Presión sobre el presupuesto: CARF advierte riesgos de crisis fiscal en 2025
La inflexibilidad del presupuesto y el aumento del gasto público amenazan la Regla Fiscal. La entidad alertó sobre la incertidumbre en los ingresos y las presiones de gasto. ¿Qué medidas recomienda para estabilizar la deuda?
El panorama fiscal enfrenta importantes retos para los próximos años, según recientemente el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Aunque el país ha mostrado signos de recuperación económica tras la desaceleración de 2023 (el PIB aumentó 2,1 % en el segundo trimestre del año, según el DANE), el déficit fiscal se mantiene elevado y el nivel de deuda pública continúa siendo motivo de preocupación, lo que pone en riesgo el cumplimiento de la Regla Fiscal.
La entidad alertó que el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, sigue siendo elevado. Este déficit genera que el nivel de deuda pública, que representa el total de dinero que el gobierno debe a sus acreedores, supere el ancla fiscal establecida en la Ley de la Regla Fiscal, que fija límites para mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Según los informes presentados por la DIAN, el recaudo bruto acumulado alcanzó los $178,63 billones en agosto, lo que representa una caída de 9,4% frente a los $197,22 billones recaudados a agosto de 2023.
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En 2023, el déficit se redujo por tercer año consecutivo, alcanzando 53,8 % del crecimiento económico (PIB), una mejora frente a 55 % proyectado.
Sin embargo, para los años 2024 y 2025, el CARF prevé que esta tendencia podría revertirse debido a la dependencia de ingresos no estructurales, es decir, ingresos que no están garantizados de manera permanente.
Ingresos no estructurales y presiones de agosto: ¿más líos?
Uno de los principales desafíos que enfrenta el gobierno es la dependencia de ingresos no estructurales para financiar gastos permanentes, indicó el informe de la CARF. Los ingresos no estructurales, como los generados por la venta de activos o dividendos de empresas públicas, no pueden garantizarse a largo plazo.
Si bien estos ingresos pueden aliviar temporalmente el déficit, la entidad advierte que esta estrategia es insostenible a largo plazo. Además, el aumento del gasto público por encima de los ingresos estructurales, es decir, aquellos ingresos que el gobierno puede recaudar de forma continua, como los impuestos, añade una presión adicional sobre las finanzas del país.
Para enfrentar este reto, el Comité recomendó generar ingresos estructurales adicionales, lo que implicaría reformas fiscales que incrementen la base tributaria de manera sostenible. Al mismo tiempo, es necesario implementar un control efectivo del gasto público para reducir las presiones fiscales, especialmente en áreas como el pago de intereses de la deuda, que representa una parte significativa del presupuesto.
Presupuesto inflexible y altos intereses de la deuda
El presupuesto del Gobierno es altamente inflexible, lo que significa que hay poca capacidad para ajustar el gasto en respuesta a cambios en la economía. Esta rigidez dificulta la respuesta a situaciones de emergencia, como crisis económicas o choques externos. Además, la alta carga financiera que representa el pago de intereses de la deuda reduce aún más el margen de maniobra del gobierno. Esto se traduce en un riesgo creciente para la sostenibilidad de las finanzas públicas, especialmente en un contexto de altas tasas de interés globales que encarecen el financiamiento.
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El gobierno tendrá una tarea: reducir déficit y generar ingresos adicionales
El CARF señaló que para lograr la estabilización de la deuda en el mediano y largo plazo será necesario generar balances primarios superavitarios. Un balance primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, excluyendo el pago de intereses de la deuda. Para alcanzar este objetivo, el gobierno deberá reducir el déficit y generar ingresos adicionales que permitan cubrir los gastos, incluyendo el pago de la deuda. Esto requiere, según la entidad, un análisis riguroso de las reformas fiscales que se presenten al Congreso, como la reforma pensional, para asegurar su coherencia con la sostenibilidad fiscal del país.
Presupuesto General de 2025: riesgos y proyecciones
En su análisis del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, el CARF advirtió sobre los riesgos asociados a la incertidumbre en los ingresos proyectados. Aunque el gobierno propuso una serie de medidas para reducir el déficit y alcanzar un balance fiscal positivo, las proyecciones de mayores ingresos dependen en gran parte de la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento y de una mejora en la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El Comité considera que estas proyecciones son optimistas y recomienda al gobierno realizar ajustes adicionales al gasto si no se alcanzan las metas de recaudo. Además, advierte sobre la importancia de incluir en el presupuesto de 2025 los gastos asociados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y a la reforma pensional, que podrían aumentar la presión sobre el déficit fiscal.
