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Más de la mitad de los colombianos ocupados son informales. Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al aplicar una nueva medición que determinó que esta tasa en el país es del 58 %.
Hay que recordar que anteriormente el DANE medía este ámbito con la encuesta GEIH de 2005. Ahora, con la GEIH de 2018 se integraron unas nuevas preguntas que permiten ser más rigurosos en la clasificación de lo que se considera un trabajador formal e informal que, hay que recordar, se distinguen en aspectos como si gana o no uno o más salarios mínimos, si cotiza en pensiones, salud, cajas de compensación familiar y si está cubierto por una ARL, entre otros ámbitos.
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La diferencia es más que notoria, pues con la medición habitual la cifra de informalidad para el trimestre abril junio habría indicado una tasa del 42 %, mientras que con la nueva metodología esta es 16 puntos porcentuales mayor.
Las ciudades con mayores tasas de informalidad fueron Sincelejo (69,8 %), Valledupar (67,2 %), Cúcuta (66,5 %), Quibdó (65,4 %) y Riohacha (65,1 %). En contraste, las que menos fueron Bogotá (36,2 %), Manizales (37,1 %), Medellín (40,1 %), Tunja (40,3 %) y Neiva (43,9 %).
En las 23 principales ciudades, las actividades económicas que más registraron niveles de informalidad fueron las actividades artísticas, entretenimiento y recreación (69,4 %), suministro de electricidad, gas y agua (68,8 %), actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios (65,4 %) y actividades inmobiliarias (60,7 %).
En contraste, las que registraron mayores niveles de formalidad fueron las actividades financieras y de seguros (89,3 %), administración pública y defensa (84,4 %), información y comunicaciones (80,7 %), actividades inmobiliarias (71,9 ) e industrias manufactureras (61,9 %).
En suma, Colombia tiene 12,792 millones de personas en la informalidad, lo que se traduce en un importante reto para el Gobierno, quien tiene que adelantar (según las recomendaciones de expertos) una serie de reformas en su mercado laboral para alcanzar mejores condiciones en los trabajadores, y la garantía plena del cumplimiento de sus derechos y protecciones.
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