzos de 2024, su pronunciamiento sobre el Plan Financiero de 2024 y su consistencia con el cumplimiento de la regla fiscal. Además, le pide al Gobierno que tenga en cuenta los riesgos que menciona para el próximo año y que se adopten medidas que garanticen “el cumplimiento de la regla fiscal”.

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