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El precio del diésel subió $400 a principios de este mes, con lo que completó un alza total de $800 para 2024, después de los acuerdos a los que llegó el Gobierno con los camioneros en medio del paro de transporte que paralizó el país a principios de septiembre.
El alza fue decretada mientras se trabajan en una serie de conversaciones para intentar dar solución a problemas varios de los transportadores, como mejoras en sus condiciones laborales y en el sistema que establece los precios de la carga (además de vigilar que se cumplan).
Como parte de los acuerdos, el Ministerio de Transporte ha realizado más de 13 mesas de trabajo. Y como resultado de estas se espera producir al menos un decreto y una resolución para efectuar cambios en el sistema que calcula los precios de la carga (el conocido SICE-TAC), incluyendo cargas livianas y volquetas, así como facilitar la conformación de empresas de propietarios que tengan más de 3 vehículos, disminuyendo el patrimonio que debe acreditarse, entre otras medidas.
El SICE-TAC contará con rastreado de los pagos “para que podamos tener un verdadero control”. Este punto es crítico, pues el sistema fue duramente cuestionado por los transportadores por las deficiencias en la negociación de los fletes, lo que hacía que se pagara por debajo de los precios reales.
“Esto no es un precio de referencia. Es un precio obligatorio que debe reconocer la empresa al propietario. No se debe pagar debajo del precio”, dijo en su momento María Constanza García, ministra de Transporte.
El precio fiscal de los acuerdos con los transportadores
Sin embargo, la congelación del precio del diésel, más allá de los dos aumentos que se hicieron este año, tiene unas duras consecuencias fiscales para el país, más aún en momentos en los que la salud de las finanzas públicas pasa por un momento crítico debido a la no aprobación del Presupuesto y la ley de financiamiento por parte del Congreso (a lo que se suma una caída en el recaudo tributario del año).
Vale recordar que, según el Ministerio de Hacienda, el precio del diésel debería estar unos $5.200 por encima de su costo por galón actual para poder acabar con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que permite tener este producto por debajo de los precios internacionales, pero con cargo a recursos de la Nación.
Sólo en los últimos cuatro meses de este año, el peso del subsidio del diésel en las finanzas nacionales es de casi $3 billones, según cálculos del Grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.
Antes del paro, el Gobierno decretó un alza de unos $1.900 por galón para comenzar a marchitar definitivamente el FPEC. Pero en esas se dieron las protestas y el acuerdo de alza llegó a sólo $800, distribuidos en dos momentos.
Según el centro de análisis, si se hubiera mantenido el primer aumento, las finanzas nacionales se habrían ahorrado $1,4 billones. Con la subida producto del paro, el ahorro para los recursos públicos está por debajo del medio billón de pesos incluso.
Es por eso que uno de los puntos para revisar, de cara a la apretada situación fiscal de 2025, es revisar qué se puede hacer en el terreno de seguir marchitando el FEPC y cerrando así esa llave de los recursos públicos.
De acuerdo con Diego Guevara, ministro de Hacienda, todo este tema es “un asunto importante para plantearle al sector camionero”, según dijo en entrevista con El Espectador.
El funcionario agregó que “seguiremos en conversaciones, pero muy concretas. Esto no lo podemos dilatar, las conversaciones y los acuerdos. Cuando la inflación está cayendo y el resto de los colombianos están pagando una gasolina a precio internacional, no es justo con otros colombianos. Sabemos que hay unas preocupaciones puntuales con los transportadores, pero, progresivamente, es inevitable que haya que acelerar esa conversación porque el frente fiscal lo requiere. Pero, de nuevo, con consensos, como lo hemos hecho”.
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