Finalmente, la entidad autónoma subrayó la importancia de avanzar en la transparencia y la calidad de la información fiscal. La implementación del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP 2014) y la difusión más oportuna de las cifras de recaudo y de la gestión de la DIAN son fundamentales para mejorar la credibilidad de la política fiscal del país. Una mayor transparencia permitirá que todos los actores, desde los ciudadanos hasta los legisladores, comprendan mejor la situación fiscal del país y puedan tomar decisiones informadas para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
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El panorama fiscal enfrenta importantes retos para los próximos años, según recientemente el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Aunque el país ha mostrado signos de recuperación económica tras la desaceleración de 2023 (el PIB aumentó 2,1 % en el segundo trimestre del año, según el DANE), el déficit fiscal se mantiene elevado y el nivel de deuda pública continúa siendo motivo de preocupación, lo que pone en riesgo el cumplimiento de la Regla Fiscal.
La entidad alertó que el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, sigue siendo elevado. Este déficit genera que el nivel de deuda pública, que representa el total de dinero que el gobierno debe a sus acreedores, supere el ancla fiscal establecida en la Ley de la Regla Fiscal, que fija límites para mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Según los informes presentados por la DIAN, el recaudo bruto acumulado alcanzó los $178,63 billones en agosto, lo que representa una caída de 9,4% frente a los $197,22 billones recaudados a agosto de 2023.
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En 2023, el déficit se redujo por tercer año consecutivo, alcanzando 53,8 % del crecimiento económico (PIB), una mejora frente a 55 % proyectado.
Sin embargo, para los años 2024 y 2025, el CARF prevé que esta tendencia podría revertirse debido a la dependencia de ingresos no estructurales, es decir, ingresos que no están garantizados de manera permanente.
Ingresos no estructurales y presiones de agosto: ¿más líos?
Uno de los principales desafíos que enfrenta el gobierno es la dependencia de ingresos no estructurales para financiar gastos permanentes, indicó el informe de la CARF. Los ingresos no estructurales, como los generados por la venta de activos o dividendos de empresas públicas, no pueden garantizarse a largo plazo.
Si bien estos ingresos pueden aliviar temporalmente el déficit, la entidad advierte que esta estrategia es insostenible a largo plazo. Además, el aumento del gasto público por encima de los ingresos estructurales, es decir, aquellos ingresos que el gobierno puede recaudar de forma continua, como los impuestos, añade una presión adicional sobre las finanzas del país.
Para enfrentar este reto, el Comité recomendó generar ingresos estructurales adicionales, lo que implicaría reformas fiscales que incrementen la base tributaria de manera sostenible. Al mismo tiempo, es necesario implementar un control efectivo del gasto público para reducir las presiones fiscales, especialmente en áreas como el pago de intereses de la deuda, que representa una parte significativa del presupuesto.
Presupuesto inflexible y altos intereses de la deuda
El presupuesto del Gobierno es altamente inflexible, lo que significa que hay poca capacidad para ajustar el gasto en respuesta a cambios en la economía. Esta rigidez dificulta la respuesta a situaciones de emergencia, como crisis económicas o choques externos. Además, la alta carga financiera que representa el pago de intereses de la deuda reduce aún más el margen de maniobra del gobierno. Esto se traduce en un riesgo creciente para la sostenibilidad de las finanzas públicas, especialmente en un contexto de altas tasas de interés globales que encarecen el financiamiento.
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El gobierno tendrá una tarea: reducir déficit y generar ingresos adicionales
El CARF señaló que para lograr la estabilización de la deuda en el mediano y largo plazo será necesario generar balances primarios superavitarios. Un balance primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, excluyendo el pago de intereses de la deuda. Para alcanzar este objetivo, el gobierno deberá reducir el déficit y generar ingresos adicionales que permitan cubrir los gastos, incluyendo el pago de la deuda. Esto requiere, según la entidad, un análisis riguroso de las reformas fiscales que se presenten al Congreso, como la reforma pensional, para asegurar su coherencia con la sostenibilidad fiscal del país.
Presupuesto General de 2025: riesgos y proyecciones
En su análisis del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, el CARF advirtió sobre los riesgos asociados a la incertidumbre en los ingresos proyectados. Aunque el gobierno propuso una serie de medidas para reducir el déficit y alcanzar un balance fiscal positivo, las proyecciones de mayores ingresos dependen en gran parte de la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento y de una mejora en la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El Comité considera que estas proyecciones son optimistas y recomienda al gobierno realizar ajustes adicionales al gasto si no se alcanzan las metas de recaudo. Además, advierte sobre la importancia de incluir en el presupuesto de 2025 los gastos asociados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y a la reforma pensional, que podrían aumentar la presión sobre el déficit fiscal.
Finalmente, la entidad autónoma subrayó la importancia de avanzar en la transparencia y la calidad de la información fiscal. La implementación del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP 2014) y la difusión más oportuna de las cifras de recaudo y de la gestión de la DIAN son fundamentales para mejorar la credibilidad de la política fiscal del país. Una mayor transparencia permitirá que todos los actores, desde los ciudadanos hasta los legisladores, comprendan mejor la situación fiscal del país y puedan tomar decisiones informadas para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
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