Moody’s analizará la propuesta del Gobierno que busca flexibilizar la regla fiscal
La calificadora de riesgo revisará si los eventuales cambios pueden tener implicaciones negativas en las métricas de deuda de la nación.
Hace unos días el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que desde el Gobierno se está trabajando en unos proyectos de ley con los que se buscará estimular la tributación, promover la inversión y flexibilizar la regla fiscal.
“Buscamos darle flexibilidad a la regla fiscal, porque una cosa es tener una regla en un país que crece al 3, 4 o 10 %, y otra es una regla fiscal en un país que el año pasado solo creció 0,6 %”, dijo el ministro.
Este último anuncio ha generado un especial interés, pues la regla fiscal es lo que impide que el Gobierno gaste más de lo que recibe, o que se endeude de forma desproporcionada. De allí que reciba el calificativo del Gobierno de ser inflexible.
En suma, las intenciones que tendría el Ministerio de Hacienda con esto es que el país pueda tener una mayor capacidad de obtención y gasto de recursos para atender las complejidades macroeconómicas por las que atraviesa el país (como lo es la alta inflación y el débil crecimiento del PIB).
Lea también:Regla fiscal: ¿qué es y cómo funciona en Colombia?
Sin embargo, para algunos esto puede ser irresponsable, al ser interpretado como que en tiempos desafiantes el Gobierno no se está midiendo en sus gastos lo que, a largo plazo, podría traer problemas fiscales.
Esa precisamente es la preocupación que manifestó recientemente la calificadora de Riesgo Moody´s en un documento firmado por su vicepresidente y analista senior, Renzo Merino.
“Moody’s analizará si esto pudiera llevar a un deterioro en las métricas de deuda, lo cual afectaría negativamente la fortaleza fiscal del gobierno poniendo presión sobre el perfil crediticio soberano”, asegura Merino.
En suma, lo que hará esta calificadora es un estudio técnico en el que revisará la conveniencia, o inconveniencia, que pudiera tener una flexibilización de la regla fiscal.
Un análisis proveniente de una firma como estas es importante, pues lo que hacen las calificadoras de riesgo es precisamente medir (grosso modo) la capacidad de endeudamiento de grandes actores (como lo es una nación) para emitir sobre estos una calificación.
Dicha puntuación es importante, pues la misma determina el riesgo crediticio. En suma, entre más baja sea, más altos serán los intereses que pague la nación. Una forma simple de entender (guardando proporciones) es lo que hacen las centrales de riesgo (como Datacrédito) con las personas naturales, en donde se emite un puntaje que es analizado por las entidades financieras para decidir si aprueban, o no un crédito, y a qué tasa de interés.
Sobre la regla fiscal vigente, Merino asegura que “el manejo prudente de la política fiscal y monetaria ha sido un factor de apoyo importante al perfil crediticio de Colombia en un contexto de sucesivos choques económicos en los últimos años”.
Para él, el actual diseño de la regla fiscal le permite al Gobierno responder a la desaceleración económica con una flexibilidad suficiente, a la vez de asegurar el cumplimiento de las metas de deuda en el mediano plazo.
Otras voces que tienen autoridad en la materia, como la Luis Fernando Mejía (quien es el presidente de Fedesarrollo), aseguran que “no es una buena idea” flexibilizar la regla fiscal, pues esta (coincidiendo con Merino), ya es lo suficientemente flexible.
“De hecho, después de la pandemia Colombia completa cuatro años con déficits fiscales por encima del 4 % del PIB. Es más, en este año el gasto en funcionamiento e inversión, sin incluir el plazo de intereses será cercano al 20 % del PIB, que en términos del tamaño de la economía es el segundo más alto de la historia del país, solamente superado por el gasto que se hizo en el año de la pandemia”, explica, al añadir que para este año el Gobierno estableció una meta de déficit fiscal del 5,3 % del PIB, es decir, uno más alto que el del 2023 y que será de unos $80 billones.
Según su análisis, el Gobierno en este momento no necesita más recursos, sino acelerar la ejecución de este de forma eficiente y efectiva. También reforzar la austeridad en el gasto, así como dar señales de confianza en la consolidación de las cuentas fiscales y la reducción del déficit fiscal y de la deuda pública.
Tenga en cuenta que para modificar la regla fiscal, buscando mayores flexibilidades para el Gobierno, se necesita que el Congreso apruebe el proyecto de ley que radicará el Ministerio de Hacienda. Sobre esto, Bonilla dijo que presentará estas iniciativas legislativas con pedido de urgencia.
