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Extrañamente, un camino para mejorar la actual reforma tributaria ya existe en la versión Carrasquilla, que terminó sepultada por problemas de todo tipo, incluyendo la demagogia y la irresponsabilidad de políticos que se dedicaron a atacarla como un todo, mientras que ahora piden medidas que ya se habían planteado. Aún así, en la actual propuesta hay cosas buenas y espacio para mejorar. Hablemos del presente de la reforma y de esas mejoras.
La actual reforma está hecha para que sea políticamente viable, cosa que debería preocupar a todo el mundo, pues el filtro del populismo y el cortoplacismo parece ser el criterio central para hacer avanzar (o mejor retroceder) a un país. No olvidemos la preocupación de la prima de riesgo y la estabilidad del peso, si la reforma se cae.
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Los $15,2 billones que se pretenden recaudar ahora vendrán en un 60 % de las empresas y eso ya prende unas alarmas, pues exprimir a las empresas y no crear cultura tributaria en las personas naturales parte más de la necesidad entendible de esquivar la narrativa del populismo y no de forjar una reactivación económica. Y es que el Gobierno actual lo tiene bastante difícil, no solo por no haber logrado pasar el primer proyecto, sino porque su imagen y su exangüe capital político van inevitablemente pegados a cualquier reforma que intente.
La actual iniciativa trae algunos puntos importantes, como el compromiso por la austeridad que pretende ahorrar $1,9 billones, la estabilidad del IVA y los mecanismos de fiscalización de la DIAN, sin hablar del enfoque social a través del Ingreso Solidario y los incentivos a la contratación de jóvenes. Pero tenemos que hablar de los temas desagradables, no tanto de esta reforma, sino de su contexto político y de todo lo que esto implica en un país confundido por narrativas paralizantes.
Veamos el problema en dos niveles. El primero, abstracto, y el segundo, específico y de corto plazo.
El primero no tiene nada que ver con esta reforma tributaria, sino con esa manera atrevida en que algunos próceres de la indignación golpean la política económica con sus mensajes. Tomemos un ejemplo simple. La actual reforma trae un tema que me preocupa: aumentarles al 35 % el impuesto de renta a las empresas, sin diferenciar entre pequeñas y grandes. Sucede que en el proyecto Carrasquilla se planteaba precisamente bajarles a las empresas pequeñas (renta líquida hasta ca $490 millones) al 24 % y dejar a las otras en 30 %. Hoy, todas quedarían con 35 % y, justo ahora, sale por ejemplo Gustavo Petro a decir que se “debe disminuir el impuesto de renta a las mipymes” y “aumentar el impuesto a dividendos”. El tema de los dividendos también estaba previsto en la fallida reforma. Entonces el primer nivel del problema es la honestidad intelectual de quienes prefirieron destrozar una iniciativa que prometía aumentar el poder adquisitivo de los más vulnerables y reducir el de los más ricos, para luego sí sacar pecho con “sus” propuestas.
El otro nivel es el específico. ¿Qué podemos rescatar y mejorar en este punto?
Lo primero es insistir sobre la diferenciación en el impuesto de renta para las mipymes, evitando golpearlas con el 35 %, cuando miles han desaparecido por la pandemia. El otro, urgente, es eliminar el pago de la renovación de la matrícula mercantil para las pequeñas empresas, un abuso contra la liquidez, así como los cobros incomprensibles, incluso por cambiar un e-mail en las páginas de las Cámaras de Comercio.
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Segundo, el tema del gasto público debe verse como una prioridad estructural, así la actual reforma ya tenga una promesa importante. Mi llamado es a mirar las culturas del mal gasto público, yendo hasta las entrañas del problema. Un ejemplo es el de los entes de control o “asustadurías”. Logran reformar la Constitución sin mayor problema para subir el gasto en 2019, pero cuando se trata de reducirlo, así cuesten $3,8 billones sin incluir la Fiscalía, se apela al rango constitucional para que no las toquen. En derecho, quizás esto sea “correcto”, pero no desde el sentido común y menos desde el valor público.
Sobre la austeridad, desde distintas orillas políticas, los representantes Gabriel Santos y David Racero han hecho propuestas (reducción de UTL, privilegiar la virtualidad en eventos, evitar salones de lujo y reducción de propaganda personalizada, entre otros) que deben volverse una mentalidad, una cultura.
Promover cultura tributaria
Hablando de cultura, esta reforma debería mejorarse ampliando la base de personas que declaran renta, cosa que no implica inmediatamente que pagarán el impuesto. En la fallida tributaria, se habría tenido que declarar renta a partir de $2,42 millones (en 2023 a partir de $1,69 millones), pero se habría tenido que pagar a partir de $4,1 millones mensuales. Se buscaba que no el 4 %, sino el 12 % de los colombianos pagaran el impuesto. Mientras que el porcentaje de impuestos a personas naturales sobre el total de impuestos en la OCDE es 23 % en promedio, en Colombia era del 6,2 % para 2019.
Para poner las cosas en perspectiva a partir de un país de la OCDE, podemos hacer una comparación que, si bien no es perfecta dadas las diferencias multidimensionales, habla sobre el rol de una cultura tributaria. En Alemania se declara renta si se devengan ca. 1.000 euros al mes o más, es decir un 25 % del ingreso promedio mensual de ocupaciones de tiempo completo (3.975 euros en 2020) o aproximadamente el equivalente al primer decil de la población. En otras palabras, una gran parte de la fuerza laboral declara renta (ca. 84 %), pero no necesariamente tiene que pagar el impuesto al final. En el 2020 hubo más de 23 millones de declaraciones de renta online en Alemania, con 44,5 millones de ocupados, de los cuales cerca de siete millones no declararon renta.
Si se obligara a declarar (no necesariamente implica pagar) renta en Colombia a partir de un ingreso de $2 millones mensuales por unidad de gasto (un hogar, por ejemplo), estaríamos hablando de los deciles 7 u 8 (ver efecto de la pandemia en Nuñez Mendez, 2021, p.245, Fedesarrollo, Descifrando el Futuro), es decir que la gran parte de la población igual no tendría que declarar ni pagar. Mi recomendación sigue y seguirá siendo ampliar la base de la declaración, creando una cultura tributaria que paulatinamente acostumbra a la clase media a pagar unos pocos y bajos impuestos.
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Sin embargo, hacer esto sin reducir drásticamente el gasto público y eliminar varias entidades públicas no sería correcto ni sostenible. Además, debe haber un mecanismo sencillo que no requiera la horrible cultura leguleya de contratar expertos en el formalismo, para asesorar y asesorar.
Si no se crea un mecanismo sencillo, virtual y bien explicado, es imposible crear cultura tributaria y pasará todo lo contrario: los grandes “expertos” confundirán a las personas y les cobrarán por hacerles “todos los papeles”, creando otro tipo de “impuesto” que afecta la liquidez.
Ahora, cuanto más tiempo espere Colombia en pedir declaraciones de renta, más difícil será tener una cultura tributaria. Pero el mensaje central es que esta y otras reformas no solo son responsabilidad del Gobierno, sino del Estado, haciendo inaceptable que la política trate de apropiarse discursivamente de las soluciones luego de bloquearlas, cuando estas son urgentes.
* Decano de Ciencias Administrativas, Universidad Internacional de Ciencias Aplicadas de Berlín. U. Externado.