Los servicios públicos no deben ser víctimas de la inflación

La frase ha empezado a surgir en la prensa británica: “El verano del descontento”, una referencia directa al “invierno del descontento” y a los movimientos sociales que sacudieron al país en 1978 y 1979. Más de 40.000 funcionarios de los ferrocarriles y del metro de Londres llevaron a cabo varias huelgas de 24 horas para denunciar el deterioro de su poder adquisitivo ante una inflación anual del 10 % y para exigir aumentos salariales. A raíz de esto, las enfermeras, los trabajadores de las telecomunicaciones y de los aeropuertos, los recolectores de basura y los trabajadores de correos han anunciado su intención de hacer lo mismo. Se espera que el sector de la educación siga el mismo camino, ya que las escuelas, las bibliotecas y las piscinas locales se enfrentan a recortes presupuestarios.

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Gran Bretaña no es una excepción. Los trabajadores sanitarios de Zimbabue pararon el trabajo para obligar al gobierno a pagar los salarios en dólares estadounidenses, porque la espiral de inflación ha erosionado el poder adquisitivo. En América Latina, los peruanos son los primeros en salir a la calle, pero la fuerte subida de los precios de los alimentos y de la energía sugiere que el malestar social puede extenderse a toda la región. En Sri Lanka, el gobierno acaba de introducir una semana de cuatro días para los funcionarios públicos para que tengan tiempo de cultivar alimentos en casa para mantenerse. En todas partes la inflación galopante es la gota que colma el vaso después de más de dos años de la pandemia de covid-19, que ha puesto a prueba a los trabajadores de primera línea.

Los de los hospitales están de rodillas en los países pobres, pero también en los más ricos, tras décadas de austeridad, precarización de los contratos y privatizaciones. Muchos han pagado con su vida la lucha contra el virus, y la mayoría de ellos trabajan jornadas interminables sin ningún aumento de sueldo ni reconocimiento social. Y son las mujeres las que pagan el precio más alto, ya que representan el 70 % del personal sanitario en todo el mundo. Además, son ellas las que se encargan de la mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado en sus propios hogares, en fuerte aumento a medida que los servicios públicos, al borde del colapso, son incapaces de cumplir sus misiones.

La inflación está de vuelta en todo el mundo, causada por la pandemia, exacerbada por la guerra en Ucrania y demostrando ser más persistente de lo que los principales bancos centrales pensaban. Pero no todos somos iguales cuando se trata de la inflación. En los países más pobres ya está provocando un incremento del hambre y de la inseguridad alimentaria. Incluso en los países ricos los hogares de bajos ingresos son los primeros en sufrir, ya que el aumento de los precios de los alimentos pesa más en sus canastas de consumo que en las de los más acomodados.

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Las imágenes de cientos de miles de funcionarios protestando en las calles contra los estragos de la inflación son un recordatorio de que cada vez hay más trabajadores pobres y en empleos precarios en sus filas, incluso en los países más poderosos del mundo. No es de extrañar que en muchas naciones sea imposible encontrar candidatos para puestos de trabajo como enfermeros, camioneros o profesores.

Sin embargo, el deterioro de las condiciones de trabajo, la reducción de los presupuestos a los servicios públicos y la transferencia del control al sector privado no son inevitables. Los recursos para incrementar los salarios, contratar a más personas y devolver a la administración pública su dignidad existen, y hay que encontrarlos donde están: en las cuentas de las multinacionales y de los más ricos alojadas discretamente en paraísos fiscales. Desde el comienzo de la pandemia, la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99 % de la población mundial han disminuido. La crisis sanitaria no ha hecho más que profundizar una tendencia subyacente: desde 1995, el 1 % más rico ha acaparado casi 20 veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.

