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Este lunes está planillado un nuevo debate al proyecto que busca reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) y que, al parecer, cuenta con todos los votos para salir del Senado (en su sexto debate) y pasar dos pruebas más en la Cámara para convertirse en ley.
En su forma actual, el proyecto ha sido descrito como una seria amenaza para la sostenibilidad fiscal del país por una amplia gama de analistas y expertos, que incluyen conceptos técnicos del propio Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación.
Por ejemplo, esta última entidad advierte que la reforma pondría en riesgo la financiación de los sectores de justicia, defensa y seguridad y los compromisos con 2,5 millones de pensionados.
Al amplio coro de enemigos de la iniciativa se sumaron recientemente casi 30 personas que se han desempeñado en altos cargos del Ministerio de Hacienda, entre las que se cuentan José Antonio Ocampo (primer titular de la cartera en el gobierno de Gustavo Petro), José Manuel Restrepo (último ministro de Hacienda de Iván Duque) y Mauricio Cárdenas (quien lideró las finanzas con Juan Manuel Santos), entre varios otros exfuncionarios y economistas destacados, como Rudolf Hommes.
“La sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, activos que han caracterizado al país en las últimas décadas, se amenaza de manera grave, puesto que haría imposible cumplir con el ancla de la deuda del 55% del PIB y podríamos llegar en pocos años al tope de la deuda del 71% del PIB, establecidos en la ley 2155 de 2021″, se lee en el documento.
Para este punto, prácticamente los únicos que defienden la iniciativa son el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo (con el aval del presidente Petro), y mandatarios locales (quienes se beneficiarían directamente de mayores transferencias a las regiones).
¿En qué consiste la reforma al Sistema General de Participaciones?
La reforma constitucional que tramita el Congreso busca que el SGP crezca como porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación hasta llegar a 46,5 % en 10 años, empezando a contar desde 2027 (actualmente, está en cerca de 20 %).
El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a municipios, distritos y departamentos para atender, principalmente, necesidades en educación, salud y agua potable y saneamiento básico. La reforma que se tramita en el Congreso busca aumentar las transferencias, es decir, que lleguen más recursos a las regiones.
En profundidad: La sostenibilidad fiscal se juega en proyecto que no convence ni al mismo Gobierno
José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos ANIF, le dijo a este diario que el proyecto implica que casi todo el presupuesto del Gobierno sea inflexible porque el 83 % de los ingresos en 2036 estarían comprometidos para estas transferencias, el pago de intereses y las pensiones. “El Gobierno, de facto, sería casi una caja de transferencias: recibiría, pagaría y quedaría sin margen para hacer inversión social, subsidios, proyectos de inversión, incluso para su funcionamiento. Casi que no habría espacio para pagar la Policía”.
Las alertas por la inconveniencia del proyecto vienen del mismo Gobierno. En un concepto del 11 de octubre (que no fue favorable), el Departamento Nacional de Planeación dijo que el acto legislativo pondría en riesgo la viabilidad del Estado como un todo porque es poco probable poder financiar al Gobierno con más deuda o con más impuestos.
Si las siguientes administraciones quieren conseguir más ingresos con reformas tributarias, como explicó López, por cada peso que necesiten tendrán que aumentar dos en impuestos porque la mitad, a fin de cuentas, se irá para el SGP.
En su carta, los exfuncionarios de Hacienda, refuerzan este punto al decir que: “Definir la participación de las entidades territoriales como un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación es altamente inconveniente. Cada vez que se necesiten recursos nuevos para la nación, como muy seguramente ocurrirá de aprobarse este acto legislativo, será necesario adoptar proyectos de reforma tributaria, pero estos aumentarían automáticamente el gasto público por el incremento en el Sistema General de Participaciones. Se producirá un círculo vicioso imposible de cerrar entre los mayores tributos y el mayor gasto público”.
Para el debate de este lunes en el Senado pareciera que hay consenso para bajar el porcentaje de transferencias que se haría con la reforma al SGP: ya no sería de 46,5 %, sino que se ubicaría en 37 %, de acuerdo con la meta que estableció en su momento la Misión de Descentralización. En todo caso, el aumento supondría retos para el panorama fiscal del país, que se encuentra actualmente en el límite de deuda permitido por la Regla Fiscal.
Aunque no está sobre la mesa aún, esta reforma tendría que ir de la mano con una nueva ley para definirles competencias a las regiones para ejecutar más recursos, pues no sólo se trata de asignar más dinero, sino de garantizar que los nuevos fondos se puedan ejecutar, en últimas.
Justamente, el Minhacienda publicó un comunicado la semana pasada en el que resaltó la importancia de aprobar la ley de competencias para poder “transferir funciones a los entes territoriales dentro del debido análisis de sostenibilidad fiscal, cumplimiento de la deuda y en el marco de las normas vigentes”.
Los restantes debates en el Congreso tienen entre sus manos un asunto mayúsculo, que hasta el momento ha pasado mayoritariamente de agache.
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