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Hace unos días el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que desde el Gobierno se está trabajando en unos proyectos de ley con los que se buscará estimular la tributación, promover la inversión y flexibilizar la regla fiscal.
“Buscamos darle flexibilidad a la regla fiscal, porque una cosa es tener una regla en un país que crece al 3, 4 o 10 %, y otra es una regla fiscal en un país que el año pasado solo creció 0,6 %”, dijo el ministro.
Este último anuncio ha generado un especial interés, pues la regla fiscal es lo que impide que el Gobierno gaste más de lo que recibe, o que se endeude de forma desproporcionada. De allí que reciba el calificativo del Gobierno de ser inflexible.
En suma, las intenciones que tendría el Ministerio de Hacienda con esto es que el país pueda tener una mayor capacidad de obtención y gasto de recursos para atender las complejidades macroeconómicas por las que atraviesa el país (como lo es la alta inflación y el débil crecimiento del PIB).
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Sin embargo, para algunos esto puede ser irresponsable, al ser interpretado como que en tiempos desafiantes el Gobierno no se está midiendo en sus gastos lo que, a largo plazo, podría traer problemas fiscales.
Esa precisamente es la preocupación que manifestó recientemente la calificadora de Riesgo Moody´s en un documento firmado por su vicepresidente y analista senior, Renzo Merino.
“Moody’s analizará si esto pudiera llevar a un deterioro en las métricas de deuda, lo cual afectaría negativamente la fortaleza fiscal del gobierno poniendo presión sobre el perfil crediticio soberano”, asegura Merino.
En suma, lo que hará esta calificadora es un estudio técnico en el que revisará la conveniencia, o inconveniencia, que pudiera tener una flexibilización de la regla fiscal.
Un análisis proveniente de una firma como estas es importante, pues lo que hacen las calificadoras de riesgo es precisamente medir (grosso modo) la capacidad de endeudamiento de grandes actores (como lo es una nación) para emitir sobre estos una calificación.
Dicha puntuación es importante, pues la misma determina el riesgo crediticio. En suma, entre más baja sea, más altos serán los intereses que pague la nación. Una forma simple de entender (guardando proporciones) es lo que hacen las centrales de riesgo (como Datacrédito) con las personas naturales, en donde se emite un puntaje que es analizado por las entidades financieras para decidir si aprueban, o no un crédito, y a qué tasa de interés.
Sobre la regla fiscal vigente, Merino asegura que “el manejo prudente de la política fiscal y monetaria ha sido un factor de apoyo importante al perfil crediticio de Colombia en un contexto de sucesivos choques económicos en los últimos años”.
Para él, el actual diseño de la regla fiscal le permite al Gobierno responder a la desaceleración económica con una flexibilidad suficiente, a la vez de asegurar el cumplimiento de las metas de deuda en el mediano plazo.
Otras voces que tienen autoridad en la materia, como la Luis Fernando Mejía (quien es el presidente de Fedesarrollo), aseguran que “no es una buena idea” flexibilizar la regla fiscal, pues esta (coincidiendo con Merino), ya es lo suficientemente flexible.
“De hecho, después de la pandemia Colombia completa cuatro años con déficits fiscales por encima del 4 % del PIB. Es más, en este año el gasto en funcionamiento e inversión, sin incluir el plazo de intereses será cercano al 20 % del PIB, que en términos del tamaño de la economía es el segundo más alto de la historia del país, solamente superado por el gasto que se hizo en el año de la pandemia”, explica, al añadir que para este año el Gobierno estableció una meta de déficit fiscal del 5,3 % del PIB, es decir, uno más alto que el del 2023 y que será de unos $80 billones.
Según su análisis, el Gobierno en este momento no necesita más recursos, sino acelerar la ejecución de este de forma eficiente y efectiva. También reforzar la austeridad en el gasto, así como dar señales de confianza en la consolidación de las cuentas fiscales y la reducción del déficit fiscal y de la deuda pública.
Tenga en cuenta que para modificar la regla fiscal, buscando mayores flexibilidades para el Gobierno, se necesita que el Congreso apruebe el proyecto de ley que radicará el Ministerio de Hacienda. Sobre esto, Bonilla dijo que presentará estas iniciativas legislativas con pedido de urgencia.
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