Por eso es urgente replantear la fiscalidad internacional para que las multinacionales paguen por fin lo que les corresponde. Incluso el G20, que reúne a los 20 países más ricos del mundo, se ha convencido de ello, defendiendo un acuerdo el año pasado para introducir un impuesto mínimo del 15 % sobre los beneficios de las multinacionales. El acuerdo es un paso en la dirección correcta, aunque es poco ambicioso, ya que solo generará US$150.000 millones de ingresos fiscales adicionales que, según los criterios de distribución adoptados, irán a parar principalmente a los países ricos. Esta cifra se elevaría a US$500.000 millones con un tipo del 25 %, tal y como recomienda la Icrict, la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional, de la cual soy miembro.

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Los Estados también tienen la opción de hacer que los superricos contribuyan más. Un puñado de ellos, los “millonarios patrióticos”, son conscientes de la urgencia de hacerlo. “Pónganos impuestos a nosotros, los ricos, y que sea ahora”, dicen en una carta abierta, en la que piden la introducción de “un impuesto permanente sobre la riqueza de los más ricos para ayudar a reducir la desigualdad extrema y recaudar ingresos para aumentos sostenibles a largo plazo de los servicios públicos, como la asistencia sanitaria”. Y ya no se puede decir que su riqueza es imposible de rastrear. Solo hicieron falta unos días para que el mundo se enterara de los yates y pisos de lujo de los oligarcas rusos cercanos a Vladimir Putin. Se puede hacer un esfuerzo similar para toda la riqueza oculta de los multimillonarios de todas las partes del mundo.

Con la crisis de la inflación, es imposible seguir eludiendo el debate: ¿seguirán los Estados financiándose con programas de austeridad, recortes en los servicios públicos, elevando la edad de jubilación y aumentando la contribución de los más pobres mediante impuestos al consumo inflados por la inflación? Esta es una receta para el caos. Para restablecer la confianza de los ciudadanos y reconstruir sociedades más resistentes, inclusivas e igualitarias, capaces de hacer frente a la amenaza existencial del cambio climático, debemos cambiar radicalmente de rumbo y hacer que todos los que tienen medios y que actualmente se las arreglen para eludir sus obligaciones tributarias contribuyan más. De lo contrario, es de esperar que el descontento en todo el mundo dure mucho más que una temporada.

* Abogada y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (Icrict).

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La frase ha empezado a surgir en la prensa británica: “El verano del descontento”, una referencia directa al “invierno del descontento” y a los movimientos sociales que sacudieron al país en 1978 y 1979. Más de 40.000 funcionarios de los ferrocarriles y del metro de Londres llevaron a cabo varias huelgas de 24 horas para denunciar el deterioro de su poder adquisitivo ante una inflación anual del 10 % y para exigir aumentos salariales. A raíz de esto, las enfermeras, los trabajadores de las telecomunicaciones y de los aeropuertos, los recolectores de basura y los trabajadores de correos han anunciado su intención de hacer lo mismo. Se espera que el sector de la educación siga el mismo camino, ya que las escuelas, las bibliotecas y las piscinas locales se enfrentan a recortes presupuestarios.

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Gran Bretaña no es una excepción. Los trabajadores sanitarios de Zimbabue pararon el trabajo para obligar al gobierno a pagar los salarios en dólares estadounidenses, porque la espiral de inflación ha erosionado el poder adquisitivo. En América Latina, los peruanos son los primeros en salir a la calle, pero la fuerte subida de los precios de los alimentos y de la energía sugiere que el malestar social puede extenderse a toda la región. En Sri Lanka, el gobierno acaba de introducir una semana de cuatro días para los funcionarios públicos para que tengan tiempo de cultivar alimentos en casa para mantenerse. En todas partes la inflación galopante es la gota que colma el vaso después de más de dos años de la pandemia de covid-19, que ha puesto a prueba a los trabajadores de primera línea.

Los de los hospitales están de rodillas en los países pobres, pero también en los más ricos, tras décadas de austeridad, precarización de los contratos y privatizaciones. Muchos han pagado con su vida la lucha contra el virus, y la mayoría de ellos trabajan jornadas interminables sin ningún aumento de sueldo ni reconocimiento social. Y son las mujeres las que pagan el precio más alto, ya que representan el 70 % del personal sanitario en todo el mundo. Además, son ellas las que se encargan de la mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado en sus propios hogares, en fuerte aumento a medida que los servicios públicos, al borde del colapso, son incapaces de cumplir sus misiones.

La inflación está de vuelta en todo el mundo, causada por la pandemia, exacerbada por la guerra en Ucrania y demostrando ser más persistente de lo que los principales bancos centrales pensaban. Pero no todos somos iguales cuando se trata de la inflación. En los países más pobres ya está provocando un incremento del hambre y de la inseguridad alimentaria. Incluso en los países ricos los hogares de bajos ingresos son los primeros en sufrir, ya que el aumento de los precios de los alimentos pesa más en sus canastas de consumo que en las de los más acomodados.

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Las imágenes de cientos de miles de funcionarios protestando en las calles contra los estragos de la inflación son un recordatorio de que cada vez hay más trabajadores pobres y en empleos precarios en sus filas, incluso en los países más poderosos del mundo. No es de extrañar que en muchas naciones sea imposible encontrar candidatos para puestos de trabajo como enfermeros, camioneros o profesores.

Sin embargo, el deterioro de las condiciones de trabajo, la reducción de los presupuestos a los servicios públicos y la transferencia del control al sector privado no son inevitables. Los recursos para incrementar los salarios, contratar a más personas y devolver a la administración pública su dignidad existen, y hay que encontrarlos donde están: en las cuentas de las multinacionales y de los más ricos alojadas discretamente en paraísos fiscales. Desde el comienzo de la pandemia, la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99 % de la población mundial han disminuido. La crisis sanitaria no ha hecho más que profundizar una tendencia subyacente: desde 1995, el 1 % más rico ha acaparado casi 20 veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.

Por eso es urgente replantear la fiscalidad internacional para que las multinacionales paguen por fin lo que les corresponde. Incluso el G20, que reúne a los 20 países más ricos del mundo, se ha convencido de ello, defendiendo un acuerdo el año pasado para introducir un impuesto mínimo del 15 % sobre los beneficios de las multinacionales. El acuerdo es un paso en la dirección correcta, aunque es poco ambicioso, ya que solo generará US$150.000 millones de ingresos fiscales adicionales que, según los criterios de distribución adoptados, irán a parar principalmente a los países ricos. Esta cifra se elevaría a US$500.000 millones con un tipo del 25 %, tal y como recomienda la Icrict, la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional, de la cual soy miembro.

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Los Estados también tienen la opción de hacer que los superricos contribuyan más. Un puñado de ellos, los “millonarios patrióticos”, son conscientes de la urgencia de hacerlo. “Pónganos impuestos a nosotros, los ricos, y que sea ahora”, dicen en una carta abierta, en la que piden la introducción de “un impuesto permanente sobre la riqueza de los más ricos para ayudar a reducir la desigualdad extrema y recaudar ingresos para aumentos sostenibles a largo plazo de los servicios públicos, como la asistencia sanitaria”. Y ya no se puede decir que su riqueza es imposible de rastrear. Solo hicieron falta unos días para que el mundo se enterara de los yates y pisos de lujo de los oligarcas rusos cercanos a Vladimir Putin. Se puede hacer un esfuerzo similar para toda la riqueza oculta de los multimillonarios de todas las partes del mundo.

Con la crisis de la inflación, es imposible seguir eludiendo el debate: ¿seguirán los Estados financiándose con programas de austeridad, recortes en los servicios públicos, elevando la edad de jubilación y aumentando la contribución de los más pobres mediante impuestos al consumo inflados por la inflación? Esta es una receta para el caos. Para restablecer la confianza de los ciudadanos y reconstruir sociedades más resistentes, inclusivas e igualitarias, capaces de hacer frente a la amenaza existencial del cambio climático, debemos cambiar radicalmente de rumbo y hacer que todos los que tienen medios y que actualmente se las arreglen para eludir sus obligaciones tributarias contribuyan más. De lo contrario, es de esperar que el descontento en todo el mundo dure mucho más que una temporada.

* Abogada y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (Icrict).

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